Náutica

El Ejecutivo balear renueva la normativa de los chárteres

La conselleria del Mar busca, entre otras medidas, redefinir el concepto de la actividad

Jordi Sánchez

El Govern ha iniciado los trámites para mejorar y redefinir la normativa del alquiler de embarcaciones recreativas en Balears. Esta semana se publicará en la web de la Dirección general de Puertos y Transporte Marítimo el apartado de consulta pública previa para la modificación del Decreto 21/2017, de 5 de mayo, que regula este tipo de actividades. La consulta estará abierta durante 10 días para que la ciudadanía, las organizaciones y las entidades del sector expresen su opinión y aporten sugerencias sobre los puntos clave que deben abordarse en esta modificación.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, presentó ayer el mencionado trámite participativo. Durante su intervención, Lafuente subrayó que esta fase es una «oportunidad» para actualizar la normativa vigente, adaptándola a las nuevas necesidades derivadas del incremento de la actividad náutica en el archipiélago. «El alquiler náutico es una actividad estratégica para nuestra comunidad, tanto por su impacto económico como por la necesidad de garantizar que se lleve a cabo de forma segura, transparente y respetuosa con el medio», señaló el conseller.

Entre los principales objetivos que se plantean en la consulta previa están reforzar el control del alquiler náutico, combatir el intrusismo profesional y garantizar la sostenibilidad ambiental, así como facilitar el cumplimiento normativo mediante herramientas digitales más accesibles.

Destacan la redefinición del concepto de alquiler náutico, sobre el que se buscará especificar el alcance para combatir el chárter ilegal y garantizar que todos los operadores cumplan con los requisitos legales; la digitalización de los trámites; ajustes en los requisitos y documentación para adaptar las condiciones exigidas a las nuevas realidades del sector; una regulación del registro balear de embarcaciones, que contemplaría la creación y el desarrollo de un registro específico que permita un mayor control de las actividades; y promover prácticas responsables que garanticen la protección del entorno marino y un uso adecuado de los recursos disponibles.

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