El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy: «La proliferación de pisos turísticos ilegales es particularmente grave en Ibiza»

En un hecho inusual, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha visitado esta semana Ibiza para entregar en mano al presidente del Consell, Vicent Marí, la información digital de las 22.000 ofertas de pisos turísticos rastreados por el Ministerio de Consumo, 2.512 de Eivissa, de las cuales en 1.500 casos no figura el número de licencia. Tras la reunión en el Consell, el ministro comió con su equipo en un restaurante de Platja d’en Bossa, donde, antes de regresar a Madrid, atendió a este diario.

Salvo en campaña electoral, no es costumbre la visita de ministros a Ibiza. También choca que un ministro de la formación Sumar se interese por un plan contra el intrusismo de un gobierno del PP. ¿Cómo ha surgido este interés?

Bueno, lo primero es que yo soy un ministro de España y, por tanto, mi obligación es ocuparme de los problemas e intereses de todos los ciudadanos. Hemos elegido Ibiza para hacer algo muy simbólico que es compartir por primera vez la información que está recabando el Ministerio de Consumo con otras administraciones por dos motivos: uno, porque en Ibiza el problema de la proliferación de pisos turísticos ilegales es particularmente grave y, dos, porque queríamos conocer de primera mano el trabajo de la oficina contra el intrusismo del Consell. Creo que es un caso interesante de políticas públicas. Es necesario y obligatorio porque así lo demanda la ciudadanía, que todas las administraciones hagan lo que tienen que hacer. Y yo intento que el Ministerio de Consumo haga lo que está en su mano para proteger el derecho a la vivienda y lo vamos a hacer con todas las administraciones por muchas diferencias ideológicas o políticas que tengamos.

¿Y cómo ve lo que le ha explicado el Consell de la oficina contra el intrusismo?

Pues ha sido una reunión interesante. Hemos puesto a disposición del Consell y del Govern esta información sobre los pisos turísticos del conjunto de Balears que se publicitan sin hacer constar el número de licencia. Además, es una información segmentada por tipo de alojamiento y anfitrión. Creo que es un recurso valioso para que las administraciones puedan intervenir.

¿Qué le parece que en Ibiza, reconocida internacionalmente por el lujo, sus residentes, y muchos empleados de servicios esenciales, no puedan acceder a una vivienda por los costes abusivos o que trabajadores de temporada se vean forzados a vivir incluso en asentamientos de chabolas?

Esta es la expresión última, o extrema, del conflicto que se ha dado entre la concepción de la vivienda como un derecho básico, porque es una condición de todos los demás [salud, bienestar, educación, la familia…], y su conversión en un activo financiero, como un bien de interés especulativo. Son dos intereses contrapuestos. Este es el resultado último de décadas de políticas de vivienda orientadas a fomentar intereses de inversores, especulativos, sobre el mercado de la vivienda y de desprotección de las familias y la ciudadanía. Ante una situación de esta magnitud, la única solución es intervenir políticamente en este mercado.

Retirados 745 anuncios de alquiler turístico ilegal en Ibiza de plataformas como Airbnb o Facebook

Precisamente usted siempre asegura que hay que intervenir el mercado de la vivienda. ¿De qué manera propone hacerlo?

Esencialmente de dos maneras, y esta es la propuesta que ha hecho Sumar, en consonancia con lo que defiende Més en Balears. Se trata de atajar, por un lado, la lógica de la especulación y, por tanto, es necesario establecer un control de precios. La ley de vivienda lo habilita: hay que topar los precios del alquiler. Y, en segundo lugar, hay que acabar con las operaciones que utilizan la vivienda exclusivamente como un activo de inversión. Para ello hay que prohibir la compra de vivienda en las zonas tensionadas para fines que no sean la residencia habitual o el alquiler asequible. Hay que hacer muchas otras cosas y los pisos turísticos es una derivada esencial en sitios como Ibiza, pero estas dos medidas…

Hay que prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas para fines que no sean residencia habitual o alquiler asequible

No dependen del Gobierno central.

Depende. El control de precio del alquiler de la aplicación de la ley de vivienda depende de las comunidades autónomas. Tenemos un caso, el de Cataluña, la única que ha empezado a aplicarlo. A diferencia del resto de comunidades autónomas donde los precios han seguido una espiral alcista imparable y se sitúan en los niveles de la burbuja inmobiliaria, en Cataluña se han contenido o han retrocedido en los últimos dos trimestres.

