Le Senne custodiará los expedientes archivados de la Oficina Anticorrupción

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, asume una nueva función: custodiar los expedientes ya finalizados de la extinta Oficina Anticorrupción que el Govern envía a la Cámara balear. Según establece la ley aprobada por PP y Vox, el dirigente de Vox será el encargado de guardar los documentos mientras no se ponga en funcionamiento el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears. Le Senne también será el único que tendrá acceso a las declaraciones de los diputados y políticos, que pasarán a estar bajo llave en el Parlament al tener «carácter reservado».

La consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, compareció ayer en el Parlament para explicar la clausura de la Oficina Anticorrupción y reconoció que el Registro de Transparencia y Control se encuentra en «un impasse» porque aún no se ha creado a pesar de que la ley se aprobó en abril de 2024. «Es verdad que en estos momentos no se pueden ver las declaraciones de los políticos, pero se verán», declaró. El Govern está incumpliendo su propia ley, ya que la normativa establece que el Registro debía ponerse en funcionamiento «en el improrrogable plazo de tres meses» a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Estarellas aseguró ayer durante su intervención que el Govern ha archivado un total de 526 expedientes pendientes de la Oficina Anticorrupción después de la supresión por ley del organismo, si bien desde la conselleria explicaron que, en realidad, Inspección General aún tiene 228 expedientes de la Oficina Anticorrupción pendientes de tramitación. En un primer momento la consellera había afirmado que, al haber pasado más de seis meses desde el cierre del organismo, se había tenido que proceder a su archivo definitivo, ya que así lo establece la ley aprobada por PP y Vox.

Caducidad de los casos

La norma establece la caducidad de los casos que lleven más de nueve meses abiertos para que fueran posteriormente archivados, sin necesidad de revisión. Además, detalló que «se declara la caducidad de los procedimientos de investigación en curso que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, superen el plazo de seis meses de duración o de un máximo de nueve meses para aquellos procedimientos prorrogados, a contar desde el acuerdo de iniciación de las actuaciones, procediéndose al archivo de estos expedientes». Desde la conselleria de Presidencia aclaran ahora que estos casi 300 expedientes aún no han sido iniciados y, por tanto, será Inspección General quien decida qué hacer con los documentos.

Estarellas defendió que el PP ya había defendido la supresión de la Oficina al entender que «no aporta ningún beneficio extra a los ciudadanos», a pesar de que esta decisión no estaba incluida en su programa electoral. Además, consideró que «duplicaba» trabajos de otros organismos como el Poder Judicial o el Ministerio Fiscal: «No era eficaz ni eficiente, hacemos un bien para la ciudadanía».

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