El Estado detecta 1.500 anuncios de pisos turísticos ilegales de Ibiza, más de la mitad de los rastreados

Más de la mitad de los anuncios de viviendas vacacionales de Ibiza rastreados por el Ministerio de Consumo en las plataformas publicitarias no incorporan el correspondiente número de licencia; es decir, se trata casi con toda seguridad de ofertas ilegales. De los 22.000 pisos turísticos publicitados en Balears, 2.512 se corresponden a Ibiza y, de estos, un total de 1.500 no tendrían autorización para operar, según los cálculos del Consell tras revisar la información que el jueves le facilitó el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, como resultado de la investigación que ha supuesto la apertura de un expediente de infracción a la comercializadora Airbnb. Así, el 21% de la oferta ilegal detectada por el Estado en Balears corresponde a Ibiza. Según la información que el ministro Bustinduy entregó el jueves en mano al presidente del Consell, Vicent Marí, y al conseller balear de Turismo, Jaume Bauzá, unos 7.000 anuncios en el conjunto de Balears no incluyen el número de licencia y, por tanto, son ilegales.

El ministro facilita a Ibiza 7.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en las islas

Bustinduy abundó en que «la proliferación de los pisos turísticos ilegales» es «uno de los principales vectores de la crisis de vivienda del país». «Detrás de este modelo de comercio ilegal y de persecución del lucro, muchas veces por pocos especuladores, se encuentran decenas de miles de familias que no pueden pagar un alquiler», justificó el ministro. «Por eso la Administración debe intervenir y lo hacemos hoy [por ayer] con este ejemplo de cooperación y colaboración», insistió.

El ministro aclaró que el Estado tiene la capacidad de investigar y sancionar las prácticas publicitarias ilícitas de compañías que actúan en dos o más comunidades autónomas o «en el ámbito digital», pero que, en este caso, el Ministerio aporta la información, que «ofrece un diagnóstico de la situación», para que las administraciones locales, en el ámbito de sus competencias, puedan actuar. «Este es el espíritu», recalcó.

Aparte del expediente de sanción abierto a Airbnb, el Ministerio tiene en marcha «otras investigaciones» dirigidas a «grandes gestores de pisos turísticos» y también a «grandes inmobiliarias que, contraviniendo la ley de vivienda, siguen incurriendo en el cobro de honorarios a los inquilinos en lugar de a los propietarios».