Carpetazo a la tramitación ambiental de una operación urbanística en Cala Pada

La conselleria balear de Territorio ha archivado la tramitación ambiental de la modificación puntual número 19 de las Normas Subsidiarias de Santa Eulària, que afecta exclusivamente a la zona de Cala Pada-s’Argamassa, después de que el Ayuntamiento, pese al requerimiento de la Comunitat Autònoma, haya rehusado presentar "un estudio de alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, y la justificación ambiental de la opción seleccionada".

El Ayuntamiento tampoco ha evaluado adecuadamente los impactos sobre hábitats de interés comunitario ni se ha presentado un estudio de movilidad actualizado de la zona. Por ello, ante la falta de información aportada por el Consistorio, la conselleria balear de Territorio, al no poder dictar una resolución fundamentada sobre los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, da por finalizado el proceso con el archivo del expediente. En condiciones normales, este proceso debería culminar con una resolución que concluyera si el proyecto tiene o no efectos sobre el medio ambiente y, por ello, si tiene que ser objeto de un proceso de evaluación ambiental ordinario.

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Esta modificación puntual, la 19 del planeamiento urbanístico de Santa Eulària, consiste en la reclasificación de un terreno de 4.366 metros cuadrados de suelo rústico, mayoritariamente forestal además, a urbanizable con la finalidad de construir una rotonda, en la confluencia de las calles Mestral y de sa Trenca y, por otra parte, reservar una parte del terreno para aparcamiento de autobuses.

Privatizar parte de la costa

A cambio de conseguir gratis el terreno, la operación urbanística incorpora la reconversión de una franja de 767 metros cuadrados de primera línea de costa, situada al lado del hotel Iberostar Selection Santa Eulària, de espacio libre a espacio libre privado. Pese a este cambio, la zona seguirá siendo "inedificable", aunque se permite, con la obligación de mantener la masa forestal existente, el uso de piscina, solariums y elementos auxiliares así como el deportivo privado con instalaciones descubiertas y cubiertas.

El Ayuntamiento justifica este cambio de espacio libre público a privado en el hecho de que, a cambio, se obtienen de forma "inmediata", gratuita y libre de carga, los terrenos donde se proyecta la rotonda eliminando "la incertidumbre" sobre el coste de una expropiación. Además, destaca que, en las Normas Subsidiarias, se clasificó como espacio libre público toda la primera línea de esta zona sin definir el mecanismo para su obtención, lo cual "supone actualmente un coste inasumible". A cambio de ello, el Ayuntamiento también obtiene la titularidad de una franja de 360 metros cuadrados de espacio libre público.

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Esta operación urbanística implica, en la zona norte, donde se prevé la rotonda y el aparcamiento, la transformación de un área forestal de 4.366 metros cuadrados. El documento ambiental estratégico presentado por el Ayuntamiento ni tuvo en cuenta el estudio de alternativas, al que obliga la legislación, ni la existencia de hábitats de interés comunitario, como es, en este caso, el pino mediterráneo y los matorrales termomediterráneos y predesérticos que forman el típico pinar ibicenco.

Tras el requerimiento de la conselleria balear de Territorio, el Ayuntamiento respondió que la zona forestal afectada por el proyecto supone menos del 1,5% de la masa forestal de la zona, de más de 300.000 metros cuadrados. Sin embargo, la Comunitat Autònoma apunta que, según la cartografía de los hábitat de interés comunitario, esta zona cuenta con una masa forestal de 25.000 metros cuadrados, por lo que la reclasificación de los 4.366 metros cuadrados de suelo rústico afectarían, en realidad, al 16% del área del hábitat.

Quince siniestros de tráfico

Sobre la negativa a presentar un estudio de alternativas, el Ayuntamiento responde que "no existe" otra para mejorar las condiciones del cruce que no pase por la construcción de la rotonda. Además, agrega "la necesidad de solventar la alta accidentalidad que se produce en el tramo urbano".

Entre enero de 2023 y agosto de 2024, según los datos de la Policía Local, en este tramo se produjeron 15 siniestros, dos de ellos con heridos, cifra que el Consistorio considera "inaceptable", por lo que entiende que "debe incrementarse la seguridad del tramo a la mayor brevedad posible y antes de que pueda producirse un siniestro de consecuencias irreparables".

De todos modos, la conselleria balear de Territorio reitera que la obligación del Consistorio, tal como determina la normativa, era la de presentar el estudio de alternativas. Y apunta diversas opciones para haber cumplimentado este trámite: resolver los problemas de visibilidad y reducción de la velocidad del tráfico con otras soluciones, ubicar la rotonda en otro lugar, no desclasificar suelo rústico para clasificar suelo urbanizable, no ubicar espacios libres (aparcamiento) en hábitats de interés comunitario o, entre otras, proponer normas que no permitan el uso lucrativo en el espacio libre privado (piscinas, instalaciones deportivas, aparcamientos).

El acueducto y la villa romana

Asimismo, el informe ambiental del Ayuntamiento no prevé que el proyecto afecte al acueducto ni a la villa romana de la zona porque se sitúan a 70 y 500 metros de distancia, respectivamente. En cambio, la conselleria balear de Territorio considera que no queda claro que no pueda tener repercusiones sobre el patrimonio. De hecho, el Consell de Eivissa, en su informe, pide que se haga un estudio patrimonial, tanto etnográfico como arqueológico, de los puntos afectados.

Pese a que la conselleria balear de Territorio ha dado carpetazo a la tramitación ambiental de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias sin resolverla, el Ayuntamiento sostiene que no afecta a la ejecución del proyecto.

A través de un portavoz, el equipo de gobierno, del PP, asegura ahora que, "por las dimensiones de la obra, el proyecto no necesita la tramitación ambiental". La conselleria de Territorio indica que, en este caso, el Ayuntamiento es el que debe evaluar si, en función de lo que marca la ley, el proyecto debe someterse a una tramitación ambiental simplificada.

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