El PSOE recurre la amnistía urbanística en Ibiza por su «inconstitucionalidad»

El PSOE de Ibiza ha presentado una demanda contra la conocida como «amnistía urbanística», aprobada en junio por el Consell, y reclama su suspensión cautelar hasta que se resuelva el recurso. Por su parte, el equipo de gobierno del Consell recordó que esta es una medida que formaba parte del programa electoral del PP y que supone una solución para las viviendas de «cientos de familias», con ampliaciones fuera de ordenación, que ya no pueden derribarse ni sancionarse.

La portavoz del grupo socialista en el Parlament balear, Pilar Costa, compareció ayer en rueda de prensa junto a los consellers del PSOE en el Consell Elena López y Víctor Torres para anunciar que la demanda ya ha sido recibida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma. Con esta medida, el PSOE quiere revocar el acuerdo del pleno del Consell del 28 de junio, que daba luz verde a la aplicación en la isla del procedimiento de legalización extraordinaria de edificaciones cuyas infracciones hayan prescrito. Se trata de una prerrogativa contemplada en la Ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativa del Govern balear.

Los propietarios con viviendas en esta situación pueden acogerse a este proceso en los próximos tres años. Las construcciones se podrán incorporar a la ordenación urbanística con determinados requisitos y obligaciones, como las reformas para incorporar sistemas de ahorro hídrico, de eficiencia energética o de depuración de agua.

«Nulo de pleno derecho»

A la espera de que se resuelva este recurso, los socialistas reclaman que se suspenda cautelarmente la medida, además de que el caso se eleve al Tribunal Constitucional al entender que vulnera la Ley del Suelo «autonómica y estatal», según Pilar Costa.

Los socialistas esgrimen que este proceso de legalización «es nulo de pleno derecho», ya que la disposición adicional que abre esta posibilidad «no recoge ni una sola palabra de la motivación por la que se llega a esta amnistía urbanística», señaló Costa. Igualmente, critican que permite regularizar construcciones ilegales en suelo rústico, tanto en el común como en el protegido.

«Afortunadamente, ya existe mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional que pone en valor la protección medioambiental para que no se pueda ir contra la normativa estatal». Es decir, «las comunidades autonómicas solo pueden aumentar la protección [del suelo] pero no reducirla si no está motivado ni justificado [en el texto de la norma]», apuntó Costa.

Por su parte, la portavoz socialista en el Consell, Elena López, criticó que esta moratoria es una medida «arbitraria y clientelar» que beneficia a los particulares que han llevado a cabo obras ilegales. «Se fomenta la comisión de infracciones urbanísticas y supone un efecto llamada para seguir infringiendo la ley. El mensaje que transmite el PP es que no pasa nada», sentenció.

Problemas de masificación

Para López, la amnistía urbanística es contraria al interés general y prioriza «el de los infractores urbanísticos». «Se necesita una mayor protección territorial y de los recursos naturales ante los problemas que tenemos de falta de agua y de masificación», incidió.

La portavoz socialista en el Consell abundó en las críticas a una posible «inconstitucionalidad» de la amnistía urbanística: «Contraviene la Ley del Suelo estatal, así como las medidas de protección de suelo rústico que establece y que son competencia del Consell insular».

La réplica del Consell

Por su parte, el vicepresidente del Consell y responsable del departamento de Territorio, Mariano Juan, recordó que esta amnistía urbanística fue una promesa electoral explícita del PP. «Es el cumplimiento de nuestro programa», subrayó, además de advertir que, de salir adelante, la iniciativa legal de los socialistas dejará «en el limbo a cientos de familias ibicencas en viviendas que tienen heredadas y que ahora no pueden ser reformadas».

«Esta ley permite reconocer una realidad que existe, unas familias que existen y no supone, como dice el PSOE, añadir más presión [al territorio]», manifestó a través de un comunicado. Además, aseguró que «el impacto de esta ley sobre el territorio y los recursos es cero», ya que solo permite legalizar construcciones que ya no se pueden derribar, «para que las puedan reformar y tener los papeles en regla de una vez» y «pagando los tributos y sanciones correspondientes».

«Se trata de reconocer una realidad existente y que afecta a muchas personas», abunda Juan. «El PSOE se pierde en los juzgados. Le pedimos que vuelva a la política y a las propuestas sensatas», sentenció Juan.