"Me quedo sin trabajo en Can Misses por un traspapeleo de la Administración"

En plena época digital, no son pocos los trámites administrativos que condenan al ciudadano de a pie a una absurda e inesperada ansiedad. Ni son pocos los que se hayan librado en algún momento de esta pesadilla. Elisa Sánchez acaba de ser víctima de la burocracia y ha perdido la opción de volver a trabajar como celadora en el Hospital Can Misses, tal y como ella deseaba, al menos durante un año. A no ser que se encuentre alguna solución extraordinaria. El presunto culpable, el Govern balear, achaca el problema a que la afectada no señaló una pestaña de un formulario para examinarse del A2 de catalán, el básico.

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La historia en sí es tan enrevesada como el propio papeleo. Se resume en que Sánchez no ha podido evaluarse de catalán porque no se incluyó en la convocatoria de Eivissa una prueba adaptada a sus problemas auditivos. Ella quiere y necsita ese título para que la vuelvan a llamar de la bolsa de trabajo de Can Misses. No se queja del requisito, que comprende ("entiendo el catalán y mi marido es ibicenco"), sino que la Administración no haya sabido solucionar su problema antes del miércoles. Ese día, acudía al examen "con toda la ilusión del mundo".

Sánchez sufre otosclerosis a raíz de un embarazo que le generó descalcificación en los oídos. No oye nada en el izquierdo, mientras que, a través de un audífono, puede llegar a un 50% de audición en el derecho. En la práctica, esta discapacidad significa que puede escuchar adecuadamente en distancias muy cortas y sin ruido ambiental. En caso contrario, necesita leer los labios de su interlocutor.

Discapacidad sensorial

Su discapacidad sensorial está reconocida y dispone de un informe de aptitud que le avala para trabajar. Desde junio a diciembre, lo hizo en el Hospital Can Misses como celadora, una tarea para la que cuenta con 3.000 horas de formación en cursos privados. De hecho, sigue ahondando en su vocación asistencial y estudia, a distancia, para convertirse auxiliar de enfermería.

Se da la circunstancia de que, si se saca el título de Enfermería, no necesitaría el título de catalán. El Govern eximió de ese requisito para trabajar en la sanidad pública a los profesionales sanitarios, como médicos y enfermeras, pero los celadores no están incluidos en esta excepción.

El contrato como celadora era temporal y lo único que le falta para que la vuelvan a llamar es la certificación en catalán. Con los puntos que tiene por su formación, además de no sufrir el habitual problema de residencia, no tiene dudas de que tiene la plaza asegurada cuando se saque el título. "No paran de decírmelo en la bolsa de trabajo de Can Misses", apunta. Se puso manos a la obra y se apuntó a clases privadas en una escuela de idiomas.

"Me he gastado 600 euros y ahora no me dejan examinarme", se resigna. Se inscribió a las pruebas evaluadoras del Govern en cuanto se abrieron las convocatorias, el pasado 18 de octubre. Se llevan a cabo dos evaluaciones anuales, una en enero y otra en mayo. No hay otra posibilidad de obtener el título.

El mismo 18 de octbure, acudió a la oficina de la conselleria de Familias y Asuntos Sociales del Govern balear en Eivissa. Allí solicitó el informe de aptitud para que le adecuaran el examen a su discapacidad sensorial. En la prueba escrita, hay ejercicios a modo de dictado, pero estos se llevan a cabo con grabaciones proyectadas en altavoces.

"Para que esté en igualdad de oportunidades, yo necesito escuchar esa voz con auriculares o con un casco que me aísle del ambiente, porque si no me llega como una música lejana", precisa. Otra opción es que el examinador lea frente a ella, así le llega mejor el sonido y puede leer los labios.

Mientras explica su caso, Sánchez muestra toda la documentación que acredita que siguió los pasos adecuados para pasar el examen. Adjunta copia de la solicitud de prueba adaptada, que fue remitida a la Dirección general de Atención a la Dependencia. Este informe llegó a tramitarse, como indicó ayer la conselleria de Bienestar Social. Así y todo, no pudo acceder a él el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), dependiente de la conselleria de Cultura del Govern balear y responsable de las pruebas de catalán.

Según explicó el director del IEB, LLorenç Perelló, en la solicitud para adaptar el examen figura una pestaña que da el visto bueno para que se pueda acceder al informe de discapacidad de la afectada, porque está inicialmente protegido por la Ley de Protección de Datos. Es decir, el informe se remitió el 18 de octubre desde la oficina del Govern, pero después el IEB no podía tener acceso a él porque no estaba marcado el apartado que lo autoriza.

Pero, en todo este tiempo, Sánchez creía que había cumplido con el papeleo correctamente. No le indicaron lo contrario en la oficina de la conselleria el pasado 18 de octubre, cuando le confirmaron que estaba enviado su informe. No fue hasta el 23 de diciembre que le dieron aviso con una llamada telefónica y un correo electrónico del IEB, en el que le solicitaban que tenía que enviar copia el informe de adaptación de la prueba de catalán.

"Yo no entendía nada, ¡pero si ya lo había enviado todo!", recuerda. Cabe tener en cuenta que todos los departamentos implicados pertenecen a la misma Administración autonómica, aunque a dos consellerias diferentes. Como Sánchez tenía toda la documentación guardada en el móvil, ya que en la oficina de Vila le dieron copia de todos ellos, adjuntó los archivos en su respuesta al IEB para acreditar que había cumplido con los trámites. Ya no recibió más respuesta.

El martes acudió tan tranquila al examen. La coordinadora le indicó que no constaba ninguna prueba adaptada para ella. Le ofrecieron la posibilidad de hacer la prueba en grupo, pero ella no puede escuchar los dictados.

La otra opción es presentarse en mayo, pero el destino le juega una broma pesada. "El día de la prueba de catalán en Eivissa es el mismo en que tengo que presentarme a los exámenes finales de auxiliar de Enfermería en Sevilla".

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