Transporte público
El nuevo servicio de autobús de Ibiza costará al Consell un millón más
La institución dejará de pagar entre 1,2 y 1,5 millones por las tarifas de uso del Cetis, pero el incremento de líneas y frecuencias deficitarias subirá el déficit a 8,9 millones

Un autobús sale al exterior desde la estación de autobuses de la ciudad de Eivissa. | J. A. RIERA
El nuevo servicio de autobús de Ibiza, que se prevé que empiece a funcionar después del verano, será más caro para el Consell. En concreto, el déficit que deberá asumir la institución insular se sitúa en unos 8,9 millones de euros (7,3 millones por los trayectos deficitarios y 1,6 millones del coste de la gratuidad de los mayores de 65 años y los menores). Esto supondrá un incremento de un millón con respecto al coste actual del servicio, que se sitúa en 7,8 millones de euros: 4,7 millones de euros por las líneas deficitarias, 1,6 millones por las tarjetas dorada y joven y entre 1,2 y 1,5 millones de las tasas de uso de la estación de autobuses de la ciudad de Ibiza (Cetis).
Se trata de una previsión y, de hecho, el director insular de Transportes, Roberto Algaba, considera que el coste de la gratuidad de los mayores de 65 años y menores de 18 aumentará con la puesta en marcha del nuevo servicio porque con las mejoras previstas, tanto en trayectos como en número de autobuses, «aumentarán los usuarios», también los beneficiarios de las tarjetas dorada y joven.
La gratuidad universal se puso en marcha a finales de 2022 a través de una ayuda directa del Estado como consecuencia de la subida de precios provocada por la guerra en Ucrania. Desde entonces, se ha renovado cada año. La semana pasada el Congreso de los Diputados tumbó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN la convalidación del decreto ómnibus en el que se incluía la prórroga de esta ayuda.
A la espera de que el Gobierno resuelva este revés político, el Consell de Ibiza ha garantizado que la gratuidad de los viajeros frecuentes (hay que obtener una tarjeta en el Consell) se mantendrá este año, si es necesario, con recursos propios y que ya estaba prevista esta posibilidad en el presupuesto del Consell. Esta cuestión, la gratuidad universal, se decide cada año y depende de la ayuda del Estado.
Con la nueva contrata, que gestionará la compañía ALSA (el lote del servicio urbano de Vila y los alrededores, y el del resto de la isla), el Consell de Ibiza dejará de asumir el coste de la estación de autobuses, que repercutirá en la compañía que presta el servicio. En 2018, el Consell firmó un convenio con el Ayuntamiento de Ibiza para asumir estas tarifas al objeto de liquidar el conflicto abierto entre las dos instituciones y con las compañías de autobuses y desbloquear la apertura del Cetis.
Trayectos todo el año
El nuevo servicio de transporte será más caro para el Consell porque se aumentarán las líneas y frecuencias, también de las que son deficitarias y que se prestan como servicio público. Si la Administración no asumiera este déficit las compañías privadas no operarían trayectos que, por el escaso número de pasajeros, no son rentables. Así, el vicepresidente primero, Mariano Juan, destaca que con la nueva contrata «aumentará entre un 40% y un 50% el kilometraje de las rutas». «Se da un salto cuantitativo, pero también cualitativo muy importante», indica Juan, que recuerda que, por ejemplo, «se van a desdoblar líneas que operan ahora en verano y que se ofrecerán todo el año». «Se hace una apuesta muy importante no sólo en conectar pueblos con Vila, sino también entre ellos. Se elimina el modelo totalmente concéntrico. Esto implica más personal y coste y que el servicio sea mucho más caro», justifica el vicepresidente.
La compañía ALSA ha obtenido la mejor puntuación en la licitación de los dos nuevos contratos a pesar de que, en ambos casos, la oferta económica de Pitibüses (Autocares Lucas Costa, Dipesa e Ibiza Tours & Island Bus) era más ventajosa para la Administración. En el caso del lote de las rutas de Vila, Pitibüses ofrecía reducir el coste para el Consell en hasta 6,5 millones, por 224.000 euros de ALSA. No obstante, la compañía ganadora obtiene su ventaja al ofrecer, entre otras cosas, que sus 38 autobuses sean 100% eléctricos, cuando el pliego de condiciones exigía ocho. La inversión en este tipo de vehículos compensa al Consell el coste del déficit.

Parte del edificio del Cetis en cuya planta sótano se encuentra la estación de autobuses. / D. I.
El gobierno insular del PP y Ciudadanos anunció en el pasado mandato una auditoría de la estación de autobuses de la ciudad de Ibiza (Cetis) para tratar de reducir su coste, que el Consell asume desde 2018 (lo hizo para desbloquear su apertura) y que, en función del número de autobuses y pasajeros que la utilizan, se sitúa entre 1,2 y 1,5 millones al año. El convenio suscrito con el Ayuntamiento de Ibiza ya preveía que antes de 2020 se encargaría una auditoría para revisar los costes. En concreto, la institución paga 10 euros por cada operación de entrada y salida del Cetis, también por estacionar en las paradas del exterior, en la calle, más unos 10 céntimos por pasajero.
Sin noticias todavía de la auditoría del Cetis
En septiembre de 2021, el Consell adjudicó a Auren Auditores, con un presupuesto de 93.170 euros, la ejecución de dicha auditoría, pero el trabajo no se terminó porque, según explicaba entonces el que era vicepresidente segundo Javier Torres (Ciudadanos), el Ayuntamiento rehusó pasar la información que se le requirió. «Se escudaba en que la empresa concesionaria no les remitía la información», decía entonces Torres. Hay que tener en cuenta que el Consistorio otorgó a la Sociedad Gestora Cetis (Sagalés) la construcción y explotación de la estación de autobús a través de una concesión de 40 años. Por ello, esta infraestructura (la estación se ubica en el sótano, y en el exterior, del edificio de locales que alquilan empresas y diversas administraciones) depende de Vila.
Ahora, el Consell y el Ayuntamiento no han prolongado más el convenio. No había la posibilidad de firmar una nueva prórroga y, según el gobierno insular, no tenía sentido firmar uno nuevo en el momento que el Consell, con el nuevo servicio de autobús, deje de asumir este coste. Al ser una competencia del Ayuntamiento, ahora depende de éste encargar o no la auditoría. En diciembre de 2023, cuando en el pleno del Consell se aprobó la última prórroga del convenio, el presidente, Vicent Marí, reiteró que la estación no debería estar en un sótano y que, con lo que cuesta, en tres años se podría pagar una nueva en superficie.
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