Seguridad

El dueño de una villa en Ibiza se enfrenta a cinco multazos por protegerse con vigilantes sin licencia

La Policía Nacional recuerda que las sanciones pueden llegar a los 600.000 euros

Labor policial en la comisaría

Labor policial en la comisaría / Policía Nacional

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

La Policía Nacional ha propuesto la imposición de cinco multas de miles de euros al dueño de una villa en Ibiza por contratar a vigilantes sin licencia para proteger la finca.

Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando un individuo accedió al jardín de la vivienda y amenazó a un auxiliar de servicio que se encontraba en lugar ejerciendo funciones de seguridad. Poco después, el intruso huyó a la carrera.

El Grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos e inició los trámites pertinentes para comprobar la idoneidad de la prestación de los servicios de seguridad en la villa.

Tras la investigación, los agentes constataron que esta vivienda contaba con dos servicios de seguridad perfectamente definidos.

Uno era prestado por una empresa de auxiliares no autorizada a prestar este tipo de servicios y que empleaba a personal no habilitado como vigilantes de seguridad.

El otro servicio era ejercido por personal habilitado como de seguridad privada que realizaban sus funciones por su propia cuenta, sin estar integrados en ninguna empresa de seguridad privada.

Multas muy cuantiosas

Por estas infracciones, los agentes policiales incoaron cinco propuestas de sanción en materia de seguridad privada. Tres de ellas fueron tipificadas como muy graves: una multa a la empresa de 30.000 a 600.000 euros y dos al personal que empleaba de entre 6.000 y 30.000 euros.

Las otras dos infracciones fueron tipificadas como graves y correspondía al personal que sí estaba habilitado, pero que no formaba parte de ninguna empresa autorizada. En este caso, las multas oscilan entre los 3.000 y los 20.000 euros.

"Cabe destacar que la contratación de este tipo de servicios de seguridad en villas, debe de ser prestado siempre por personal habilitado y a través de empresas de seguridad privada autorizadas, de lo contrario también podrían conllevar sanciones a los usuarios por infracción muy grave de la Ley de Seguridad Privada, con multas que van desde 20.001 a 100.000 euros", recuerda la Policía en un comunicado.

Además, desde comisaría añaden que "la contratación de este tipo de servicios irregulares conlleva que ante intrusiones en viviendas puedan quedar desprotegidos, ya que este tipo de personal, al tener conocimiento de encontrarse en una situación irregular, es frecuente que abandonen el lugar, a diferencia de la contratación que se realiza a través de una empresa de seguridad privada, que ofrece garantías y seguridad jurídica".

Tracking Pixel Contents