La patronal cree que la reducción de la jornada laboral es «inviable» en Ibiza

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas a la semana, que además incluye el registro de jornada y el derecho a la desconexión. El anteproyecto refleja lo pactado entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los representantes sindicales en diciembre. Pero no hay rastro de la patronal en su texto, que lo rechaza frontalmente, especialmente la de Ibiza. Los empresarios ibicencos la califican, sin excepción, de «inviable», especialmente porque no tiene en cuenta las características singulares de nuestro territorio, ni la dificultad para completar plantillas, ni que la mayor parte de las empresas son pymes, que mayoritariamente forman parte del sector servicios, donde, aseguran, es complicado implementar la reducción de los horarios laborales.

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Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef, es especialmente beligerante contra el anteproyecto y estima que, «con la realidad que hay en las Pitiusas, va a ser poco menos que imposible poder cumplirlo». Por ejemplo, porque «no se dispone de suficiente mano de obra, por lo que una reducción de la jornada conllevará que se reduzca el servicio que se ofrece o que esa carga de trabajo la soporte el autónomo». Además, no está de acuerdo con que todo el peso de la aplicación de la ley «recaiga económicamente en los hombros del empresario».

«La reducción de horarios no es aplicable a todos los sectores"

Alfonso Rojo

— Presidente de la Pimeef

«La reducción de horarios -añade el presidente de la Pimeef- no es aplicable a todos los sectores. Hay que estudiar bien en qué sectores y en qué territorios se puede realmente implementar. Y donde sea complicado, que se promocione e incentive fiscalmente a quien se decida a hacerlo». Sostiene, por ejemplo, que no es lo mismo Ibiza que un territorio como Ciudad Real, donde es más fácil encontrar una vivienda asequible, de la misma manera que considera que su implementación es más viable en «empresas que no son de cara al público y que pueden teletrabajar», que en las de servicios que hay en la isla. En todo caso, señala que siempre la reducción «debería ser integrada progresivamente» y, a poder ser, «de manera opcional».

Díaz, «de espaldas a la realidad»

Rojo expone que, al contrario de lo que promueve la ministra Díaz con esta nueva legislación, en Ibiza «se necesita que los trabajadores puedan hacer más horas extra. Las legalmente establecidas. Ahora mismo, en un contrato de seis meses sólo se permiten hacer 40 horas extras», recuerda: «[Díaz] vive de espaldas a la realidad de las islas y de la carga de trabajo que hay en temporada alta».

Un absentismo «disparado»

Para José Antonio Roselló, vicepresidente ibicenco de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), «hoy por hoy, esa medida no es viable, además de ser muy equivocada. Este tipo de soluciones se pueden implementar en sectores industriales y de tecnología avanzada, que pueden incrementar la productividad con las nuevas tecnologías y, a partir de ahí, reducir la jornada laboral. Esos sí se lo pueden permitir, pero no el conjunto de la economía, y mucho menos la de Ibiza, basada en pymes y con un predominio del sector servicios. Es completamente inviable aquí y crearía un problema muy grave a las empresas ibicencas».

«Estas medidas están pensadas por gente, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no tiene ni idea de cómo funciona la economía»

José Antonio Roselló

— Vicepresidente de la CAEB

Recuerda que la reducción horaria lleva implícita la necesidad de contratar más trabajadores, justo uno de los mayores problemas que padece la isla desde hace un lustro: «Aquí hay una grave falta de personal. Estas medidas están pensadas por gente, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no tiene ni idea de cómo funciona la economía». Recuerda que no son pocas las empresas que ya han reducido, por esa razón, sus horarios de atención al público, incluso las hay que ni operan ya en plena temporada. Con indisimulada ironía, señala que «la única posibilidad de que funcione en el sector servicios es poniendo robots o replicantes para atender a la gente».

Roselló cree que no hay que perder de vista los debates que hay al respecto en el propio seno del Consejo de Ministros: «Si esto dependiese del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no habría salido adelante. Eso ya quiere decir algo. Es una imposición para contentar a la líder de Sumar que causa alarma tanto en el mundo empresarial como en el propio Gobierno. (…) No creo que esto salga adelante en el Congreso, aunque todo es posible tal como está la política».

«Imposición dictatorial»

Para María Costa, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de las Pitiusas, «esta medida conllevará problemas, más en Ibiza, donde existen grandes dificultades para encontrar vivienda». Y su aplicación, subraya, «repercutirá, pues se necesitará cubrir esas horas con más trabajadores», con lo cual, de rebote, «esa dificultad para encontrar una casa se agravará». A su juicio, su viabilidad dependerá de cómo se desarrolla su implantación, sobre todo si su ejecución es o no «flexible». Porque las pymes, coincide con el resto, lo tendrán difícil: «¿Qué tendrá que hacer un restaurante? No es fácil. Quizás tenga que reducir las horas de servicio. A ver cómo se implementa y si se aplica en función del negocio».

