Apuntes

La estructura de Cala Molí sigue en pie a pesar de la orden de demolición

El plazo para presentar el proyecto de derribo al Consell de Ibiza expiraba en marzo del año pasado

La promoción inacabada fue adquirida por una de las empresas del fondo buitre Blackstone en España

Josep Àngel Costa

Josep Àngel Costa

La mole de hormigón abandonada que se encuentra entre Cala Tarida y Cala Molí arrastra ya dos décadas de vulneración urbanística y no hay constancia de que la empresa propietaria vaya a cumplir la orden de derribo que le impuso el Consell de Ibiza en septiembre de 2023, después ratificada en febrero del año pasado. De hecho, el plazo para presentar el proyecto de demolición expiraba en marzo del año pasado. Por su parte, el Consell aún no ha facilitado a este diario cuál es la situación actual de este expediente sancionador, una información que se viene solicitando desde el martes de la semana pasada.

La estructura en cuestión, que se encuentra en la calle Puig de Mar de Cala Molí, ha sido uno de los casos más sonados de la corrupción urbanística en Ibiza. El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) destapó su ilegalidad en 2005, cuando denunció que las obras se expandían por una Área Natural de Especial Interés, es decir, inedificable.

En esa época, las competencias de disciplina urbanística en las zonas protegidas aún correspondían a las administraciones municipales. En la hemeroteca de este diario, consta que ya en 2018 el Ayuntamiento de Sant Josep aseguraba que iba a poner punto final a esta edificación ilegal «en breve». Así lo indicaba el entonces concejal de Urbanismo y después alcalde socialista Ángel Luis Guerrero, que se encuentra bajo investigación por una supuesta trama de corrupción urbanística del Ayuntamiento.

El caso Huerta

No obstante, las irregularidades denunciadas por el GEN-GOB se produjeron durante la alcaldía del ya fallecido José Serra Escandell, del PP. La denuncia del GEN no solo supuso la paralización de las obras, sino que fue la punta de lanza que sacó a la luz otra trama de corrupción urbanística previa que encabezaba el entonces arquitecto municipal, Antonio Huerta Briz, también desaparecido.

En 2008 la Guardia Civil detuvo a Huerta, además de registrar sus despachos y el Ayuntamiento en la denominada Operación Pitiusa. La investigación concluyó que el arquitecto municipal acaparaba buena parte de los proyectos y direcciones de obra privados en Sant Josep, a pesar de que eran incompatibles por su condición de funcionario público.

Para burlar la ley, Huerta recurría a su hijo y a la pareja de este, también arquitectos, para que firmaran los proyectos. Este fue el caso de la promoción ilegal de Cala Molí, en la que el arquitecto municipal acabó informando favorablemente un proyecto de 12 apartamentos, 16 estudios, dos viviendas y varias piscinas que estaba a nombre de su nuera.

La trama familiar llegó a su fin una vez que el GEN advirtió que las obras superaban el perímetro urbanizable y se adentraban en la zona protegida por la Ley de Espacios Naturales.

Competencia del Consell

A raíz de otra normativa, la Ley de Urbanismo de Balears, las competencias de disciplina urbanística en zonas protegidas pasaron a los consells insulares en 2018. Por ello, fue el Consell de Ibiza el que después inició los trámites para reponer la legalidad en Cala Molí. Este proceso implicaba la demolición de una estructura de unos 1.200 metros cuadrados, tal y como ordenaba el expediente sancionador publicado en septiembre de 2023.

La estructura invade una zona protegida como Área Natural de Especial Interés.

La estructura invade una zona protegida como Área Natural de Especial Interés. / Toni Escobar

La propietaria de los terrenos, Inversiones Inmobiliarias Canvives Sau, una de las empresas que forma la red del fondo buitre Blackstone en España, presentó un recurso esgrimiendo que no tenía responsabilidad en las obras ilegales. La promoción había sido iniciada por una empresa valenciana, el Grupo Medi, pero se deshizo de sus propiedades al quedar en concurso de acreedores.

El Consell desestimó el recurso de Canvives Sau y en febrero del año pasado ratificó en un pleno la orden de demolición. Entonces, se daba un plazo máximo de un mes a la empresa propietaria para presentar su proyecto de demolición, sin que se tenga constancia del mismo.

Según aquella resolución del Consell, el derribo de toda la estructura y la restitución del estado original de aquella zona de Cala Molí debería estar resuelto a principios de febrero. El Consell también anunció en su momento que impondría hasta 12 multas coercitivas, de 25.000 euros cada una, si la empresa propietaria no cumplía con la orden de demolición, además de anunciar que podría hacerse cargo del derribo de la estructura de manera subsidiaria.

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