Intrusismo
Multas de 40.000 euros a los propietarios que no actúen contra los alquileres ilegales en Ibiza
Las sanciones contra los caseros que no tomen medidas si sus inquilinos subarriendan turísticamente las viviendas se tipificarán como «muy graves»

El vicepresidente del Consell y responsable del departamento de Lucha contra el intrusismo, Mariano Juan, durante un pleno. | J.A.RIERA

El Consell de Ibiza endurecerá las sanciones contra los propietarios que hagan la vista gorda en caso de que sus inquilinos dediquen las viviendas al alquiler turístico. Esta inacción, así como la falta de colaboración con la administración a la hora de perseguir a los infractores, podrá sancionarse con 40.000 euros, frente a los 4.000 con se que castigaban hasta ahora.
«Los propietarios deben ponerse las pilas y entender que, legalmente, ya son responsables de lo que sucede en su inmueble. No pedimos nada imposible, sino que denuncien, si tienen conocimiento de que sus inquilinos subarriendan de forma ilegal la vivienda, y que faciliten la información que pida el Consell», ha advertido este miércoles el vicepresidente y conseller responsable de la Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan.
Estas pautas vienen fijadas en el Plan de inspección turística del Consell, recién aprobado para esta temporada, y que se ha marcado como reto que los propietario se involucren «y sean proactivos» para cazar a los infractores. El objetivo final es facilitar que estas viviendas vacacionales sin licencia regresen al mercado residencial.
«Cambio de paradigma»
El Plan de inspección para esta campaña aplicará de la forma más estricta la Ley de turismo para corregir «el pasotismo» de algunos propietarios ante la actividad ilícita de sus inquilinos. Por norma general, la persona que comercialice turísticamente esas estancias es la responsable a la hora de responder a una sanción.
No obstante, «el propietario tiene una responsabilidad solidaria», recuerda Juan. Hasta el momento, aquellos que, por inacción, no tomaban medidas para acabar con las irregularidades de sus inquilinos, podían enfrentarse a una sanción tipificada como grave.
La multa en estos casos es de 4.000 euros, aunque se queda en 2.000 en caso de pronto pago. Esta misma pena se aplicaba a los caseros que obstaculizaban la labor inspectora del Consell («no nos facilitan información, nos dificultan la investigación o nos dilatan los plazos», dice Juan).
A partir de ahora, estas actitudes permisivas de los titulares de los inmuebles tendrán la misma consideración que el hecho de comercializarlos fraudulentamente. Por ello, se tipificarán como sanciones muy graves, con un castigo de 40.000 euros, el mismo con que se pena a la persona que acaba alquilando las estancias.
«Es un cambio de paradigma», resume Juan. «Nos enfrentamos a un problema social muy importante, que es el de la vivienda, que debemos combatir entre todos. No puede ser ese pensamiento de ‘a mí me da igual mientras me paguen la renta’», concluye.
Este endurecimiento de las inspecciones obedece a una casuística con la que se vienen topando durante la labor inspectora de los últimos años. Por una parte, se encuentran los propietarios que desconocían que su casa se subarrendaba ilegalmente, «pero después no hacen nada para evitarlo».
Otras veces, a pesar de tener conocimiento de la infracción, «no aportan la documentación del inquilino que está en posesión del inmueble». También hay quien, tras saber de esa actividad ilegal de su arrendatario, no toma ninguna iniciativa, como demandarlo ante la Justicia para poder desahuciarlo, y «espera a que sea la administración la que lo solucione», detalla Juan.
Cabe tener en cuenta que, en caso de detectar una casa que se ofrece ilegalmente por noches, el Consell, de primeras, podrá conocer el nombre del propietario, pero necesita de su colaboración para identificar al inquilino infractor.
Plan de choque
Además del nuevo plan de inspección, la labor contra los alquileres turísticos ilegales se verá reforzada con el plan de choque contra el intrusismo, que cuenta con una inyección de 4,2 millones del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para los próximos tres años. Juan precisa que el principal reto para este primer año es la puesta en marcha de este programa, aún en fase preparatoria con los municipios de la isla, y que aún no puede avanzarse cuántos medios aportará para esta temporada.
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