«¿Qué tendrá que hacer un restaurante? No es fácil. Quizás tenga que reducir las horas de servicio. A ver cómo se implementa y si se aplica en función del negocio»

María Costa

— Presidenta de la Federación Hotelera pitiusa

«Claro que nos gustaría poder pagar más y que los empleados pudiesen trabajar menos horas, pero estas cosas no se hacen por decreto ni por imposición, sino que se logran mediante un acuerdo con las partes implicadas. Y aquí no hay un acuerdo social, sino una imposición dictatorial que va a tener unas repercusiones muy importantes en el tejido económico y productivo», avisa la ibicenca Alicia Reina, presidenta de la AEDH (Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel) en Balears, que opina que, como consecuencia, «las pymes van a tener que remodelar toda su estructura para poder hacer frente a un coste superior». Según sus cálculos, «se queda corto el sobrecoste de 1.800 a 2.000 euros por empleado» barajado por la CEOE.

«Las pymes van a tener que remodelar toda su estructura para poder hacer frente a un coste superior»

Alicia Reina

— Presidenta de AEDH

Reina recuerda que la mayoría del tejido productivo de estas islas es el sector servicios, «donde por encima del 70% de las empresas son pymes que hacen lo que pueden para sobrevivir». «Nosotros -apunta- siempre pagamos la fiesta. Si quieren bajar el número de horas, bajemos también el sueldo o intentemos que esa parte de reducción del horario no la tenga que asumir siempre el mismo, el empresario».

Como Rojo y Roselló, cree que «no será viable en Ibiza». Ya les cuesta, afirma, «encontrar personal para hacer las 40 horas. Será un problema gordo. No hay recursos humanos suficientes para cubrir esa reducción horaria. A muchas empresas les resultará imposible cumplir esos requisitos. Y van a caer, como consecuencia, empresas pequeñas y medianas, de manera que al final quedará todo en manos de grandes corporaciones y de fondos de inversión», advierte.

«Ya tocaba»

«Ya toca después de que, en el año 1983, Felipe González rebajara la jornada laboral a 40 horas. Más en esta situación económica. Hay que repartir los beneficios y que estos se destinen a recuperar la calidad de vida», destaca Pedro Campillo, al frente de la gestora del sindicato UGT. «¿Cómo se debería aplicar? A través del diálogo social, con los empresarios incorporados. Los trabajadores somos los primeros interesados en que las empresas vayan bien». En ese sentido, y coincidiendo en parte con las dificultades que esgrimen los empresarios, Campillo argumenta que «se debería implantar la norma poco a poco para que los trabajadores, en un plazo razonable, puedan pasar a esas 37,5 horas».

Las pymes tendrán que pasar por «un proceso de adaptación, pero para eso —reitera— está la negociación colectiva, para ir incorporando el nuevo horario» progresivamente

Opina que es viable, aunque reconoce que algunas empresas de la isla sufrirán: «Cada vez que la jornada laboral se ha cambiado, los argumentos en contra han sido los mismos: bajará la productividad, cerrarán empresas… Pero no pasará nada. Las pequeñas empresas lo pasarán peor. Pero para eso está la negociación colectiva. Hablando se arreglan los problemas para que, con voluntad, se haga de manera razonable». Las pymes tendrán que pasar por «un proceso de adaptación, pero para eso —reitera— está la negociación colectiva, para ir incorporando el nuevo horario» progresivamente.

En cuanto a la falta de personal que esgrime la patronal, defiende que ese problema, como «el problemón» de la vivienda, «escapa de la responsabilidad de los trabajadores. Los políticos han dejado pudrir esa situación». Consuelo López, secretaria general de CCOO, coincide con él: «Puede parecer un poco contradictorio [la aplicación de la reducción horaria] dada la situación habitacional que hay en la isla, pero eso esperamos que sea una situación coyuntural. Sabemos que es una dificultad, pero no es algo de lo que tengamos culpa los trabajadores».

También considera que es una medida «positiva y justa; ya tocaba reducir las jornadas laborales». ¿Será difícil aplicarla? «Es cuestión de estudiar cómo se hace. Ya miraremos cómo se ajusta y se implanta en las islas. Hay muchas fórmulas, sólo hay que estudiar la manera». Reconoce que las pymes tendrán «dificultades», pero a su juicio, «los negocios deben ser lo suficientemente viables como para aplicar esa ley. No puede ser que para que un negocio tenga beneficios, todo recaiga sobre las espaldas de los trabajadores». «No creo que nos vayamos a cargar el tejido empresarial de Ibiza por la reducción de jornada», sentencia.

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