Urbanismo

El Consell de Ibiza podrá multar la estructura de Cala Molí a mediados de febrero

Puede imponer hasta 12 sanciones coercitivas antes de derribar la mole

El plazo para presentar el proyecto de demolición finalizó en marzo de 2024

josep àngel costa

El Consell de Ibiza podrá empezar a imponer multas coercitivas a la empresa propietaria de la estructura abandonada de Cala Molí a partir del 15 de febrero, cuando se abre el plazo para penalizar administrativamente el incumplimiento de la orden de demolición de las obras. La inmobiliaria tenía de plazo hasta el mes de marzo del año pasado para presentar el proyecto de derribo, un trámite que finalmente no ha cumplido, mientras que el periodo para ejecutarlo finaliza dentro de un mes.

El Consell puede imponer hasta 12 multas mensuales por un valor de 25.000 euros cada una, una cifra que equivale el 10% del valor de la construcción existente. Una vez que finalice con todas estas sanciones coercitivas, la institución podrá iniciar los trámites para ejecutar el derribo de forma subsidiaria y pasar después el coste de los trabajos a la empresa propietaria.

Denuncia de 2005

Las obras de la estructura de Cala Molí fueron denunciadas por el Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Ibiza) en 2005 porque invadían una zona protegida como Área Natural de Especial Interés. Aquella actuación del GEN acabó destapando una trama de corrupción urbanística encabezada por el entonces arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz.

Aprovechando su puesto en el Ayuntamiento, Huerta acaparaba proyectos privados que eran incompatibles con su plaza de funcionario público, pero burlaba la ley recurriendo a su hijo y la pareja de este. Precisamente, el proyecto de la promoción de Cala Molí fue firmado por su nuera.

No obstante, al detectarse todas las irregularidades, la licencia de obras acabó siendo anulada. Posteriormente, el Consell, como responsable de las competencias urbanísticas en suelo protegido, dictó una orden de demolición de la construcción ilegal.

La mole que debe derribarse forma la estructura de una promoción que constaba de 16 estudios, dos viviendas y varias piscinas, con una extensión de 12.000 metros cuadrados. La promotora valenciana que inició los trabajos, Grupo Medi, quebró y entró en un concurso de acreedores.

Entonces, la finca pasó a manos de Inversiones Inmobiliarias Canvives Sau, que forma parte de la tupida red de empresas en España del fondo buitre Blackstone, que ha hecho caso omiso de la orden de demolición.

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