Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza: «Vamos a ser implacables con los alquileres turísticos ilegales»

¿Se ha quitado un buen peso de encima con el sobreseimiento provisional de la causa por el vídeo ‘La Vida Islados?

Sin duda. Ha sido un gran alivio. Es un tema que surgió por diferentes intereses y que nunca debería haber llegado tan lejos. Se contrató el vídeo promocional en un momento catastrófico [la pandemia del covid], por emergencia, y finalmente la verdad ha salido a relucir. Nunca se me dio la oportunidad de explicarme ante la Oficina Anticorrupción ni en ningún momento previo a la querella. He tenido que pasar por un proceso largo y duro.

¿Se siente cabeza de turco?

Es un caso triste. La política debe hacerse en la calle y en las instituciones para resolver problemas de los ciudadanos. Querer deshacerse de un rival político con malas artes no es elegante. Es política sucia y he sido víctima de ella. Creo en el diálogo y en que se puedan alcanzar acuerdos entre diferentes partidos, pese a las diferencias. Llevar la política a los juzgados demuestra la incapacidad del PSOE para abordar los problemas de Ibiza de una manera propositiva, ya que éramos la única Administración que no gobernaba la pasada legislatura.

Usted siempre aparentó calma absoluta cuando acudió a declarar a los juzgados o se le preguntaba por el caso. Sin embargo, en su rueda de prensa del martes [para valorar el sobreseimiento provisional] se emocionó. ¿Revela esto que ha vivido un calvario?

He sufrido más por mi gente más próxima que por mí mismo. Yo sabía que todo [la contratación del vídeo] se efectuó de la mejor manera posible en esas circunstancias. Se recurrió a un contrato de emergencia, con gran implicación de funcionarios de la casa, entidades empresariales y los sindicatos a través de la mesa de diálogo. Todos aportábamos ideas que fructificaron en unas campañas para que Ibiza estuviera posicionada cuando abrieran los mercados. Unos consideraron que era una oportunidad para perseguir a una persona y no para buscar soluciones, pese a que en otras partes del país se recurrió al mismo contrato de emergencia para reactivar la economía.

Entre los grandes retos que mencionó en su mensaje de Navidad, destaca la sobreexplotación de los recursos hídricos. ¿Ha sido necesario que empezaran a secarse pozos y que la gente del campo se movilizara para que el Govern tomara iniciativas como los dispensadores en las desaladoras?

Las reservas están a un 37%, el nivel más bajo de la historia. El hecho de que se secaran perforadas ha sido un indicador muy claro y ha servido para crear una conciencia colectiva de esta gravedad. Nosotros ya éramos conscientes y en todos los Consell de Alcaldes de la legislatura se ha tratado este problema. Por eso, tomamos medidas como cortar el agua de las duchas en la playa, algo que incluso se nos criticó. Venimos de una falta de planificación en las últimas legislaturas y ahora se han programado una serie de actuaciones, como reparar fugas de las redes de abastecimiento municipales, reducir la salinidad de las aguas que llegan a la depuradora [para que puedan reutilizarse], ampliar la desaladora de Santa Eulària o construir una cuarta planta. Se trata de garantizar el suministro urbano, pero también que los pagesos puedan aprovechar sus perforadas y no se pierda la actividad agrícola.

¿Está a favor de limitar el consumo de agua de perforada en mansiones y jardines exóticos?

Sin lugar a dudas. El agua es un recurso muy escaso y la gente del campo es la más consciente de ello. Se debe gestionar con mucha prudencia y eficacia. Los que la malgastan deben saber que, aunque la puedan pagar, se trata de utilizar el agua de manera adecuada. Por eso, se posibilitará que se puedan regar los jardines o limpiar las calles con agua regenerada. Las desaladoras y acuíferos deben reservarse para el consumo humano

La recogida de firmas para exigir soluciones a la falta de agua reclama que el Consell asuma las competencias en recursos hídricos que ahora gestiona el Govern. ¿Es factible?