Pero el PP de Ibiza y Balears se niega a aplicar el tope al alquiler previsto en la ley con el argumento de que en otras ciudades europeas, como Berlín, no sólo no ha servido para rebajar los precios sino que habrían aumentado.

La realidad más próxima e inmediata es Cataluña, la única que lo está aplicando, y está funcionando. Asturias, País Vasco y Navarra también van a empezar a aplicarlo. La evidencia creo que va a contribuir a generar lo que ya sabemos: el control del precio es una medida eficaz para intervenir en zonas tensionadas. Es una cuestión de voluntad.

¿Se lo ha comentado al presidente del Consell de Ibiza y al conseller balear de Turismo?

El motivo de la reunión era otra. Hemos hablado específicamente de pisos turísticos, pero sí he tenido la ocasión de mencionarlo, sí.

¿El Ministerio puede intervenir en la publicidad de las viviendas vacacionales de las grandes plataformas en Ibiza o es una cuestión que atañe sólo al Consell Insular o al Govern balear?

Son competencias distintas pero complementarias. El Ministerio de Consumo tiene en curso una serie de actuaciones que no afectan a un territorio concreto, sino a prácticas de operadores económicos que operan en varias comunidades autónomas y en el entorno digital. Sobre la base de la información que recaba el Ministerio caben actuaciones complementarias de las administraciones autonómicas e insulares en este caso. Como es público, el Ministerio tiene abierto un expediente sancionador a una plataforma por la publicidad de pisos turísticos que no reflejan el número de licencia y también están en curso investigaciones sobre grandes gestoras de pisos turísticos e inmobiliarias que, en contra de lo que dice la ley, siguen cobrando honorarios a las personas que alquilan una vivienda.

Hay que atajar la lógica de la especulación y es necesario topar los precios del alquiler

¿Cuál ha sido la reacción de Airbnb tras el expediente de sanción abierto por publicitar el alquiler de pisos turísticos sin licencia? ¿Han detectado cambios en la plataforma?

Nunca he dicho el nombre de la plataforma ni se ha hecho público. Sobre las actuaciones de un expediente en instrucción no puedo hacer valoraciones públicas. Pero es un expediente que sigue su curso y no se ha corregido.

¿Sólo pueden actuar contra la plataforma o también contra el propietario que publicita el alquiler de su vivienda sin licencia?

Como decía, tenemos un expediente abierto contra una plataforma y una investigación contra grandes gestoras de pisos turísticos.

Pero me refiero a las plataformas de anuncios.

Son normativas distintas, pero se puede actuar en las dos líneas. Como decía, hay una investigación abierta contra grandes gestoras porque en muchas ocasiones se hacen pasar por particulares en plataformas de vivienda turística y esta es una práctica ilícita también.

Vacaciones en Ibiza: Una tienda de campaña en un poblado chabolista a 45 euros la noche por Airbnb

¿Se puede ofrecer en alquiler a través de una plataforma comercial tiendas de campaña como sucede en Ibiza? ¿Se puede actuar contra ello por la vía del fraude al margen de que, obviamente, no dispongan de licencia?

Si no me equivoco, la normativa vigente ya excluye la posibilidad de que sean empleadas como alojamientos turísticos. En muchas ocasiones no estamos ante un problema de desarrollo de la normativa, sino de ejecución: de capacidad de inspección y de sanción. Por tanto, es fundamental que las autoridades locales puedan reforzar sus cuerpos de inspección, etcétera. Durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a que grandes empresas dicten las reglas del mercado independientemente de lo que digan las leyes, y lo que hace falta es voluntad política para que la normativa que ampara los derechos de los consumidores, que existe y es fuerte, se aplique. Por mucho que en ocasiones pueda generar conflictos con intereses comerciales y económicos, hay que hacer valer los derechos de los ciudadanos.

En Ibiza, por la falta tan grave de vivienda, el propietario es el que marca sus propias leyes y, por ejemplo, exige el pago del alquiler de muchos meses por adelantado o el de los honorarios de la inmobiliaria. ¿Qué se puede hacer ante estas situaciones?

