Urbanismo
El Consell de Ibiza prevé desbloquear este semestre el urbanismo "insostenible" de Sant Josep
La aprobación inicial de las Normas Provisionales de Planeamiento pactadas en 2022 para resolver una gestión urbanística «imposible» acumula casi dos años de retraso

Vicent Roselló, el exalcalde Ángel Luis Guerrero, el presidente Vicent Marí y Mariano Juan, en noviembre de 2022, cuando se presentó el acuerdo. | J. A. RIERA
El Consell de Ibiza proyecta aprobar de forma inicial en este primer semestre del año las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) de Sant Josep para sustituir de una vez las Normas Subsidiarias obsoletas, en vigor desde 1986. La aprobación de este planeamiento urbanístico provisional, mientras se tramita un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), acumula ya un considerable retraso. Dicha normativa fue pactada en el pasado mandato por el Consell de Ibiza y el anterior gobierno municipal de izquierdas.
Entonces, cuando se presentó el acuerdo, en noviembre de 2022, el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, calculaba que en cuestión de unos meses, en febrero de 2023, hace ya casi dos años, se podría elevar a pleno la aprobación inicial de las NPP. Y, seis meses después, que es el plazo máximo que marca la ley, la aprobación definitiva.
Sin embargo, el retraso del Ayuntamiento en aportar una serie de documentos requeridos por el Consell y, luego, una modificación normativa del Govern balear que, en principio, parecía que afectaba a algunos falsos urbanos, provocaron el incumplimiento del calendario anunciado. Posteriormente, tras las elecciones locales de mayo de 2023, no sólo no se había aportado la documentación requerida sino que el nuevo gobierno del PP pidió al Consell cambios sobre la propuesta pactada con el PSOE.
A todo ello, se añade el cúmulo de trabajo del departamento de Territorio del Consell en la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Vila y la tramitación de la segunda modificación del Plan Territorial Insular (PTI). En este momento, el PTI se encuentra ya en manos de los organismos sectoriales que deben darle el visto bueno previo a su aprobación definitiva. Por ello, según explica el vicepresidente primero, Mariano Juan, los técnicos del Consell pueden dedicar ya toda su atención a la formalización de los cambios propuestos por el nuevo gobierno municipal para llevar a pleno, por fin, la aprobación inicial de las NPP. Hasta ahora no se había trabajado en los cambios que se deben introducir en el documento (el pactado y presentado en noviembre de 2022), pero sí en otras cuestiones de carácter técnico; en concreto, en «algunas incoherencias», según Juan.
El vicepresidente apunta que, en principio, los cambios solicitados por el gobierno municipal del PP «no son de calado», por lo que confía en que en este semestre el nuevo documento esté listo para su aprobación inicial. «Esto es lo que querríamos», subraya. Por encima de todo, Juan destaca la necesidad de que en el momento en que la propuesta se eleve a pleno esté «bien limpia», en referencia a que no haya cuestiones que posteriormente se deban subsanar. Esta condición es fundamental, según el vicepresidente, porque la ley fija un plazo de sólo seis meses, desde la aprobación inicial, para cursar toda la tramitación: exposición pública, respuesta justificada de las alegaciones y obtención de informes favorables de otros organismos). Así, la aprobación definitiva no se puede retrasar «ni un día», recalca Juan, transcurridos seis meses desde la aprobación inicial.
Urbanismo «imposible»
Cuando en noviembre de 2022 el pleno aprobó solicitar al Consell la suspensión de las Normas Subsidiarias de la década de los ochenta, el entonces alcalde socialista Ángel Luis Guerrero justificaba la necesidad de las NPP porque esta era la vía más rápida para salir de una situación urbanística «insostenible».
El planeamiento urbanístico aprobado en 1986 proyectaba hasta 80 áreas de actuación, pero de todas ellas sólo cinco o seis se han tramitado correctamente. El resto se ha desarrollado de manera parcial, lo que provoca que la gestión urbanística de Sant Josep resulte «imposible», según el documento aprobado (con el apoyo entonces también del PP) para justificar la solicitud de las NPP al Consell.
Desde los años ochenta el Ayuntamiento de Sant Josep concedió licencias para construir en suelos urbanizables, a pesar de que los promotores no hubiesen cumplido sus obligaciones de urbanización y cesión de terrenos a la Administración para la construcción de equipamientos públicos. De esta manera, en terrenos urbanizables no desarrollados se encuentran edificios y resulta «inviable la urbanización y obtención de suelo público», justificaba dicha propuesta, que agregaba que esto ha provocado situaciones de «desigualdad manifiesta», ya que algunos propietarios han podido edificar y otros no. Este «lío normativo» ha generado «un caos urbanístico y jurídico» que deriva en «la imposibilidad de continuar con la gestión de las actuales normas urbanísticas» porque se ha alcanzado «un punto de no retorno».
Calles sin salida
Para tratar de arreglar algo este problema, las NPP delimitan nuevas áreas de actuación para permitir «una cierta actividad urbanística de baja intensidad» y garantizar, con ello, «la pervivencia» de sectores mal gestionados. También se resolverán deficiencias como el hecho de que haya calles sin salida. En todo caso, no se incrementa el suelo urbano para no condicionar la futura planificación del municipio con el PGOU previsto y cuya tramitación puede prolongarse durante varios mandatos.
Con las NPP también se facilitaba la operación urbanística para construir en Can Raspalls las nuevas viviendas de los afectados por el desalojo de los apartamentos Don Pepe, pero el gobierno del PP ha dado un giro a la historia y apuesta ahora por permitir la rehabilitación de los dos edificios de es Codolar.
Entre otras cosas, en la nueva versión de las NPP, el gobierno municipal pide que se clasifiquen como sistemas generales terrenos rústicos en los cuales ya existen equipamientos. Con ello se pretende agilizar la reforma o construcción de nuevas instalaciones públicas, como una residencia para mayores en el aparcamiento situado junto al centro de salud de Sant Josep.
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