Agradezco a todos estos vecinos que han recogido 6.000 firmas en tan poco tiempo. Así se demuestra la preocupación existente. Debe controlarse el consumo, por eso está en marcha la instalación de contadores a los grandes consumidores y así monitorizar al momento cuánta agua se extrae. Se pondrán 300 inicialmente, pero se llegará a los 6.000. Siempre hemos defendido que deberíamos asumir las competencias, pero de manera escalonada. Primero hacen falta infraestructuras en depuración y desalinización, además de personal. La gestión más inmediata que podríamos recibir, junto con los ayuntamientos, es la limpieza de torrentes. Por otra parte, ahora estamos en un momento en que el Govern nos tiene en cuenta, de manera que existe una cogestión. Buena parte de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible se destina al ciclo del agua en la isla. Además, el gerente de Abaqua [Emeterio Moles] viene de Ibiza. Tenemos la tranquilidad, no como anteriormente, de que estamos siendo atendidos y de que quedan por delante muchos proyectos que, poco a poco, se harán realidad.

¿La falta de recursos hídricos es un indicador de que en la isla hay demasiada gente en verano?

Sufrimos saturación en momentos puntuales del año. Ibiza está muy demandada turísticamente, pero también llega mucha gente a buscar trabajo y aumenta considerablemente la población. De ahí que se congestione el tráfico. En octubre se aprobó en el Parlament la ley para regular la entrada de vehículos. Podremos empezar a fijar unos parámetros y conocer la presión de coches particulares, caravanas o las flotas de alquiler que inundan nuestras carreteras y espacios naturales. Si no llevamos a cabo políticas de control, seguirán los problemas de saturación, de acceso a la vivienda o en los recursos hídricos. En estas cuestiones, ha llegado el momento de decir hasta aquí hemos llegado. Debe combinarse el bienestar de los residentes con la industria turística y volver a percibir que los visitantes son positivos, cuando ahora existen indicadores que muestran lo contrario.

Se anunció que la ley de regulación de vehículos en Ibiza entraría en funcionamiento el próximo mes de junio. ¿Ya se ha fijado el cupo máximo de entrada?

Esta ley otorga capacidad al Consell para aplicar la regulación, que se va a implantar de manera progresiva. Empezaremos por las caravanas que invaden cualquier parte de la isla con el riesgo que conllevan, como espacios protegidos o playas. Seguiremos con las flotas de rent a car, porque no puede ser que en julio y agosto tengamos 10.000 vehículos de alquiler más que en el resto del año. Estas son las puntas de saturación que debemos regular. Por último, tocarán los coches particulares. Los estudios de carga determinarán la capacidad máxima que puede soportar la isla y se debe constituir el consorcio de movilidad sostenible, que será el órgano que velará por su cumplimiento. Este control se implementará dialogando con los rent a car o las navieras, porque necesitamos su información online. Los datos que nos llegan ahora son a posteriori, no los recibimos al momento para conocer el número real de vehículos que coinciden en la isla. Esta temporada se aplicarán las primeras medidas de control y en verano de 2026 se implantará toda la ley.

¿Este verano solo podrán entrar caravanas que tengan reserva en un camping?

Así es. Hay cuatro campings autorizados y, si no tienen reserva, cuando se supere el cupo de capacidad no podrán desembarcar. Ya no se podrá venir libremente en cualquier momento del año. No se trata de restringir la libertad de circulación, sino que es una cuestión de seguridad medioambiental.

¿Qué pasa con los vehículos que no son caravanas pero están modificados para dormir en ellos?

La casuística es muy amplia y compleja, se irá perfeccionando con el día a día. Nos tenemos que basar en la información de la Dirección General de Tráfico sobre caravanas, autocaravanas o campers. Además de navieras y rent a car, queda un trabajo de coordinación con la DGT y la Autoridad Portuaria de Balears

Muchos de los que vienen en caravana son trabajadores de temporada. Si no pueden venir con ellas, ¿teme que crezcan los campamentos como los de Can Burgos?

