El caso del quiosco de Cala Gració se juzgará en febrero al no llegar a un acuerdo las partes

La vista previa que se ha celebrado esta mañana de jueves en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma por el caso del chiringuito de Cala Gració, se ha cerrado sin que las dos partes implicadas, los representantes de la empresa promotora y los de los acusados, el exalcalde de Sant Antoni Antoni José Tur Cires y la concejala socialista Cristina Ribas, hayan sido capaces de llegar a un acuerdo. Ambos están acusados de un delito de prevaricación.

De esta manera, y según confirman desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el caso, que juzga la decisión del entonces equipo de gobierno progresista de impedir la instalación de un quiosco desmontable que había sido autorizado por la Demarcación de Costas, se juzgará entre los días 3 y 7 de febrero.

Citan al exalcalde de Sant Antoni por frenar la instalación de un chiringuito y la Fiscalía pide su absolución

La Fiscalía solicita que tanto Tur como la entonces regidora de Urbanismo, Cristina María Ribas, también encausada, sean absueltos del delito de prevaricación del que se les acusa.

Según relata el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, el 23 de mayo de 2018 el departamento de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento de Sant Antoni dictó un decreto en el que se advertía a la empresa perjudicada que no podía iniciar su actividad, pese a que inicialmente había recibido permiso, en tanto no se expidiera un certificado municipal de finalización de obras.

Este decreto fue redactado con posterioridad a un acuerdo de la Junta de Gobierno municipal fechado a 25 de abril por el que se concedía a la misma compañía el permiso de instalación que previamente había solicitado.

Un bar, un baño, una tarima de madera...

En concreto, para la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre mediante la colocación de unas instalaciones desmontables --consistentes de un bar, un baño, una tarima de madera, 11 mesas y 38 sillas-- en la zona de Cala Gració y por un periodo de cuatro años, entre 2017 y 2020.

Esta decisión, además, venía refrendada por la resolución dictada en julio de 2017 por la Demarcación de Costas de Baleares, en la que se dio luz verde a la instalación.

De cualquier modo, apunta el Ministerio Público, los acusados apoyaron su decisión de desautorizar la instalación en sendos informes elaborados por una arquitecta municipal y una inspectora de urbanismo, en la que se advertía de las irregularidades que presentaba el proyecto del chiringuito y se cuestionaba su adaptación a lo verdaderamente autorizado.

Así, el fiscal considera que no ha quedado acreditado que el cambio de criterio respecto a la legalidad de la concesión estuviera motivado por su propósito de perjudicar a la empresa mediante una decisión injusta y que, por lo tanto, los hechos narrados no son constitutivos de delito y deben ser absueltos.