El ministro facilita a Ibiza 7.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en las islas

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha viajado este jueves a Ibiza para entregar en mano al presidente del Consell Insular, Vicent Marí, y al conseller balear de Turismo, Jaume Bauzá, un archivo digital con la información recabada por la Unidad de Análisis de la Secretaría General de Consumo y de Juego a raíz de una investigación que ha generado la apertura de un expediente sancionador a la plataforma Airbnb por no retirar miles de anuncios de ofertas de pisos turísticos ilegales.

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En concreto, el Ministerio ha detectado que de las 22.000 viviendas turísticas que se publicitan en Balears a través de plataformas digitales en un total de 7.000, el 30%, no se incluye el número de licencia, en contra de lo que contempla la normativa balear. Los datos aportados por el ministro no están separados por islas, pero el Consell Insular ha calculado que de las 22.000 ofertas del conjunto del archipiélago balear un total de 2.512 se corresponden a Ibiza, según el vicepresidente del Consell, Mariano Juan. No se ha podido comprobar aún cuántos anuncios de Ibiza son ilegales al no incorporar el número de licencia de la vivienda vacacional.

Un recurso «valioso»

Antes de reunirse con el presidente Marí y el conseller Bauzá, el ministro explicó a los medios de comunicación que la información aportada a la institución insular es «un recurso valioso para que aquellas administraciones con voluntad política suficiente para intervenir puedan hacerlo». Además, señaló que, con este traspaso de información, se da también «un ejemplo de cooperación institucional, que es necesaria para abordar este problema».

El ministro de Consumo, que es de la formación Sumar, dijo que quería conocer de «primera mano» el trabajo de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo que ha puesto en marcha el gobierno insular del PP. «La proliferación de la publicidad de pisos turísticos ilegales está suponiendo un gravísimo problema en Ibiza y Balears, como en muchos otros puntos del país», remarca Bustinduy.

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Diferencias ideológicas

Precisamente por eso, pese a que esté bajo un gobierno del PP, el ministro ha escogido Ibiza para entregar «por primera vez» a otra Administración la información recabada por el Ministerio para hacer frente a la oferta ilegal de viviendas turísticas. «Más allá de las diferencias ideológicas o políticas, este es uno de los principales problemas que afectan a los ciudadanos y debemos colaborar, trabajar codo con codo, para perseguir objetivos comunes y garantizar el cumplimiento de la ley».

Bustinduy abundó en que «la proliferación de los pisos turísticos ilegales» es «uno de los principales vectores de la crisis de vivienda del país». «Detrás de este modelo de comercio ilegal y de persecución del lucro, muchas veces por pocos especuladores, se encuentran decenas de miles de familias que no pueden pagar un alquiler», justificó el ministro. «Por eso la Administración debe intervenir y lo hacemos hoy [por ayer] con este ejemplo de cooperación y colaboración», insistió.

El ministro aclaró que el Estado tiene la capacidad de investigar y sancionar las prácticas publicitarias ilícitas de compañías que actúan en dos o más comunidades autónomas o «en el ámbito digital», pero que, en este caso, el Ministerio aporta la información, que «ofrece un diagnóstico de la situación», para que las administraciones locales, en el ámbito de sus competencias, puedan actuar. «Este es el espíritu», recalcó.

Aparte del expediente de sanción abierto a Airbnb, el Ministerio tiene en marcha «otras investigaciones» dirigidas a «grandes gestores de pisos turísticos» y también a «grandes inmobiliarias que, contraviniendo la ley de vivienda, siguen incurriendo en el cobro de honorarios a los inquilinos en lugar de a los propietarios».

Por último, el ministro defendió la sanción de 179 millones de euros que el Ministerio de Consumo ha impuesto a diversas compañías aéreas, entre ellas Ryanair, por prácticas abusivas. «El Ministerio vela por el respeto a la legalidad y el cumplimiento de los derechos de los consumidores», recalcó.

Sin la presencia de la directora insular del Estado

El ministro Pablo Bustinduy accedió al Consell sobre las 13.30 horas de este jueves a través del garaje. Llegó acompañado por cuatro personas más de su gabinete pero sin la presencia, curiosamente, de la directora insular del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch. La dirección insular del Estado gestionó la logística de la visita del ministro, pero su responsable no le acompañó pese a que los ministros no acostumbran, salvo en campaña electoral, a visitar la isla.

De hecho, el presidente del Consell, Vicent Marí, visiblemente satisfecho con la visita del Bustinduy, destacó que es «la primera vez» que un ministro pisa la sede del Consell de Ibiza. «No estamos acostumbrados», reconoció. Más aún que un ministro de la izquierda (Sumar) viaje a la isla para conocer de primera mano el plan contra el intrusismo de un gobierno del PP.

Precisamente, sí bajó a la entrada del Consell para recibir al ministro el conseller insular de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez. En cambio, ningún conseller socialista hizo acto de presencia, ni asomó la cabeza por el primer piso donde se ubica su despacho.

En las declaraciones a la prensa, el presidente del Consell y el conseller de Turismo hablaron en catalán. El ministro lo entiende perfectamente. Previamente, el presidente se lo había preguntado.