Se puede denunciar ante las organizaciones de consumidores, que hacen una labor imprescindible para recoger estos casos individuales y asesorar sobre los pasos a seguir, y ante las autoridades autonómicas, que son las que ejercen la competencia de velar por el derecho de los consumidores. Hay que denunciar estas prácticas. La ley de vivienda establece que no se pueden cargar los honorarios por formalizar un contrato de alquiler a la persona que arrienda, tiene que ser al propietario. Es ilegal, y se sigue haciendo. Hay que denunciarlo.

Usted ha manifestado que más pronto que tarde va a aprobarse la subida del 10 al 21% del IVA al alquiler turístico de viviendas. ¿Por qué se está resistiendo tanto?

Hace tiempo que lo defendemos. Hemos conseguido convencer a nuestro socio de gobierno. De hecho, el presidente lo anunció entre una serie de medidas. Ahora, hace falta una mayoría parlamentaria suficiente para aprobarlo. Y espero que también haya presión social para que todos los grupos políticos entiendan que no es de sentido común que un hotel pague un IVA por los servicios turísticos que ofrece y no lo haga un piso turístico. La imposición fiscal no va a acabar con este problema pero por lo menos es una medida reguladora y desincentivadora que hay que aplicar cuanto antes.

No es de sentido común que un hotel pague un IVA por los servicios que ofrece y no un piso turístico

Al margen de insultarle y tacharle de «loco comunista», ¿el Ministerio ha comprobado si las cinco compañías aéreas low cost sancionadas como Ryanair han rectificado sus prácticas abusivas?

La sanción implicaba una multa económica importante [179 millones de euros] y también otra accesoria por la continuación con estas prácticas. Es decir, la sanción no es sólo por haberlo hecho, sino que prohíbe seguir haciéndolo. Ahora mismo está en fase de recurso ante los tribunales, por lo que la sanción no será firme hasta que haya un pronunciamiento judicial porque el sistema de Derecho así lo prevé. En el caso de que la Audiencia Nacional lo refrende, y yo confío en que así será, el Ministerio dictó la prohibición de que se siga incurriendo en prácticas como cobrar por el equipaje de mano o por seleccionar un asiento para viajar junto a tus hijos.

¿Pero se sigue haciendo?

Claro, mientras la sanción no sea efectiva la compañías pueden seguir haciéndolo. Pero es una cuestión de garantías jurídicas, hasta que la sanción no sea firme, ratificada por un tribunal.

¿Ha recibido presiones del mismo Gobierno por imponer una sanción de este calado?

Evidentemente esta es una cuestión donde chocan los intereses de los consumidores e intereses comerciales muy poderosos, y las compañía aéreas han ejercido todas las presiones de las que son capaces y lo siguen haciendo, ahora en la Comisión Europea. Porque una parte importante de su negocio depende de estas prácticas abusivas y pretenden que la ley se amolde a su modelo de negocio. El Ministerio se va a mantener firme hasta el final. Lo va a defender donde haga falta las veces que haga falta.

Ryanair amenaza al Gobierno con subir el precio de los billetes si no retira la multa de 179 millones

¿Está convencido de que la Comisión Europea también va a respaldar esta fuerte sanción?

Absolutamente convencido porque es un expediente que se basa en una sentencia del tribunal de justicia europeo del año 2014, que establece que las compañías no pueden cobrar un suplemento de precio por el equipaje de mano. Pueden dictar las medias de seguridad del equipaje que puede ir en cabina, pero no cobrar por ello. Y el Parlamento europeo así lo ratificó e instó a la autoridades nacionales a hacer cumplir lo que decía esa sentencia.

El mercado es libre, pero en un lugar como Ibiza, en el que no hay otra alternativa para viajar que el avión o el barco, en Navidad las compañías aprovechan la coyuntura para disparar los precios. ¿Se puede intervenir desde Consumo ante esta práctica abusiva?

Bueno, hay una cuestión de regulación europea sobre la fijación de precios en la que los Estados no pueden intervenir. Son las normas que dicta la libertad de fijar precios y la libre competencia. En el caso de que haya prácticas para pactar determinados precios o generar subidas artificiales sí se puede intervenir, pero no son las autoridades de Consumo sino las de Competencia las que tienen que investigar las causas. Más allá de esto, hay que hacer una reflexión sobre la idea de que el libre mercado iba a conseguir los niveles de precios más eficaces y eficientes posibles. Hemos visto cómo en muchos ámbitos, sobre todo en la economía digital, con los nuevos algoritmos de fijación de precios, esto no es así. Y que en muchos casos se dan situaciones indignantes, como cuando uno, en el momento que llueve, ha tenido que pedir un coche y las tarifas se inflan de manera absolutamente descarada, cosa que los servicios públicos, como los taxis, nunca habrían hecho. Creo que debe haber una regulación estricta de cómo funcionan los algoritmos para evitar prácticas encubiertas o de personalización de precios en función de las necesidades de una persona. Esto no puede ser. La Unión Europea debe hacer este esfuerzo de regulación.

