Infraviviendas
Los habitantes de Can Rova 2 se resisten a marcharse del asentamiento
Los dueños del terreno impulsan el proceso judicial para desalojar la zona, ocupada ilegalmente por inquilinos del Can Rova original, que ya fueron desahuciados

Galería: Santa Eulària no sabe cuántos menores viven en las chabolas de Can Rova 2 / Toni Escobar
Los habitantes del poblado chabolista de Can Rova 2 no tienen intención de marcharse del terreno que ocupan, contiguo a la finca de Can Rova (la original, que da nombre a este segundo asentamiento), de la que fueron desalojados por orden judicial el pasado 31 de julio. Tras esto, una parte de estas personas decidieron instalarse a muy pocos metros, en un solar en el barrio de Can Negre, justo al lado de la carretera de Sant Antoni, desde donde se ven infraviviendas de diferente índole: chabolas y caravanas o vehículos similares. La parcela en la que viven ahora estas personas tiene seis propietarios, que están impulsando un proceso judicial para desalojar la zona, pero el abogado de los ocupantes ya ha interpuesto un recurso.
Los propietarios registraron una demanda de juicio verbal «para la tutela de derechos reales inscritos en el registro de la propiedad» contra los «ignorados ocupantes». Resulta realmente complicado saber a ciencia cierta cuántas personas residen en Can Rova 2, ya que han impedido la entrada de los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària, motivo por el que no ha resultado posible certificar si hay demandados catalogados como vulnerables, a tenor de lo expuesto por el Consistorio. «Servicios Sociales no tiene acceso a Can Rova 2. No podemos confirmar este extremo», expone al preguntarle si alguna de estas personas cuenta con un certificado de vulnerabilidad. De hecho, varias personas que vivían en el Can Rova original ya declinaron hace meses ser atendidas por los servicios sociales.
Los ocupantes indican, en su respuesta a la demanda, que su establecimiento en el solar «trae causa de un título legítimo consistente en contrato de cesión que el Ayuntamiento ha celebrado con los propietarios para darles la alternativa habitacional que estaban pidiendo». Pero tal cosa no se produjo nunca. Ellos afirman que «se encuentran en posesión de la finca con el beneplácito del Ayuntamiento y de los servicios sociales», que les habrían dado permiso para establecerse en las inmediaciones de Can Rova. Así se lo explicaron los ocupantes a su abogado, pero, en todo caso, no hay ningún acuerdo por escrito y nunca dichos actores dieron permiso para que los desalojados se asentasen en Can Rova 2, ya que el 14 de agosto los propietarios interpusieron una denuncia por ocupación ilegal ante la Guardia Civil.
El Ayuntamiento
Además, tres días más tarde, la propiedad recibió una orden del Ayuntamiento de Santa Eulària en la que se comunicaba «la apertura de un expediente destinado a ordenar la ejecución del desalojo y limpieza de la finca». «Mis clientes denunciaron ante la Guardia Civil y luego se han reiterado, porque primero denunciaron la ocupación, pero es que luego se sumaron otras cosas. Pusieron una cadena, por supuesto sin permiso, impidiendo el paso de vehículos», destaca el abogado de los demandantes, Mariano Ramon Suñer. Además, explica que el poblado ha ido creciendo a lo largo de los meses. «Se ha denunciado muchas veces ante la Guardia Civil y también ante el Ayuntamiento. Es un uso ilegal de la finca (...) Es más, el Ayuntamiento nos había ordenado el desahucio. No hay autorización de ningún tipo y, evidentemente, los propietarios no se iban a responsabilizar de una situación ilegal», añade el abogado.
En su recurso, la parte demandada acusa a los demandantes de omitir que algunos de ellos son grandes propietarios. «En un caso como este, el actor tiene que informar si el propietario es un gran tenedor o si las personas que se van a desalojar están en una situación de vulnerabilidad económica o no. En la demanda no han especificado nada de esto. Parte de los propietarios de la finca son grandes tenedores a través de una sociedad en Barcelona», en palabras del abogado de los habitantes del asentamiento, David Fechenbach Marcos. Así, sostiene que en tal caso previamente «debe intervenir asuntos sociales y producirse una mediación para intentar encontrar una solución habitacional para estas personas». Ramon señala que cuatro de los seis propietarios «no tienen nada que ver con esa sociedad».
Por otro lado, añade: «Nosotros no pretendíamos el desahucio de una vivienda sino de una finca rústica. Difícilmente puede constituir la vivienda oficial de nadie, sobre todo para personas que han entrado sin el permiso de los propietarios». Estos también piden una caución de 15.000 euros para devolver la finca ocupada a su estado original. «Lo habitual son recaudaciones de 200, 300, 500… La jurisprudencia es bastante clara. La cifra no se ha justificado de ninguna manera. No han aportado ni una factura ni un presupuesto, ha sido un número al alza», critica Fechenbach. Ramon afirma que «devolver a su estado original la finca de Can Rova 1 ha costado mucho más» de 15.000 euros: «La factura la presentaremos cuando sepamos cuánto nos ha costado». Además, detalla, de memoria, que a la demanda respondieron «una veintena o una treintena de personas».
El abogado de los demandados explica que dentro de Can Rova 2 hay familias y que «están impidiendo que se empadronen, diciendo que es un terreno rústico y que este no puede ser una vivienda habitual, a pesar de que residen ahí siempre». Los ocupantes quieren crear una plataforma de afectados por el lanzamiento de Can Rova «para tener más capacidad de negociación». En el escrito de alegaciones sobre la caución y la solicitud de celebración de comparecencia, presentado ante el juzgado de primera instancia nº4 de Ibiza, Fechenbach aporta un informe de vulnerabilidad de una familia, pero no del Ayuntamiento de Santa Eulària, sino del de Ibiza, explica. También un segundo informe, pero elaborado por una asociación privada. «Los demandados se encuentran en una situación económica precaria y de absoluta pobreza», advierte.
En el Can Rova original, uno de los propietarios cobraba a las personas por vivir en infraviviendas dentro de dicha finca, hasta que el resto de propietarios, sus hermanos, consiguieron desahuciarle y desalojar el terreno a través de una orden judicial. Tras el desahucio, parte de esos ocupantes optaron por asentarse a muy pocos metros.
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