Juicio por el chiringuito de Cala Gració
El exalcalde de Sant Antoni defiende que se autorizó el chiringuito por una información errónea de Costas
La Fiscalía pide la absolución de José Tur y de la concejala socialista Cristina Ribas

Cristina Ribas y José Tur, sentados en el banquillo de los acusados, al inicio del juicio este lunes en Palma. / D. I.
B. Palau
El exalcalde de Sant Antoni José Tur ha negado hoy los cargos en la Audiencia de Palma durante el primer día del juicio por presunta prevaricación por frenar la instalación del chiringuito desmontable de Cala Gració en 2018. “Yo no di ninguna instrucción a los peritos, en ningún caso ni en ningún sentido, ni a la arquitecta ni a nadie”, ha recalcado esta mañana Tur, que ha alegado que es técnico de Turismo. Tur también ha justificado que se autorizó el chuiringuito por una información errónea de Costas, que consideraba que este tramo de la costa era urbano.
Tur y la concejala socialista Cristina Ribas, entonces edil de Urbanismo, se han sentado hoy en el banquillo de los acusados. La Fiscalía pide su absolución al considerar que los hechos no constituyen un delito de prevaricación. En cambio, la acusación particular, que representa a la empresa responsable del chiringuito, solicita su inhabilitación.
“Costas se refería a esa zona como un tramo urbano. Cuando el quiosco se instaló, se vio que todos los técnicos opinaban lo contrario a lo que había dicho Costas. Se extrañaban de esta situación. Se pidieron informes a Urbanismo y todos opinaban en contra a lo que había dicho Costas. Es una zona rocosa, todos los informes dicen que es una zona reservada y Costas lo calificó como zona urbana”, ha especificado el entonces alcalde socialista ante el tribunal de la sección primera.
“Primero, había un informe favorable del departamento de Actividades y Urbanismo. El ingeniero de Actividades informó favorablemente de la instalación. Cuando se aprobó el expediente y salta el revuelo, desde Urbanismo se revisa. Entonces, se ve que ese expediente tendría que pasar por Urbanismo. El secretario dio el visto bueno, pero solo teníamos el informe de Actividades, no el de Urbanismo. Pero esto lo vimos a posteriori”, ha asegurado Tur.

Cristina Ribas y José Tur, de espaldas, esta mañana en el inicio del juicio en la Audiencia Provincial de Palma. / D. I.
La acusación particular le ha preguntado por el acuerdo de pleno de 25 de abril de 2018 en el que se le concedía una licencia al chiringuito de Cala Gració. “No era de pleno; era un acuerdo de junta de gobierno local”, ha aclarado José Tur.
“Después del acuerdo se instaló el chiringuito. Hubo revuelo social, se publicó en prensa. Sí, lo recuerdo”, ha confirmado el acusado ante la Sala.
“Yo expliqué entonces que nosotros actuaríamos de acuerdo con la ley. Si la licencia era correcta, pues seguiría. Y si había un error, aplicaríamos la ley”, ha subrayado el exalcalde. “Yo no entré para nada en el informe del 5 de julio del secretario del Ayuntamiento, porque no era de mi competencia. Antes del 5 de julio el secretario no me comentó nada de ese informe”, se ha desvinculado Tur. “Creo que se contrató a un abogado externo, Pablo Mir, como experto en Urbanismo, para aclarar si el criterio seguido para esta licencia era correcto. Se dilucidaba qué había pasado”, ha recordado el encausado. “No sé si la empresa Bambagas pidió el certificado de final de obra, eso lo llevaba Urbanismo”, ha insistido el exalcalde de Sant Antoni. “Al haber discrepancias con el terreno, se pidió a Costas que lo revisase. Todo eso era competencia del departamento de Urbanismo”, ha hecho hincapié Tur, recalcando que era un tema de Urbanismo.“En junio de 2019 yo dejé el Ayuntamiento. No sé qué ha pasado después. No sé si ha iniciado un procedimiento de lesividad”, ha añadido el entonces responsable del Consistorio.