En principio, el Consejo de Ministros aprobará el martes la reforma de la Ley de la dependencia y discapacidad para reconocer, entre otras cosas, las ayudas a un amigo que se hace cargo de una persona dependiente. Usted ha dicho que le habría gustado hacerlo antes. ¿Por qué ha costado tanto en un gobierno de izquierdas?

Porque todo cuesta, mucho, y porque es una reforma de calado y hay muchas partes y actores implicados. La buena noticia es que la reforma sale adelante y va a servir para mejorar el sistema en su conjunto, para prepararnos para afrontar el reto demográfico. Todos sabemos que la pirámide poblacional se ha invertido, que vamos a vivir más años y, por tanto, vamos a necesitar más necesidades de apoyo y que el estado de bienestar debe cubrirlo. Para eso hace falta invertir en dependencia y mejorar el modelo. Desgraciadamente, el PP recortó 5.400 millones en Dependencia con las políticas de austeridad. Estamos recuperando la financiación y a la vez mejorando el modelo.

Estos son los cambios que trae consigo la reforma de la ley de dependencia

Sin presupuesto, ¿cómo se va a hacer o cómo se aplicará, por ejemplo, la ley ELA?

Para eso faltan unos presupuestos porque estos determinan de cuántos recursos se disponen para aplicar las políticas públicas: para la dependencia, para la protección social de las familias, para la sanidad pública… es esencial que haya presupuesto. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP me reclaman más recursos para la dependencia, y yo les contesto: «Claro, por supuesto, aquí está la propuesta de presupuestos», y responden que no los apoyan porque van en contra del Gobierno. Mi obligación es pelear para que haya presupuestos y estoy convencido de que los va a haber.

Sin la aprobación de los presupuestos, ¿cuánto puede durar este Gobierno de coalición?

Bueno, por ejemplo en Dependencia estamos ante un máximo histórico. Nunca jamás ha habido tantos recursos para ello, e igual con otros ámbitos de política social. Con presupuestos tendremos más capacidad para hacer políticas que mejoren la vida de la gente. Los presupuestos no van de la estabilidad del Gobierno, sino de las políticas públicas y de cómo respondemos a las necesidades de la gente. Por eso trabajo, para que los haya y no contemplo otro escenario.

En cuanto a la ley de Dependencia, en Balears hay 249 días de espera en la tramitación de las ayudas, por debajo de la media nacional (330 días), pero el doble de lo que marca la ley (180) ¿Qué falla? ¿Faltan más recursos?

Evidentemente, porque el PP recortó 5.400 millones de dependencia. Las listas de espera son el reflejo de los recortes del pasado. Desde 2020, el Gobierno de coalición ha aumentado los recursos en dependencia un 150% y la lista de espera ha bajado de media más de tres meses en el conjunto del Estado. Falta por hacer, pero se ha reducido a la mitad porque hemos puesto más recursos, no es magia. Hay que continuar en esta senda y que nunca más haya recortes en esta materia. Hay que blindarla para que nunca más la dependencia sea moneda de cambio para las políticas fiscales.

Se ha reducido la lista de espera de la ley de Dependencia con más recursos, no es magia

¿ Y es viable llegar a los 180 días como máximo que prevé la ley?

Claro, es una cuestión de recursos y de voluntad política.

¿Hasta qué punto considera que el caso Errejón puede afectar al futuro de Sumar?

Mire, ante casos que ponen de manifiesto la gravedad del problema de la violencia machista en España, y que es algo permeable a toda la sociedad, también a los partidos políticos de izquierda, lo último que me interesa son los cálculos políticos. Lo importante es actuar con determinación y aprender de lo sucedido para que no se repita. Porque erradicar la violencia contra las mujeres de las organizaciones políticas y de la sociedad en su conjunto es el único objetivo que debe ocuparnos. Si tiene un coste político o no, es algo que me parece secundario.

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