El único lunar en la aplastante victoria judicial del presidente del Consell de Ibiza

Vicent Marí recibió el pasado lunes su regalo de Navidad soñado, el sobreseimiento provisional de la causa judicial en la que era investigado por tres posibles delitos: prevaricación, tráfico de influencias y acoso. El president del Consell conoció con inmenso alivio, e incluso públicamente emocionado, el dictamen de Rubén Ortega, magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza. El auto judicial es un documento de 34 páginas que solo pone un primer punto y aparte en el proceso, ya que el PSOE ha anunciado que lo recurrirá y se espera que la otra parte personada, en representación de la interventora de la institución, María Ana Tur Díaz, haga lo propio.

El caso se remonta a mayo de 2020, en la fase más dura de la pandemia del covid, cuando el Consell decidió invertir por vía de emergencia un total de 735.000 euros en distintas campañas de publicidad turística. «Por razones que se desconocen, solo se ha cuestionado una de esas partidas», se sorprende el juez en su auto, en referencia a la campaña ‘La Vida Islados’, que costó 250.000 euros y fue adjudicada a la productora Fuera de Escena Ibiza y es el origen del caso.

Archivada provisionalmente la causa contra el presidente Vicent Marí por 'La vida Islados'

En primer lugar, el juez pone el foco en el posible delito de prevaricación, al haberse realizado las contrataciones de emergencia debido al covid sin seguir los procesos habituales, muchos más dilatados. El juez cree que los informes realizados en aquel momento por los técnicos «justificaban la importancia de reactivar con inmediatez el turismo en Ibiza», y añade que «el sector turístico supone el 90% del PIB en Baleares». Por ello, contratar de emergencia era la única forma de «garantizar una respuesta ágil y realizar las distintas actuaciones promocionales de una manera inmediata y urgente».

El auto recuerda que, entre marzo y diciembre de 2000, «se tramitaron en España por la vía de la emergencia cerca de 1.000 contratos de publicidad». «En definitiva, en la instrucción no se han revelado datos indiciarios de que [Vicent] Marí Torres, de manera intencional y consciente, dictara resolución alguna manifiestamente injusticia o arbitraria», zanja este primer apartado.

Tráfico de influencias

El segundo bloque del auto se destina a analizar si el presidente del Consell pudo cometer un delito de tráfico de influencias a la hora de decidir qué empresa debía realizar la campaña a cambio de un cuarto de millón de euros de dinero público. Ortega expone que Marí «impulsó la campaña publicitaria», un hecho «reconocido públicamente por él mismo desde el principio», pero que «la concreción, determinación y tramitación de la misma fue realizada por personal del Consell, sin su intervención directa», tal y como concluye tras analizar todos los informes y declaraciones judiciales que obran en la causa.

«La sospecha inicial era la posible existencia de alguna relación especial entre Marí Torres y la pareja de Adriá Tugués, de Fuera de Escena, SL, al que se quisiera beneficiar expresamente. Pero las vagas sospechas iniciales no han sido confirmadas con ningún dato», dice el juez. La pareja de Tugués es Miriam Juan, que fue concejala de Puig d’en Valls entre 2007 y 2011, cuando Vicent Marí era el alcalde de Santa Eulária. Miriam Juan dejó la política hace más de una década y, según declaró ante el juez, nunca volvió a tener contacto con el actual presidente del Consell.

«No hay indicios de que Marí Torres quisiera torcer su parecer jurídico para beneficiar a amigos, o por ajenos intereses alejados al bien público. Tampoco hay indicio alguno de que buscara directa o indirectamente algún beneficio económico. En definitiva, no hay indicios de conducta de tráfico de influencias», sentencia el magistrado.

El único lunar que deja el auto sobre Marí es una conversación que mantuvo con la interventora, María Ana Tur Díaz, acusación particular y principal impulsora del proceso contra el president junto con el PSOE. Tur , en esta grabación de una conversación entre ambos en su despacho, se oponía a que se tramitara la campaña de publicidad por vía de emergencia. El president reconocía que «puede ser que [la campaña] esté mal tramitada», pero que no pensaba echarse atrás porque se trataba de «una emergencia como una catedral». «Puede haber errores o meteduras de pata, lo raro es que no los haya, pero si son subsanables se subsana y si no, los asumiré yo», prometía Marí en dicho diálogo.

Las grabaciones de la interventora

En el auto, el juez destaca que la interventora ha aportado a la causa «audios grabados por ella misma a personas con las que trabajaba en el Consell. Durante cuatro años grabó a compañeros, colegas, superiores, inferiores, sin que ellos lo supieran, sin que ella se lo dijera y en ámbitos y conversaciones en sus oficinas y despachos». Y advierte: «Parece obvio que quien tiene unas grabaciones tan profusas y de tantas personas tiene un poder evidente sobre esas personas, las cuales no pueden recordar bien qué dijeron aquel día o este otro, o si estuvieron más o menos afortunados en una discusión privada. Y no saben además, quién más ha podido escuchar esas conversaciones o cómo se van a usar en el futuro».

Las grabaciones, apunta el juez, «deben valorarse con cautela respecto al rol de la persona que graba (que sabe que se está grabando) y que tiene en sus manos el poder que le da guiar una conversación, sacar un tema u otro, hacer decir tal o cual cosa. Pero lo cierto es que son muy interesantes para comprender en tiempo real el comportamiento y el talante de los que están siendo grabados sin saberlo».

Y el auto concluye: «En todos esos audios (desde noviembre de 2019 hasta, al menos, mayo de 2023) no se observan conductas atribuibles a Marí Torres que puedan entenderse como presión violenta o atentado contra la libertad, ni hay un solo grito o término injurioso o humillante».

Acoso

Por último, el juez analiza el posible delito de coacciones o acoso laboral que tendría como supuesta víctima a la propia María Ana Tur, que se remite a tres situaciones diferenciadas: la aprobación de los presupuestos en diciembre de 2019, la tardanza en ser nombrada interventora del Consell y la mencionada campaña de publicidad. «Llevo cuatro meses y tengo unos dolores de cabeza que no me aguanto», le cuenta Marí a Tur con confianza, en una de las conversaciones que cita el juez para demostrar el tono cordial entre ambos y que, según su argumentación, es incompatible con una situación de acoso.

«Existía un cauce de comunicación, los términos son de educación y respeto y las dos posturas se confrontaron dialogando, argumentativamente. El tono que usa Marí Torres siempre es cercano y razonable», añade Ortega, quien desmonta los argumentos de la denunciante y, en su descargo, subraya que «el puesto de viceinterventora es especialmente delicado» y que «se puede entender perfectamente la situación de ansiedad y estrés creciente de Tur Díaz».

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