La vivienda es otro de los grandes retos. No podemos normalizar que se pueda vivir en una caravana o una infravivienda. Debemos tomar medidas para evitar que estos asentamientos vayan a más, porque no es manera de vivir ni de hacer vacaciones. Somos un destino turístico y no puede ser que los trabajadores tengan que vivir allí porque no encuentran una vivienda. Solo se debería venir a la isla a ganarse un salario con la garantía de acceder a una casa. El crecimiento económico no puede ir ligado al de las infraviviendas. Quizá debamos crecer menos para reducir estos asentamientos, porque no es digno que un trabajador que viene a crear riqueza deba malvivir.

Ya hay ibicencos que se ven obligados a salir de la isla porque no pueden permitirse una casa.

Si hay escasez, nos afecta a todos, también a los ibicencos. La actual generación y las futuras deben tener la oportunidad de vivir en su isla. La vivienda se está convirtiendo en un producto de lujo, cuando debe ser un derecho. Por eso, debemos luchar contra el intrusismo, construir VPO y vivienda a precio limitado. Se está trabajando en esta dirección desde la Administración autonómica y en el Consell invertiremos, junto con los ayuntamientos, en un importante programa de ayudas para la compra o el alquiler. No puede ser que haya 2.000 viviendas vacías en Ibiza por miedo a sacarlas al mercado residencial. Esto se debe a que los propietarios han pasado por una mala experiencia con inquilinos o prefieren destinarlas al alquiler turístico ilegal. Reclamaría al Gobierno central más seguridad para que los arrendadores puedan recuperar de manera ágil su casa una vez finalizado el contrato o en caso de impago del alquiler. Por otra parte, vamos a intensificar la lucha contra el intrusismo.

Los tres grupos de la oposición han criticado que la partida de tres millones de euros presupuestada por el Consell para vivienda en 2025 es insuficiente.

Cualquier cifra que se ponga va a ser insuficiente. El Consell no tiene competencias directas en vivienda, pero podemos apoyar a los programas de ayudas de los ayuntamientos. Es la primera vez que se lleva a cabo una aportación como estos tres millones que ponemos sobre la mesa y, si hacen falta más, se reforzará. Además, destinamos otros 400.000 euros al plan de prestaciones básicas para facilitar vivienda a las personas con problemas de inserción social. Puedo entender la crítica, pero se debe valorar la implicación del Consell en un asunto en el que no tiene competencia.

El plan contra el intrusismo cuenta con una inyección económica de 22 millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible para los próximos tres años. ¿Cómo se invertirán? ¿Con más inspectores?

Es un plan de choque muy ambicioso que aportará más recursos humanos para vigilar y tramitar expedientes sancionadores, así como medios informáticos para rastrear en la oferta de alquileres ilegales en internet. También se reforzarán las policías locales con agentes e instructores. Es un programa conjunto con los ayuntamientos, que requiere de coordinación y de la creación de una infraestructura para combatir el intrusismo. Debemos disuadir a la gente, que vean que el alquiler ilegal tendrá consecuencias económicas graves. Con las multas turísticas del Consell y urbanísticas de los ayuntamientos, se pueden imponer sanciones del mismo valor que la vivienda que se comercializa. Hasta ahora, si se cazaban 20 o 30 infractores, quedaban otros 200 a los que no se llegaba. Se ha acabado la impunidad y ahora seremos implacables, porque estos alquileres turísticos ilegales nos generan gran parte del problema de acceso a la vivienda que sufrimos. La lucha contra la competencia desleal también se centrará en el transporte ilegal. Va a haber recursos y medios suficientes para perseguir a toda esta gente que quiere sacar beneficio de Ibiza sin dejar nada a cambio en la isla.

Respecto al transporte ilegal, en los presupuestos de 2024 se preveía ingresar 900.000 euros en sanciones y, finalmente, se ha quedado en 391.000. ¿Se pueden ejecutar las sanciones eficientemente? En el caso de la vivienda, se detectó que buena parte de las infracciones por alquileres turísticos las cometían argentinos e italianos. ¿A esta gente se les acaba cobrando?

