Turismo

El PP desoye a Ibiza y recorta la ley para impedir fiestas en casas turísticas

El grupo popular rehúsa incorporar, en sus enmiendas, las medidas que reivindica el Consell Insular y elimina la retirada de la autorización turística prevista en la iniciativa legislativa de Més per Menorca

Una fiesta ilegal en una villa de Eivissa, en una imagen de archivo. | J. M. L. ROMERO

Una fiesta ilegal en una villa de Eivissa, en una imagen de archivo. | J. M. L. ROMERO

Eugenio Rodríguez Martos

Eugenio Rodríguez Martos

Decepcionado, el vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, del PP, lamentaba a finales del pasado mes de octubre que la proposición de ley para combatir fiestas ilegales en viviendas turísticas que se tramita en el Parlament balear se quedaba «corta» para las necesidades de la isla ibicenca. Y lo decía un mes antes de que el grupo parlamentario de su partido presentara enmiendas al texto legislativo, en las que recorta, además, la propuesta inicial de Més per Menorca y elimina la posibilidad de que se retire la autorización turística.

En sus enmiendas, el PP hace caso omiso a las propuestas reclamadas insistentemente desde Ibiza para atajar esta actividad ilegal. Además, modifica la propuesta inicial y establece, fundamentalmente, la obligación de que en el contrato de alquiler turístico conste, expresamente, la prohibición de la celebración de fiestas u otro tipo de acontecimientos que puedan ir «en contra de las normas básicas de convivencia o las que fijen los estatutos de la comunidad de propietarios».

Por otro lado, la propuesta del PP forzaría a los propietarios a requerir a sus clientes, desde el momento que tuvieran constancia de «estas alteraciones», que abandonen la casa en 24 horas. También contempla que, en el caso de que en el contrato firmado no se especifique la prohibiciónde celebrar fiestas molestas o no se adopten «las medidas adecuadas» para evitarlo, la Administración lo consideraría una infracción grave de la legislación turística, con multas de 4.000 a 40.000 euros.

Sin apoyos suficientes

Para ello, el PP propone suprimir el artículo único de la versión inicial de la propuesta de Més per Menorca e introducir uno nuevo para regular las dos cuestiones apuntadas. Hay que tener en cuenta que el PP no tiene ahora la mayoría en el Parlament para inclinar la balanza en su favor, pero tampoco Més per Menorca ni los partidos de la izquierda para sacar adelante su propia iniciativa.

Así, se desaprovecha, una vez más, la puerta que se ha abierto con esta proposición de ley, pensada inicialmente, eso sí, para Menorca, para que el PP balear atienda la reivindicación de su partido en Ibiza: que las fiestas ilegales comercializadas (de pago) que se organizan en villas o cualquier otro lugar (un almacén agrícola, por ejemplo) sean consideradas una actividad y facilitar con ello, entre otras cosas, la intervención directa de la Policía Local o la Guardia Civil para ordenar el desalojo.

Precisamente, en la comisión interinsular del Parlament del pasado mes de octubre, Mariano Juan defendió, infructuosamente, frente a los responsables de turismo del resto de consells insulares que una fiesta con venta de entradas y bebidas; es decir, con ánimo de lucro, se convierte en «una discoteca» y deja de ser un domicilio. También reclamaba que la propuesta de ley no se ciñera sólo a las molestias que ocasionan las fiestas en viviendas turísticas. «Es una ley que va en un buen sentido, pero hay que completarla porque se queda corta», decía.

El diputado de Més per Menorca Josep Castells prevé que la proposición de ley se eleve al pleno del Parlament para su votación en el primer semestre del año. En un artículo único, básicamente, esta iniciativa articula diversas modificaciones de la ley balear de actividades para tratar de impedir, y sancionar con multas de 1.500 a 3.000 euros, las fiestas o cualquier actividad en viviendas turísticas que generen molestias a los vecinos entre las 23 y las 8 horas. En el caso de que haya reiteración, la infracción se consideraría grave y la multa ascendería a entre 15.000 y 30.000 euros. Penaliza también a los propietarios que no adopten medidas para evitar las fiestas y las molestias al vecindario no sólo con una sanción, sino también con la retirada de la autorización turística sin la posibilidad de solicitar una nueva en tres años.

Venta de drogas

El vicepresidente del Consell sostiene que en Ibiza «no hay un problema de fiestas con ruido por la celebración de un cumpleaños», sino de «las ilegales que se publicitan y en las que se produce un intercambio económico». «Esta ley no hablaba de esto ni pretendía hacerlo. No se trata de un problema de molestias sino de seguridad, venta de drogas y competencia desleal a la oferta reglada», recalca Juan.

«Obviamente, la ley se queda también ahora corta [tras las enmiendas] porque no soluciona las fiestas ilegales», insiste Juan, al tiempo que puntualiza que, en todo caso, «el problema actualmente es relativo porque no es, ni mucho menos, como en los años 2020 ó 2021».

A pesar de que sigue defendiendo una legislación específica para combatir las fiestas ilegales comerciales, Juan admite que se ha perdido otra oportunidad para hacerlo. «Aprovecharemos cualquier modificación legislativa que tenga que ver con esto para introducir este debate aunque ahora no sea un problema primordial para Ibiza», insiste.

Además, indica que en Mallorca se desoye esta reclamación porque no figura «en el debate público» y hay juristas que rechazan considerar estas fiestas como una actividad para evitar «un recurso de inconstitucionalidad». «Reconozco que es un tema complejo y delicado, pero si hay actividad de ocio (comercial) en un lugar que debería destinarse a vivienda es un fraude de ley. Y creo que se puede defender jurídicamente», subraya Juan, que reconoce que cuesta hacerlo entender. En cambio, sí se logró una modificación legislativa, recuerda, para que, en este tipo de fiestas, se puedan imponer multas de «un mínimo de 100.000 euros» y, «lo más importante», que los que «colaboran y captan clientes también sean responsables».

Los menorquines reaccionan antes

El diputado de Més per Menorca Josep Castells sostiene que, con sus enmiendas, el PP «se ha rendido a las exigencias de la patronal del alquiler turístico».Castells ha impulsado esta ley para atender «la petición de asociaciones de vecinos de las urbanizaciones de Menorca» que quieren vivir «tranquilas sin aguantar ruidos todo el día».Es decir, agrega: «A lo mejor los menorquines nos ponemos en guardia antes de que se llegue a los extremos que, lamentablemente, se ha alcanzado en otros lugares».

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