Vivienda

El problema de la vivienda en Ibiza: una deuda de 6.052 euros echa a cinco menores

La calle Murcia se convirtió el miércoles en el escenario de un nuevo desahucio por impago del alquiler.

Uno de los armarios de la casa lleno de pegatinas. | D.I.

Uno de los armarios de la casa lleno de pegatinas. | D.I. / D.I.

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

¿Qué le diría a un amigo que tiene a cinco menores a su cargo y que se acaba de quedar en la calle por un desahucio? ¿Y qué le diría a otro amigo que necesita dinero para cuidar a su padre, que es totalmente dependiente y que le faltan para hacerlo miles de euros que le corresponden legítimamente? ¿No se sentiría mal por ambos e intentaría prestarles ayuda en la medida de sus posibilidades?

Imposible. Esas dos personas eran inquilino y casero hasta ayer, cuando se rompió para siempre esa relación que funcionó durante un lustro, hasta que hace un año comenzaron los impagos. Escuchar las versiones de las dos partes ofrece las piezas de un rompecabezas que es imposible componer, ya que sus argumentos colisionan totalmente. Y por un momento, está a punto de prender la mecha en el número 1 de la calle Murcia de Ibiza.

A las 11.15 horas está citada la comisión judicial, liderada por los dos mismos agentes que el día anterior habían pilotado un desahucio en Cala de Bou, acto que también fue narrado en las páginas de Diario de Ibiza. Está claro que trabajo no les falta y la situación crítica que atraviesa el problema de la vivienda en Ibiza invita a pensar que la cosa, probablemente, irá a más.

Al portal del desalojo de ayer, que está en obras, llega José Luis, arrendador e hijo del dueño del piso, acompañado por su abogada. Mientras esperan la llegada de la comisión judicial, se cruza fugazmente con Víctor, arrendatario que está ultimando la salida del domicilio. Se miran de reojo, sus hombros casi se rozan, pero no se dicen nada. Tampoco debe sorprender, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que se rompió cualquier canal de comunicación.

Ambas partes se acusan mutuamente de la voladura de puentes. Otro de esos detalles imposible de aclarar. Víctor sale del portal a la calle por última vez justo cuando José Luis sube a recuperar el piso de su familia. Los protocolos legales se vuelven a cumplir con rapidez y eficacia. José Luis respira aliviado, pero solo por un momento. En cuanto cruza el umbral del inmueble, se confirman sus temores.

«Aparte de haber arrancado enchufes, se han llevado mi lavadora, las dos televisiones, muebles... Los muebles de la cocina están machacados, los sofás rotos y se han llevado hasta mi vajilla». Así es el parte de guerra que el propietario del piso detalla más tarde para Diario de Ibiza.

Los inquilinos saben desde hace tres meses que su suerte está echada y según el relato del dueño en las últimas semanas no se han esmerado en el cuidado de la vivienda, por decirlo suavemente. Pensar dónde iban a dormir anoche era su única preocupación. De momento se han repartido en casas de familiares y amigos, pero saben que esa solución provisional no puede durar mucho. Toca arremangarse para buscar un nuevo hogar en el salvaje oeste en el que se ha convertido el mercado inmobiliario ibicenco.

Sentencia judicial

Durante cinco años, todo va sobre ruedas. Víctor, su mujer, su cuñada y los hijos de ambos pagan al principio 1.550 euros por un piso con tres habitaciones útiles. El alquiler va subiendo año a año hasta alcanzar los 1.745 euros actuales. Hace un año, se produce el primer retraso en el pago de la mensualidad. La mujer de Víctor se ha quedado sin trabajo y la economía familiar se resiente.

Ese impago no es un episodio puntual y, lógicamente, eso alarma a José Luis, que necesita el dinero para cuidar en Madrid a su padre, una persona completamente dependiente y con un grado de discapacidad reconocido del 87%. Como suele ocurrir en estos casos, primero es el burofax. Cuando la parte arrendadora hace mutis, en verano llega el momento de la demanda judicial. El juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza fija la vista para el 7 de noviembre. Ese día se determina la suerte de Víctor y su familia y también la de José Luis y su padre dependiente. Una historia en la que no hay vencedores, solo vencidos.

El baile de números es enrevesado. A lo largo del año pasado, Víctor no ha dejado de pagar completamente el alquiler, sino que ha ido realizando pagos esporádicos a José Luis, que los recibe sorprendido, ya que no entiende ni su periodicidad ni su cuantía. Solo tiene claro que ni de lejos alcanzan el montante fijado por contrato.

El día de la vista, el juez, tras estudiar toda la documentación del caso, fija la cifra exacta: «Resulta acreditado que la parte demandada adeuda en concepto de rentas y cantidades asimiladas a la renta la cantidad de 6.052,84 euros, cantidades a cuyo pago se encontraba obligada en tanto que arrendataria, y ello una vez tenidos en cuenta los pagos acreditados realizados por la parte demandada de cantidades en concepto de rentas y cantidades asimiladas a la renta». Así que el impago total suma el equivalente a tres mensualidades y media del contrato de alquiler.

Sin vulnerabilidad

La sentencia también condena a los demandados al pago de costas procesales y pone fecha y hora al desahucio: las 11.15 horas del 22 de enero. Víctor y su familia tienen 76 días por delante para encontrar una nueva vivienda antes del desahucio. Sin embargo, según su versión, no se enteraron hasta la semana pasada de la fecha del desahucio. ¿La razón? Que su abogado, asegura el inquilino, no les había informado, razón por la que planean demandarlo. Casi ya sobre la bocina, se plantean solicitar la situación de vulnerabilidad, el último recurso para frenar el desahucio, pero no concurren las circunstancias necesarias porque los tres adultos tienen trabajo actualmente.

«La cosa es bien compleja, pero hay que intentarlo. Nosotros venimos aquí a ganarnos la vida», cuenta Víctor cuando el desahucio ha finalizado oficialmente. Desde que se publicó la sentencia en noviembre no ha vuelto a pagarle un duro a José Luis, así que el agujero económico es casi el doble de lo que se lee en la sentencia. Concretamente asciende a 10.780 euros, según los cálculos realizados por el dueño. Lo dicho. Una historia sin vencedores.

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