Justicia
Los jueces de Ibiza claman contra la reforma judicial: «Lo que se necesita es dinero»
El juez decano Sergio González se muestra crítico con la ley recién aprobada y escéptico con su aplicación durante los próximos meses en las Pitiusas

Sergio González, en su despacho de la sede judicial de Eivissa / Toni Escobar
Los jueces no creen que la reforma judicial que entró en vigor con el nuevo año vaya a servir para solucionar ninguno de los problemas que la justicia lleva arrastrando desde hace mucho tiempo. Es más, temen que, en algunos casos, incluso puedan agravarlos. Así de claro lo tiene el juez decano de Ibiza, Sergio González, quien considera que elevar la inversión pública es la única solución útil para resolver los males casi endémicos que acumulan los juzgados y tribunales españoles.
«Hace más de 15 años que se venía hablando de que se iba a hacer lo de la oficina judicial única. Todo el mundo pensaba que no se iba a hacer en la vida, porque es imposible de hacer. Y ahora van y te la colocan de la noche a la mañana», lamenta González en declaraciones a este periódico. El magistrado se refiere a la llamada Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, una norma publicada por el BOE el pasado 3 de enero y que España pactó con Europa dentro de todos los compromisos adquiridos para recibir los jugosísimos fondos europeos.
«Confusa y complicada» son los adjetivos que elige González a la hora de referirse a esta nueva ley, a la que también considera probablemente estéril. «Por un lado, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Y por otro lado, no va a suponer ninguna rebaja de la carga de trabajo. Si no hay más jueces y más funcionarios que resuelvan más asuntos en este caso no es que se quite trabajo, sino que se acumula todavía más. Si yo tengo que sacar dos mil asuntos y mi capacidad horaria da solo para mí, hay mil que se van a acumular. Hay más gallinas que entran de las que salen», lamenta.
«Va a ocurrir lo mismo que pasó en Palma, que era uno de los sitios que se eligió como piloto y a día de hoy no se ha puesto en marcha ni como piloto. Estoy seguro de que cuando llegue la fecha no va a cambiar nada», añade el juez decano de las Pitiusas, que accedió al cargo hace un año y medio. En la magistratura no entienden el sentido de esta reforma que pretende agilizar el sistema de justicia, sobre todo porque no va acompañada de la herramienta principal para lograr ese objetivo: mayor inversión pública.
Falta de inversión pública
«En ningún momento se habla de dinero. Se necesita invertir en medios personales, tecnológicos, en una Administración moderna avanzada con edificios y con mucho personal, sobre todo con mucho personal. Y con sistemas de gestión que sean lo mejor que hay», pide González. En este sentido, recuerda que él, cuando trabajaba en un importante bufete de abogados, contaba con «la última tecnología» para desarrollar su labor, mientras que ahora trabaja con «un sistema que se queda colgado todo el rato».
«Esto es como los delincuentes en Sudamérica, que tienen mejor armamento que la policía. Ellos van con un fusil de mira telescópica y el policía que lo persigue lleva una pistola. Quien de verdad quiera acabar con los delincuentes tiene que darle armas potentes a la policía. Y si no inviertes, los delincuentes se convierten en los amos de las calles», compara.
431 tribunales de instancia
Entre otros aspectos, la reforma, que se desarrollará progresivamente durante el próximo año, crea los tribunales de instancia y las oficinas municipales de justicia en sustitución de los actuales juzgados unipersonales y los juzgados de paz, respectivamente. El juez decano considera que «sobre el papel queda muy bonito», pero que «ponerlo en práctica es complicadísimo». «Porque no estamos hablando de una cosa pequeña, sino de cambiar toda la Administración de justicia en España y la gran cantidad de medios que supone modificar todo el sistema no se lo creen ni ellos», clama. El primer plazo importante de la reforma llegará dentro de tres meses, cuando los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) pasarán a ser obligatorios, y el punto álgido llegará el 1 de octubre. Para ese día, el nuevo tribunal de instancia de Ibiza tendrá que estar en funcionamiento.
La nueva ley supone la creación de 431 tribunales de instancia en todo el país que sustituirán a más de 3.800 juzgados unipersonales. Sergio González será el presidente del tribunal de instancia de Ibiza, que también incluirá a Formentera.
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