La interventora del Consell de Ibiza también recurre el auto de ‘La Vida Islados’

El PSOE también presentará un recurso contra el sobreseimiento provisional de la causa

La interventora junto a uno de sus abogados en la puerta de los juzgados.

La interventora junto a uno de sus abogados en la puerta de los juzgados. / Vicent Marí

La defensa de la interventora del Consell de Ibiza, Marian Tur Díaz, tiene previsto recurrir el auto de sobreseimiento provisional dictado por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, Rubén Ortega, de la causa abierta por la contratación del vídeo promocional ‘La Vida Islados’ durante la pandemia del covid.

David Salvá, letrado de la interventora, que ha denunciado al presidente Vicent Marí por los delitos de acoso laboral y coacciones, explicó ayer a este diario que «en principio» recurrirán el auto dictado en primera instancia.

Uno de los detalles más curiosos que desvela el juez en su resolución está relacionado con las grabaciones que hizo la interventora de conversaciones con «personas con las que trabajaba en el Consell», entre ellos Marí. «Durante cuatro años grabó a compañeros, colegas, superiores, inferiores, sin que ellos lo supieran, sin que ella se lo dijera y en ámbitos y conversaciones en sus oficinas y despachos», se indica en el auto.

"No se observan conductas (...) como presión violenta o atentado contra la libertad"

El juez advierte con respecto a esta aportación a la causa de la interventora, que «deben valorarse con cautela respecto al rol de la persona que graba (que sabe que se está grabando) y que tiene en sus manos el poder que le da guiar una conversación, sacar un tema u otro, hacer decir tal o cual cosa».

La interventora, al fondo, escucha a sus abogados, que se dirigen a la prensa.

La interventora, al fondo, escucha a sus abogados, que se dirigen a la prensa. / Vicent Marí

Y sobre su contenido, concluye rotundo: «En todos esos audios (desde noviembre de 2019 hasta, al menos, mayo de 2023) no se observan conductas atribuibles a [Vicent] Marí que puedan entenderse como presión violenta o atentado contra la libertad, ni hay un solo grito o término injurioso o humillante».

En el auto, el juez analiza además el posible delito de coacciones o acoso laboral que tendría como supuesta víctima a la propia María Ana Tur, que se remite a tres situaciones diferenciadas: la aprobación de los presupuestos en diciembre de 2019, la tardanza en ser nombrada interventora del Consell y la mencionada campaña de publicidad. «Llevo cuatro meses y tengo unos dolores de cabeza que no me aguanto», le cuenta Marí a Tur con confianza, en una de las conversaciones que cita el juez para demostrar el tono cordial entre ambos y que, según su argumentación, es incompatible con una situación de acoso.

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