Resistencias a la vía política

El dictamen del Consell desaconseja forzar una solución por la vía judicial

E. R.

La iniciativa legislativa propia que el Consell proyecta presentar este año en el Parlament balear se basa en el dictamen del catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona Josep Maria Castellà, de noviembre de 2020, que descartaba acudir de nuevo a la vía judicial. Pese a que «las circunstancias jurídicas han cambiado» desde que, en 1992, el Tribunal Constitucional tumbó el recurso de AP (la población de Menorca ahora sí que es «significativamente menor» que la de Ibiza), este experto no recomienda abrir un nuevo frente en los tribunales por «la incertidumbre del resultado y sobre todo por los múltiples obstáculos procesales y el largo tiempo que se necesitaría para alcanzar una conclusión».

Con el apoyo de todos los grupos políticos, el Consell de Ibiza ha optado por la presentación de una iniciativa legislativa propia, tal y como aconsejaba Castellà en su dictamen. Para ello, ya se ha cerrado el trámite de consulta pública previa en el que tan sólo se han registrado dos aportaciones, y de políticos: el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, y el exconseller de Ciudadanos Javier Torres. En todo caso, el camino que ha emprendido el Consell de Ibiza no ha sentado nada bien a los representantes en el Parlament de los partidos de la izquierda de Menorca porque supone la presentación de una propuesta unilateral, sin previa negociación. De hecho, el PP balear ya ha advertido de que para reformar la ley electoral tiene que haber «máximo consenso entre partidos e islas».

Las primeras reacciones evidencian que la vía política también se antoja complicada aunque todos los actores aseguren entender la reivindicación de Ibiza. De hecho, el Consell se plantea incluso una modificación mínima, con sólo un diputado más para Ibiza, para al menos «empatar» con Menorca a pesar de la acusada, y creciente, según las proyecciones demográficas, diferencia de población entre las dos islas. Hay antecedentes, en Castilla-La Mancha y Canarias, de situaciones idénticas a la de Ibiza que sí fueron corregidas.

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