Madrid avala la amnistía urbanística en suelo rústico
El Gobierno también respalda la derivación de pacientes extranjeros a la sanidad privada
a. martínez
El Gobierno central avala la amnistía urbanística en suelo rústico y la derivación de pacientes extranjeros a la sanidad privada. Así queda también reflejado en el acuerdo de la comisión bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma. De esta forma, Madrid respalda la constitucionalidad de ambas medidas impulsadas por Prohens aunque lanza algunas recomendaciones al respecto.
En cuanto a la amnistía urbanística, el Gobierno acepta que se pueda aplicar en suelo rústico aunque exige que no se amplíe a suelo urbano o urbanizable. Cabe recordar que la normativa del Ejecutivo balear permite autorizar de manera extraordinaria aquellas obras ilegales cuyo delito haya prescrito en rústico.
Por lo que respecta a la cuestión sanitaria, el acuerdo alcanzado entre Gobierno central y autonómico evita un recurso de inconstitucionalidad respecto a la normativa que permite la derivación de pacientes extranjeros a la sanidad privada. De esta forma, se permite seguir aplicando esta derivación de los pacientes a las clínicas privadas, tal y como sucedió el pasado verano, manteniendo su derecho a ser atendidos en un centro de Salud de las islas.
Vivienda
En cuanto a la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, el Gobierno de España también avala su constitucionalidad. En un primer informe, el Ministerio de Política Territorial cuestionaba la norma utilizada, una norma con rango de ley, considerando que debería hacerse a través de la aprobación del planeamiento urbanístico municipal de cada ayuntamiento. No obstante, finalmente el Estado respalda dicha medida en Balears que incluye la reconversión de locales en viviendas, el incremento de alturas y el cambio de usos de terrenos destinados a equipamientos públicos y privados.
Por su parte, desde el PSIB-PSOE insisten en que el Gobierno Central no avala la amnistía urbanística que ha llevado a cabo Prohens. Así, los socialistas aseguran que están trabajando conjuntamente con Sumar-Més y Podemos en un recurso de inconstitucionalidad contra esta normativa que presentarán diputados de las tres formaciones en las Cortes Generales. «El recurso está en fase de redacción y preparación muy avanzada», añaden. n
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