Política

Historia de una vieja reivindicación política de Ibiza: El disputado diputado Ribas o Marí

La iniciativa legislativa que pretende impulsar el Consell de Ibiza en el Parlament para conseguir uno o dos diputados más tiene mucha historia detrás, o poca, según se mire. Alianza Popular, a finales de los ochenta, y luego, en 2015, Gent per Ibiza, intentaron arreglarlo por la vía judicial. Sin suerte. Ahora se apuesta por un consenso político que parece que aún está muy lejos.

Una mujer deposita sus votos en unas elecciones locales en el colegio de Sant Agustí. | ISAAC BUJ

Una mujer deposita sus votos en unas elecciones locales en el colegio de Sant Agustí. | ISAAC BUJ

Eugenio Rodríguez Martos

Eugenio Rodríguez Martos

Hay que dar un salto en el tiempo de casi 40 años para situarse en el origen de la disputa, aún viva, por la representación ibicenca en el Parlament balear. Un 26 de noviembre de 1986, en esta institución, el grupo de los seis diputados ibicencos de Alianza Popular (AP), con el entonces presidente del Consell Insular de Ibiza i Formentera, Cosme Vidal, a la cabeza, y en el que también estaba Antoni Marí Calbet, que era conseller sin cartera del Govern balear, se levantaban de sus escaños y abandonaban la cámara balear después de que se aprobara la ley electoral balear.

Desfilaron hacia la puerta ante la mirada incrédula del entonces presidente de la Comunitat Autònoma, Gabriel Cañellas, también de AP, en señal de protesta por la negativa de los partidos de izquierdas y regionalistas a aceptar una representación parlamentaria paritaria corregida de todas las islas. Es decir, que Mallorca contara con 30 diputados, Menorca con 15, Ibiza con 13 y Formentera con dos. La intención era que Mallorca sumara los mismos representantes que el resto de las islas. Pero no hubo cuórum y salió adelante la llamada «proporcionalidad corregida», que se corresponde con la actual distribución parlamentaria balear: 33 diputados para Mallorca, 13 para Menorca, 12 para Ibiza y uno para Formentera.

Artículos de Diario de Ibiza sobre la aprobación de la ley electoral en 1986, las sentencias de 1992 y 2016 y las críticas de ahora desde Menorca por las formas del Consell de Eivissa. |

Artículo de Diario de Ibiza sobre la aprobación de la ley electoral en 1986 y el plantón de los diputados ibicencos de AP. / D. I.

Este reparto del pastel electoral fue aprobado con los votos del PSOE, Esquerra Nacionalista-PSM y Unió Mallorquina, que entonces ya ejercía el papel de bisagra con el que ha pasado a la historia, además, sobre todo, de por los casos de corrupción que forzaron su desaparición del mapa político. «Hoy es una fecha funesta para Menorca y Ibiza… podemos entonar un réquiem por la Autonomía», decía entonces Cosme Vidal, quien, en el bronco debate parlamentario, llegó a plantear que «lo óptimo sería una federación de islas con capacidad de autogobierno para cada una de ellas».

Todos los grupos políticos secundaron la presentación del dictamen de Castellà, en noviembre de 2022. |

Artículo de Diario de Ibiza sobre la desestimación del recurso de Alianza Popular. / D. I.

Alianza Popular recurrió a las más altas instancias de Madrid, en concreto al diputado Federico Trillo, para impulsar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley electoral. Los conservadores basaron su recurso, por un lado, en que la asignación de un único diputado a Formentera convertía el sistema de elección en mayoritario (gana el que logra un voto más) cuando, según la Constitución y el Estatut d’Autonomia de 1983, debía ser «proporcional».

Diferencia de 5.000 habitantes

Por otro lado, los conservadores alegaban que también atentaba contra la Carta Magna la asignación de un escaño más a Menorca que Ibiza cuando esta última tenía un mayor censo de población. En concreto, la diferencia se situaba entonces en 5.000 habitantes. Menorca contaba con 60.056 residentes y Ibiza, con 65.014. Cinco años antes, en 1981, antes de la aprobación del Estatut d’Autonomia la diferencia era de algo más de 2.000 habitantes.

El disputado diputado Ribas o Marí | J. A. RIERA

Todos los grupos políticos del Consell secundaron, en noviembre de 2022, la presentación del dictamen de Josep Maria Castellà. / J. A. Riera

El Tribunal Constitucional (TC) desestimó en abril de 1992 el recurso porque, entre otras razones, el censo de Menorca no era «significativamente menor». Incluso apuntaba que Menorca tenía una mayor población en edad de votar que Ibiza: 42.105 personas contra 42.032. La segunda razón en la que se basó la sentencia indicaba que en el cómputo de escaños había que tener en cuenta «la unidad de Ibiza y Formentera» que, entonces, formaban un Consell Insular único con 13 consellers/diputados.

Con la aprobación del nuevo Estatut d’Autonomia, en 2007, se consumó la separación política de Ibiza y Formentera y se agravó la infrarrepresentación ibicenca en la cámara balear debido al incremento de la diferencia poblacional con Menorca. Pese a ello, los dos grandes partidos, es decir PP y PSOE, no tomaron ninguna iniciativa para tratar de corregir esta anomalía.

