Una treintena de pateras esperan en el puerto de Ibiza a ser destruidas

El puerto de Ibiza se ha convertido en un escenario de absoluto contraste entre los yates que se encuentran amarrados a la espera de revivir momentos de gloria en verano y el cementerio de pateras que sigue creciendo en el muelle comercial, testimonio mudo y visualmente demoledor de todos esos dramas que siguen teniendo como escenario principal el Mar Mediterráneo y, como línea de meta, las costas pitiusas.

Una treintena de estas embarcaciones se apilan una sobre otras, pintarrajeadas con grafitis que dan indicios de su pasado turbio. En sus cascos se han escrito siglas y números que identifican al organismo que las recogió y al día en que lo hizo. Por ejemplo, ‘GC-12/10’ se refiere a la Guardia Civil y al 12 de octubre; ‘SM 2/9/24’, a Salvamento Marítimo el 2 de septiembre de 2024. Son siempre embarcaciones pequeñas, nada que ver con los gigantescos cayucos que llegan a Canarias, y algunas están tan deterioradas que ayudan a imaginar las penurias que sufrieron sus tripulantes tratando de llegar al llamado primer mundo desde Argelia. A su alrededor, la vida diaria del muelle se va desarrollando con la tranquilidad que propone una soleada mañana invernal.

La pregunta que surge al contemplar todas esas pateras es: ¿por qué se apilan en mitad del puerto en lugar de ser transportadas hacia un vertedero, camino de una destrucción con plenas garantías como marca la ley? La respuesta, como ocurre en tantas ocasiones, aparece en un trámite administrativo que lo retrasa todo.

Acuerdo solo con Mallorca

Esta semana, Ports IB, el ente público balear responsable de las competencias y funciones ejecutivas de los puertos gestionados por el Govern (en Ibiza, los de Sant Antoni y Santa Eulària), ponía precio a lo que cuesta el transporte, desguace y reciclaje de una patera: 611 euros.

En el puerto de Vila, la responsabilidad de su gestión recae sobre la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que depende de Puertos del Estado, la autoridad pública nacional. Contactados por este periódico, desde la APB explican las claves de este engranaje entre administraciones públicas, más fluido en unos sitios que en otros. La ley marca que es el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática el que debe hacerse cargo de las pateras que llegan a las costas españolas. Más concretamente, la Delegación de Gobierno en cada región concreta que deba hacer frente a la llegada de estas embarcaciones a sus costas. Y aquí aparece el freno.

Porque la Autoridad Portuaria de Baleares tiene un acuerdo con la Delegación de Gobierno para que todas las pateras que lleguen a Mallorca sean rápidamente retiradas y destruidas. El objetivo de ambos organismos es que este acuerdo se extienda cuanto antes a Ibiza, pero, a preguntas de Diario de Ibiza, ninguna de las dos administraciones se atreve a dar una fecha concreta. Se espera que ocurra en las próximas semanas, pero hasta que se confirme oficialmente, el puerto de Vila seguirá siendo un cementerio de pateras a la espera de liquidación.

160.000 euros públicos

Cuando llega una patera a las costas de Ibiza, o es interceptada en sus inmediaciones por la Guardia Civil o Salvamento Marítimo, y una vez puestos a salvo sus tripulantes, es trasladada al puerto. El caso es que el siguiente paso de este proceso, la destrucción de las embarcaciones, ya está encarrilado, pero falta el mencionado trámite previo que está en manos de la Delegación de Gobierno.

Y es que el Gobierno español autorizó destinar un total de 160.000 euros a distintas empresas privadas para que se encargaran de la destrucción de pateras y cayucos que tocan tierra en las playas españolas, principalmente a Canarias, que absorbe aproximadamente a tres de cada cuatro migrantes que llegan a las costas españolas.

Uno de esos contratos se centra en el archipiélago canario y los otros dos en Balears, uno para Mallorca y el otro para Ibiza y Formentera.

Malestar en el Consell

Este último contrato público, referido única y exclusivamente a las Pitiusas, fue adjudicado por la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, dependiente del Ministerio de Política Territorial, a Herbusa a cambio de un montante total de 40.161 euros. Se trata de una compañía ibicenca dedicada a la gestión de residuos desde hace más de 60 años y que tiene como director gerente a Toni Ribas.

En conversación con este periódico, Ribas confirma que el acuerdo para la destrucción de las pateras está cerrado y que están a la espera de algún «trámite administrativo» para desplazarse hasta el puerto de Vila y comenzar el trabajo. Es decir, del mencionado visto verde de las autoridades nacionales. Diario de Ibiza se se puso ayer en contacto con la Delegación del Gobierno para aclarar el motivo del retraso en la autorización, pero no obtuvo respuesta.

Así que el asunto está paralizado y desde el Consell ibicenco se lo toman como una demostración más de la «dejadez» con la que, a su juicio, está actuando el Gobierno nacional en todo lo relacionado con la explosión de la ruta argelina de migración hacia Ibiza y Formentera. «Estamos a la espera de que el Gobierno central ejerza sus competencias y retire esas pateras. La ausencia del Estado en la isla está provocando situaciones como ésta», lamentan fuentes del Consell.

«La llegada masiva de pateras a la isla tensiona el servicio de menores del Consell a nivel de recursos e infraestructuras y hemos reiterado en diversas ocasiones al Gobierno Central que atienda esta ruta consolidada con Argelia ya que es un asunto de política migratoria», añaden.

A vueltas con la ruta argelina

Se trata de una nueva reclamación de las autoridades de la isla al Gobierno nacional, una más en una lista ya larga que ha ido creciendo a medida que la llegada de pateras a las Pitiusas ha ido creciendo de forma exponencial durante los últimos tiempos.

Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró el pasado mes de noviembre que la ruta migratoria entre Argelia y Balears no está consolidada. «Ninguna ruta de las mafias que favorezca la inmigración irregular es considerada como consolidada porque todo nuestro trabajo va en la dirección de poner esfuerzos para que las rutas no se consoliden, luchar contra las mafias y favorecer la migración segura, legal y ordenada», contestó el ministro ante una pregunta del PP en el Senado.

Los datos recogidos por Caminando Fronteras indican que el año pasado más de 500 migrantes perdieron la vida en la ruta argelina. En su demoledor informe que servía como radiografía de la migración hacia España, esta ONG también apuntaba que la ruta argelina es la más peligrosa de las que cruzan el Mediterráneo. El 60% de los migrantes que la utilizan son argelinos. Además, ha crecido la migración infantil, con adolescentes que viajan solos, pero también con niños de corta edad, en su mayoría acompañados por sus madres.

El atajo de Formentera

Pese a que el contrato público firmado con Herbusa también incluye a Formentera, en esta isla hace tiempo que decidieron actuar por su cuenta para retirar y destruir las pateras que se acumulaban en diferentes puntos de su costa.En noviembre, el Consell, cansado de «la negativa del Gobierno central de hacerse cargo de las embarcaciones que se encuentran en el agua», anunció que había contratado a la empresa privada Eivisub para que retirara 15 pateras de su litoral a cambio de una cantidad que «ronda los 15.000 euros, que es lo máximo autorizado para este tipo de contrato».Una diferencia importamte entre Ibiza y Formentera es que la segunda funciona como Consell y como Ayuntamiento. Por ello, tiene la competencia en materia de playas, algo que no ocurre en el caso del Consell ibicenco, ya que recae en los municipios.

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