Sant Josep pide al Consell que coloque vallas en la carretera para «proteger» el bar Can Jordi

El Ayuntamiento de Sant Josep ha pedido al Consell de Ibiza la instalación de biondas (vallas metálicas) en el entorno del comercio-bar Can Jordi, en la carretera de Sant Josep, para delimitar el acceso al camí vell de es Cubells y evitar que se puedan aparcar vehículos en el arcén de la vía principal. El alcalde, Vicent Roig, explica que, con ello, además, se pretende que los clientes del establecimiento, muy concurrido los días de concierto, «sólo puedan cruzar la carretera por un punto». Se trata, agrega, de «proteger este espacio que tiene su historia». El camí vell de es Cubells es el que pasa justo al lado del local hacia el sur y que, antes de que la propiedad delimitara la terraza con una valla de madera, lo ocupaban, en parte, clientes.

El informe técnico municipal en el que se basa el decreto de alcaldía de inicio de expediente de cierre del local indica que la actividad se halla en la zona de protección de carreteras (18 metros desde la aresta de explanación) y que, según la ley balear de carreteras de 1990, en este espacio «sólo se pueden ejercer usos compatibles con la seguridad vial, previa autorización del órgano gestor [el Consell]». También indica que «no consta» que el establecimiento cuente con este permiso.

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Al ser preguntado el alcalde sobre si es necesaria dicha autorización, Roig responde: «Depende. Hay una autorización anterior, la de licencia de comercio. Lo único que hay son medidas de protección por parte de la Administración complementarias a lo que tenga que hacer la propiedad», una vez que se cierre el expediente de clausura abierto y que Roig ya ha dicho que «se buscará la manera de solucionarlo» para que la actividad pueda continuar.

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El vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, asegura que el Consell ve bien la propuesta de Sant Josep de colocación de las biondas por «una razón estricta de seguridad, más allá de que haya o no una autorización de la actividad». «Se estudiará», apunta Juan, al tiempo que indica que, en otros puntos de la red de carreteras, en los que hay riesgos de seguridad se instalan biondas u otros elementos como «farolas o pasos elevados sin preguntar si se necesita o no permiso». «Si hay una situación de riesgo, se ha de actuar. No hay más», reitera.

Dicho esto, Juan indica que desconoce con qué permisos cuenta la propiedad del local y «si por lo que sea debe tramitar alguno, este deberá pasar por el departamento de Carreteras para que emita el correspondiente informe» sobre si el uso requerido es compatible con la seguridad viaria o qué medidas se deben aplicar para su autorización.

Medida cautelar descartada

Por su parte, el mismo informe técnico consideraba «suficientemente motivada la necesidad» de que se ordenase, como medida cautelar, la paralización de la actividad mientras se tramitaba el expediente de cierre. No obstante, «a efectos de minimizar los perjuicios inmediatos para los responsables de la actividad, dando prioridad a la seguridad de las personas», proponía «una medida cautelar de clausura parcial» consistente en la prohibición de la actividad en el exterior del local porque es «donde se concentra una mayor cantidad de personas que se exponen al riesgo que producen los vehículos que transitan por una carretera primaria a escasos metros de distancia».

Pese a la recomendación del técnico municipal, el alcalde optó, en la resolución del decreto, por no adoptar la medida cautelar apuntada. En concreto, el decreto, de fecha día 5 del pasado mes de diciembre, se limita a incoar el inicio del expediente administrativo «de cierre de la actividad inspeccionada» con la apertura de un plazo de 15 días hábiles para que la propiedad presente alegaciones. También se notifica que el plazo máximo previsto para resolver el expediente es de un año.

El alcalde justifica la decisión de no adoptar la medida cautelar propuesta por el técnico municipal en el hecho de que, según su criterio, se debía «esperar» a las alegaciones que pudiera presentar el afectado. Dicho esto, Roig sostiene que «sí se ha hecho caso al técnico» porque «se ha abierto y se tramita el expediente». «La propiedad tiene un margen de maniobra mientras se resuelven las alegaciones», insiste, al tiempo que destaca que «sí que ha habido medidas correctoras por parte de la propiedad a petición del Ayuntamiento» porque «ya no está la barra del exterior y la música se hace dentro del local».

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