La Audiencia celebra la vista previa del juicio contra el exalcalde José Tur por el chiringuito de Cala Gració

La Audiencia Provincial celebra mañana, en Palma, la vista previa del juicio por el caso del chiringuito de Cala Gració por el que están acusados el exalcalde de Sant Antoni José Tur Cires y la concejala socialista Cristina Ribas. Ambos están acusados por la supuesta comisión de un delito de prevaricación por impedir la apertura del chiringuito desmontable que había sido autorizado por la Demarcación de Costas y el Ayuntamiento.

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Este acto previo al juicio se convoca para analizar si es posible un acuerdo entre las partes para evitar la celebración del juicio. La jueza instructora decretó la apertura de juicio oral hace casi tres años. La acusación particular, que ejerce la promotora del chiringuito, pide una pena de 12 años de inhabilitación para empleo y cargo público para los dos acusados. Sin embargo, la Fiscalía no presentó escrito de acusación al entender que las actuaciones de Tur y Ribas «no son constitutivas de delito».

En concreto, el Ministerio Público sostiene que, durante la instrucción, «no quedó acreditado» que la decisión del gobierno municipal de izquierdas de dar marcha atrás al acuerdo inicial de permitir la puesta en marcha estuviera «motivada por el propósito de los acusados de perjudicar a los inicialmente favorecidos, ni que ellos asumieran el dictado de una resolución que consideraban injusta».

Tur y Ribas apoyaron su decisión, según destaca la Fiscalía, en sendos informes elaborados por la arquitecta municipal y la inspectora de Urbanismo, que «habrían advertido de las irregularidades que presentaba el proyecto y cuestionaban su adaptación a lo verdaderamente autorizado».

Dos temporadas perdidas

Bambagas, la empresa promotora del chiringuito, exige al Consistorio el pago de 672.412 euros (casi 160.000 por el daño emergente y 512.500 por el lucro cesante) por no poder explotar su negocio en la temporada de verano de 2018. Luego presentó una segunda reclamación de responsabilidad patrimonial por valor de 550.586 euros (481.700 por el lucro cesante) por el perjuicio que le causó la imposibilidad de abrir el negocio en el verano de 2019.

Después de que la junta de gobierno de Sant Antoni otorgara, en abril de 2018, el permiso de instalación del chiringuito (en julio de 2017, la Demarcación de Costas autorizó la ocupación del dominio público marítimo-terrestre durante cuatro años), la que era concejala de Urbanismo pidió un informe de la inspectora de Urbanismo sobre este expediente. Lo hizo «vista la alarma social despertada [críticas de colectivos vecinales y ecologistas] por las recientes noticias de la instalación de un chiringuito desmontable y atendiendo al interés del equipo de gobierno de constatar su legalidad».

Licencia insuficiente

Entonces, se verificó que en el expediente no constaba el título habilitante para la instalación y ejecución de las obras. La arquitecta municipal también emitió otro informe que concluía que la licencia no habilitaba al promotor para las obras que pretendía por ser únicamente un permiso de instalación y no de instalación y obras, por lo que, decía, se debía completar el expediente.

Sin embargo, el secretario municipal hizo otro informe en el que señalaba que se habían cumplido todos los trámites exigidos por la legislación sectorial y que, en su opinión, no había ningún argumento jurídico que permitiera defender, por cuestiones formales, la nulidad de las actuaciones.

Ante estas discrepancias entre los técnicos municipales, el equipo de gobierno encargó dos informes externos, que concluían que, al ser un suelo no urbanizable con la categoría de paisaje preservado que no es susceptible de transformación salvo que se decretase el interés general, «se impone la nulidad de pleno derecho de esa autorización».

También se pronunció el servicio jurídico del Consell de Ibiza, que destacaba que, en los informes previos a la concesión de la licencia, no se analizó si las obras eran compatibles con los usos y la normativa urbanística, lo cual, junto a los incumplimientos del promotor en la presentación del proyecto, podía determinar «su anulabilidad».

Indicaba, además, que se tenía que analizar si las modificaciones ejecutadas, fundamentalmente la instalación de una nueva estructura sobre la que se asentaba el quiosco (por el desnivel al situarse sobre un sustrato rocoso) no contemplada en el proyecto autorizado, precisarían de una nueva autorización. El Consistorio impidió la apertura del chiringuito al retrasar la concesión del final de obra, pese a las reiteradas solicitudes del promotor.