El Supremo encarga al PP la acusación al Govern Prohens en el ‘caso Koldo’

El Tribunal Supremo ha asumido de facto el grueso del caso Koldo que instruía la Audiencia Nacional, a raíz de la implicación en la presunta organización criminal del aforado José Luis Ábalos. A la hora de llevar a cabo el interrogatorio de los cabecillas de la trama, el magistrado Leopoldo Puente ha acometido una decisión procedimental que golpea de lleno a la implicación de Balears en la corrupción analizada. Al unificar forzosamente a todas las acusaciones en el Partido Popular, el nuevo instructor encomienda al PP la labor de acusación al Govern de Marga Prohens, salpicado en la fase final del escándalo y que comparte color político con el único denunciante autorizado.

Las acusaciones populares del caso Koldo forman un abigarrado colectivo, con marcas tan señaladamente conservadoras como Hazte Oír, Iustitia Europa o el propio PP. Comparten la labor de denuncia con colectivos progresistas como Adade, Asociación de Abogados Demócratas por Europa. La consolidación de esta amalgama en manos de los populares impide a los restantes colectivos el interrogatorio a los investigados. Tampoco pueden estar presentes en la sala donde tiene lugar la comparecencia de acusados y testigos, ni siquiera se les permite seguir las sesiones por vídeo.

Si la decisión unificadora ya afecta al conjunto de la investigación, adquiere una perspectiva embarazosa cuando el PP presumiblemente estatal concentra la responsabilidad de esclarecer uno de los capítulos más espinosos del escándalo. En concreto, la fase en la que «se ha llegado a acreditar mediante las intervenciones telefónicas cómo, incluso, en diciembre de 2023 y enero de 2024, Koldo recurría a Ábalos para actuar en beneficio de Soluciones (proveedora de las mascarillas fraudulentas) frente a la Administración Balear, y la deuda millonaria que le reclamaban».

Si bien la instrucción inicial procede del juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, la cita corresponde al auto mediante el cual se acepta la competencia de la instrucción de la trama de Koldo por parte del Supremo. Los magistrados se admiran concretamente de que el padrinazgo de Ábalos, que ha redundado en el cambio de jurisdicción, «no quedó circunscrito a la permanencia en el ministerio» de un político destituido de Fomento en julio de 2021.

Tanto «en diciembre de 2023» como «en enero de 2024», el IB-Salut que llevó a cabo la compra efectiva de cuatro millones de euros en mascarillas, y que solo teóricamente perseguía el fraude del material entregado, estaba en manos del Govern del PP. Aunque se puede alegar que el ministerio público encarnado en la Fiscalía Anticorrupción cumple de manera destacada con la función acusadora, la retirada efectiva del panel de instituciones personadas dificulta objetivamente la aclaración de este capítulo todavía en penumbra.

Por extraña que suene en teoría la connivencia arraigada telefónicamente entre Ábalos y una Administración del PP, el calendario demuestra que la intermediación «surtió efecto», en palabras de la Audiencia Nacional. Se tranquilizó a la trama con la certeza de que se dejaría caducar la reclamación, siempre según la instrucción corroborada por el Supremo, y así ocurrió con el PP en el Consolat.

En las disposición actual de las acusaciones unificadas bajo el manto impuesto del PP, el perdón del ejecutivo popular a la trama será cuestionado únicamente por el propio partido, con un resultado tal vez previsible. La deferencia del Supremo hacia el partido de Núñez Feijóo no ha sido pacífica. Esta misma semana, las acusaciones populares postergadas no solo expresaban su disconformidad con la «expulsión», sino que anunciaban quejas ante el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Abogados madrileño.

La situación planteada por la polarización de las acusaciones populares en el PP es tan significativa para el desarrollo de la instrucción que el jueves propició una rueda de prensa conjunta de Hazte Oír, Iustitia Europa y Adade. Por encima del abismo ideológico, solicitan al Supremo que «corrija su decisión». En ningún caso se han referido a la particularidad mallorquina, que acentúa la contradicción de que el PP tenga que aclarar una conducta comprometida del propio partido. No como lógico defensor, sino desde la acusación.

Tras el primer estallido del caso Koldo en febrero, Ábalos ya defendió la limpieza de su actuación, pero con la muletilla de que en Balears sí se había producido una auténtica «estafa». Se refería a la aceptación tácita por parte del Govern Armengol de cuatro millones de euros en mascarillas fraudulentas, que no reclamó en tres años, ni siquiera tras la visita al IB-Salut de la UCO de la Guardia Civil para requisar la documentación. Más extraño todavía resulta que los nuevos gestores del PP tampoco sustanciaran ningún trámite, hasta que se destapó la proyección penal del rentable suministro emboscado en la covid.

Suscríbete para seguir leyendo