Se les acabará cobrando y tendrán una presión constante encima. Ahora tenemos un nuevo director insular [Enrique Gómez Bastida, excomandante de la Guardia Civil] para coordinar los trabajos contra el intrusismo. La voluntad política es clara. Las multas se imponen y se cobran. En el caso de algunos infractores que están aquí de paso y desaparecen, no podremos ir a otro país a cobrarla. Pero si están en Ibiza, deberán pagar.

Ibiza se ha convertido en un destino migratorio fijo que cada vez va a más y el presupuesto de los servicios sociales se ha incrementado en un 13%. ¿Este aumento se debe a la atención a los menores inmigrantes?

La situación desborda nuestra capacidad de gestionar una competencia que no estaba pensada para atender a los menores que llegan en patera. No tenemos recursos suficientes y cada vez debemos poner más. No se trata solo de una cuestión económica que nos dispara los costes, es que no hay personal, ni encontramos, para atender a esta llegada masiva. El personal del Consell asume una labor encomiable, pero está al límite de su resistencia. Hemos pedido auxilio, porque se trata de una cuestión de política migratoria y exterior del Gobierno central. Se necesita algún acuerdo con Argelia para que no salgan estas barcas y, si llegan, los menores deben poder regresar con sus padres a sus países. Pero esta vía ahora está cerrada. No es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de capacidad para dar atención a estas personas. El Consell se hace cargo de 180 menores, de los que la mitad han llegado en patera. Hemos licitado un contrato para acoger a 32 de ellos y se nos ha quedado desierto dos veces, porque no se encuentra personal ni vivienda. He enviado cartas de auxilio al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, y aún esperamos respuesta.

¿Cuánto significa económicamente para el Consell de Ibiza esta atención?

En 2019, se destinaban tres millones de euros al servicio de menores. En 2025 serán casi nueve millones. Sacamos una licitación de servicio en la que la atención a cada menor suponía unos 7.000 euros mensuales. Ninguna empresa se interesó en ese concurso. Ahora estamos a punto de adjudicar el contrato para 32 plazas, con un coste de 9.000 euros al mes por cada menor.

¿Tendrá Ibiza la nueva concesión de autobuses en 2025?

Está a punto de adjudicarse, porque ya se han abierto las tres ofertas económicas que se han presentado al concurso público. Se están evaluando y, en principio, se adjudicará en enero. Aunque posiblemente alguna empresa recurrirá. Confío en que en 2025 ya se vean autobuses nuevos por nuestras carreteras, muy diferentes a los que dan servicio ahora con concesiones caducadas desde hace muchos años. El resto de Balears están en las mismas circunstancias y nosotros seremos los primeros con una nueva contrata de transporte público, con más rutas y frecuencias. La ley de regulación en la entrada de vehículos debe ir acompañada de un buen transporte colectivo.

Al vertedero de Ca na Putxa le queda capacidad para pocos años. Un informe externo indica que la solución idónea para el tratamiento de residuos era trasladarlos a la incineradora de Palma, pero el Consell de Mallorca se opone. ¿Se les podrá convencer?

No debe descartarse esta opción y se está negociando. Si en la misma Comunitat Autònoma existe una planta incineradora con capacidad, se deben agotar los recursos que están infrautilizados. Nuestra voluntad es preparar un plan piloto para evaluar cómo funciona el traslado de residuos. Esto nos daría oxígeno, porque una parte del volumen que acaba en Ca na Putxa acabaría en la incineradora de Palma, donde se aprovecha para generar energía. Lo más importante es reducir al máximo la basura que se genera y reciclar al máximo. Pero quedará una parte de residuos que, como se descarta un nuevo vertedero en Ibiza, deberá trasladarse fuera o incinerarse. En el mes de enero iniciamos un proceso participativo para estudiar las alternativas y que el futuro de la gestión de residuos en Ibiza sea fruto del máximo consenso posible. No descartamos ninguna solución.

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