Declaración de Cristina Ribas
Por su parte, la exregidora de Urbanismo, Cristina Ribas, ha confirmado que hubo revuelo social y también dentro del Consistorio. “Sí, hubo revuelo mediático y también hubo revuelo primero dentro del departamento de Urbanismo”, ha señalado. “No se decidió paralizar la actividad, no se precintó el chiringuito. Lo que se les dijo es que tenían que presentar el certificado de final de obra”, ha apuntado. “Creo que el día antes del 5 de julio el secretario vino a mi despacho y me dejó leer el informe. Y además luego lo modificó. Le dije que no me gustaba cómo hablaba de las técnicas de Urbanismo. Yo le dije que esto no lo veía bien. Se ve que luego lo atenuó. Le dije haz lo que tengas que hacer”, ha recordado. “Yo creo que Bambagas solicitó el certificado de final de obra. El Ayuntamiento tenía un mes para tramitarlo. Ellos (la empresa) nunca solicitaron una obra, solicitaron una instalación. Por eso no se les podía conceder un certificado de final de obra”, ha manifestado ante la Sala.
“Se pidió a Costas que revocaran la autorización y Costas contestó que no. Antes de saltar el revuelo social, ya había un revuelo en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento”, ha insistido la exconcejala. “Lo aprobamos por unanimidad en la junta porque había un informe favorable técnico y también jurídico. Se produjo un revuelo en Urbanismo. Y luego en la calle también hubo revuelo cuando la gente vio lo que se estaba construyendo. De lo que montaron en realidad a lo que solicitaron no tenía nada que ver”, ha reconocido Ribas. “Todos los informes iban en la misma línea, excepto el del secretario del Ayuntamiento. Para contestar las alegaciones de la empresa Bambagas, se contrató a un abogado externo, Pablo Mir. El secretario no quiso esperar al informe del abogado e hizo el suyo antes”, ha recordado la exregidora. “La inspectora de Actividades dijo que de urbano nada, que eso es una zona reservada, protegida. Dijo que es un uso prohibido. La arquitecta del Ayuntamiento dice que no han solicitado la obra y allí no están haciendo una instalación, sino una obra. Nunca solicitaron la obra. La jefa del departamento del Consell también hizo un informe en la misma línea, igual que Pau Mir y una catedrática y la jefa de departamento. Todos los informes iban en la misma línea, excepto el del secretario”, ha declarado Ribas.
Perjuicio grave para la empresa
Por su parte, el representante legal de la empresa perjudicada ha indicado que solicitaron el proyecto básico a Costas y otro proyecto de actividad al Ayuntamiento.
“Costas nos dio autorización por cuatro años, desde 2017 a 2020. El Ayuntamiento nos otorgó la licencia, compramos los módulos de la estructura”, ha explicado el empresario. “Empezaron a salir noticias negativas en cuanto a la instalación de la plataforma. El alcalde dijo que no era de su agrado esta instalación y que harían todo lo posible para impedirla. La regidora también. Un día antes de abrir, la Policía Local nos precintó la instalación”, ha rememorado el testigo.
“El Ayuntamiento nos notificó que para iniciar la actividad, necesitábamos el certificado de final de obra. No tengo dudas de que pedimos el permiso de instalación y también el de obra porque va implícito”, ha detallado. “Esa temporada tuvimos que mantener a los empleados y a la seguridad. Nos supuso un perjuicio grave”, ha concluido el empresario.
- La prensa de Reino Unido asegura que miles de turistas británicos cancelan sus vacaciones a Ibiza 'porque no son bienvenidos
- Desokupa nos dijo que por 300 euros nos abría un piso de un banco en Ibiza
- Fallece Toni 'Cala', propietario del restaurante Tijuana de Sant Antoni
- La 'Bestia del Este' llega a Baleares: ¿Cómo afectará a Ibiza?
- Una detención en una discoteca de Ibiza y dos camiones con 300 kilos de heroína: una huella dactilar lo aclara todo
- Un hombre en estado crítico en un tremendo incendio en una vivienda de Santa Eulària
- Cinco encapuchados roban con violencia una casa de Ibiza en la que había una mujer
- Nuevos datos sobre el incendio en Santa Eulària: la víctima ha sido trasladada a Madrid en estado crítico