Gent per Eivissa (GxE) intentó dar un golpe de efecto a la campaña electoral de 2015 con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a través del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). ¿Por qué entonces? Para tratar de evitar que los electores de Ibiza eligieran un diputado menos que los de Menorca pese a que la diferencia poblacional se había disparado hasta el 50% y, además, obtener un rédito en votos.

GxE accionaba de nuevo el resorte judicial con nueva munición: un auto del TC de 2008 que reconocía que «una prolongada inacción del legislador, consintiendo durante períodos excesivos alteraciones significativas que desvirtúen la proporcionalidad de la atribución de escaños, puede provocar la inconstitucionalidad sobrevenida de la norma».

Gent per Eivissa se queda solo

Después de que se frustrase la reedición de un nuevo pacto preelectoral de izquierdas, GxE presentó una candidatura en solitario tanto al Consell de Ibiza como al Parlament con Juanjo Cardona, destacado activista contra las autopistas, como candidato en ambas listas. En todo caso, el cerebro de la formación y el que ideó la estrategia electoral, judicializando la convocatoria de las elecciones, fue el abogado Josep Costa, que ha sido vicepresidente del Parlament de Catalunya.

GxE se quedó solo en Ibiza, y tampoco logró tampoco representación institucional. Todos los partidos se desmarcaron y rehusaron adherirse a su recurso pese a que el catedrático de Derecho Constitucional de la UIB Joan Oliver Araujo, jurista de prestigio, sí que avalaba, en una entrevista en Radio Nacional de España, la acción de GxE al afirmar que la situación es «radicalmente inconstitucional».

Sin embargo, el TSJB tumbó el recurso al considerar que «la diferencia de valor en votos de cada diputado no es inconstitucional si la ventaja no es evidentemente desproporcionada» y, en este caso, agregaba, no lo era. También decía, entre otras cosas, que la representación de Menorca y Ibiza está «adecuadamente proporcionada a la vista del porcentaje de votos conseguidos y los escaños obtenidos, máxime en comparación con la isla de Mallorca». No tuvo en cuenta la acusada diferencia de población y GxE lanzó su última carta en el TC, pero este ni siquiera admitió a trámite su recurso. Y ahí se acabó todo, al menos la vía judicial.

El intento de tijeretazo de Bauzá

Previamente, en la legislatura de los recortes (2011-2015), el Govern balear presidido por José Ramón Bauzá, entonces del PP, sacó las tijeras para tratar de reducir de 59 a 41 el número de diputados del Parlament, pero se olvidó de resolver el problema de la infrarrepresentación de Ibiza. En un ambiente de máxima austeridad propiciada por la crisis económica, la propuesta de Bauzá, que al final quedó en nada, suponía eliminar diez diputados de Mallorca, cuatro de Menorca y cuatro de Ibiza, por lo que se mantenía igual la desproporción entre las dos islas menores. Bueno, igual no, peor en comparación con 1986 debido al incremento de la diferencia entre el censo ibicenco y el menorquín.

El susto que provocó Bauzá y la acción judicial de GxE sirvieron al menos para despertar a los políticos ibicencos y para reactivar, aunque con cuentagotas, el interés por arreglar esta anomalía, que no deja de agravarse. La diferencia del censo ya se acerca a las 60.000 personas. Ahora, el Consell proyecta presentar, sin ninguna garantía de éxito aún, una iniciativa legislativa propia para lograr uno o dos diputados más para Ibiza sin tocar los de Menorca.

Descartada otra vez la vía judicial

La iniciativa legislativa propia que el Consell proyecta presentar este año en el Parlament balear se basa en el dictamen del catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona Josep Maria Castellà, de noviembre de 2020, que descartaba acudir de nuevo a la vía judicial. Pese a que «las circunstancias jurídicas han cambiado» desde que, en 1992, el Tribunal Constitucional tumbó el recurso de AP (la población de Menorca ahora sí que es «significativamente menor» que la de Ibiza), este experto no recomienda abrir un nuevo frente en los tribunales por «la incertidumbre del resultado y sobre todo por los múltiples obstáculos procesales y el largo tiempo que se necesitaría para alcanzar una conclusión».

Con el apoyo de todos los grupos políticos, el Consell de Ibiza ha optado por la presentación de una iniciativa legislativa propia, tal y como aconsejaba Castellà en su dictamen. Para ello, ya se ha cerrado el trámite de consulta pública previa en el que tan sólo se han registrado dos aportaciones, y de políticos: el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, y el exconseller de Ciudadanos Javier Torres. En todo caso, el camino que ha emprendido el Consell de Ibiza no ha sentado nada bien a los representantes en el Parlament de los partidos de la izquierda de Menorca porque supone la presentación de una propuesta unilateral, sin previa negociación. De hecho, el PP balear ya ha advertido de que para reformar la ley electoral tiene que haber «máximo consenso entre partidos e islas».

Las primeras reacciones evidencian que la vía política también se antoja complicada aunque todos los actores aseguren entender la reivindicación de Ibiza. De hecho, el Consell se plantea incluso una modificación mínima, con sólo un diputado más para Ibiza, para al menos «empatar» con Menorca a pesar de la acusada, y creciente, según las proyecciones demográficas, diferencia de población entre las dos islas. Hay antecedentes, en Castilla-La Mancha y Canarias, de situaciones idénticas a la de Ibiza que sí fueron corregidas.

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