Los amarristas del Club Náutico Ibiza insisten en exigir «transparencia» a PyLS

El cambio de gestión en mayo del año pasado a manos de una empresa privada, Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), del espacio que durante casi un siglo ha gestionado el Club Náutico Ibiza, sigue generando controversia.

La Asociación de Amarristas de la entidad ibicenca insistió ayer en «la necesidad de garantizar la transparencia y el cumplimiento de los derechos de los usuarios, que establecen que cualquier tarifa debe ser comunicada de forma clara y directa antes de ser exigida».

Este colectivo explica que uno de sus miembros ha tenido que hacer frente «a un juicio impulsado por Puertos y Litorales Sostenibles, que reclamaba el pago de una supuesta deuda por el uso de un amarre».

Desde el principio, apuntan, el amarrista «no se negó a pagar, sino que expresó su desacuerdo con la falta de información previa sobre las tarifas, lo que generó la disputa sobre la cantidad exigida».

«El caso se ha tratado en un juicio verbal, un proceso rápido para resolver conflictos económicos, pero el problema principal sigue siendo la falta de comunicación sobre los precios y el incumplimiento del contrato, cuestiones que deben resolverse en otros procedimientos legales ya en marcha», matizan no obstante.

Precisamente sobre esta polémica, desde la asociación recuerdan que se han iniciado «dos procesos: uno civil y otro administrativo, en los que trabajan bufetes expertos en derecho marítimo y contratación pública, como GNGH Abogados, Albors Galiano Portales y Mestre Abogados».

Sobre el caso del amarrista, añaden que su abogado rechazó la solicitud de suspensión del juicio hecha por Puertos y Litorales Sostenibles «para evitar prolongar un debate innecesario sobre una deuda que, en cualquier caso, debía pagarse». De hecho, el amarrista ya había depositado el dinero en el juzgado desde el principio para dejar clara su disposición a cumplir con el pago, indican.

«A pesar de ello, el tema principal sigue sin resolverse: los amarristas no han recibido una notificación individual de las tarifas, por lo que la cantidad exigida no puede considerarse válida sin más», insisten desde la asociación.

«Los procesos legales en marcha permitirán aclarar estos asuntos y asegurar que los derechos de los amarristas se respeten conforme a la ley», advierten finalmente.