La ‘amnistía’ impulsa ya 25 solicitudes de legalización de viviendas en Ibiza

Transcurridos poco más de cinco meses desde que el pleno del Consell de Ibiza dio vía libre a la nueva ‘amnistía’ urbanística, el proceso extraordinario de legalización de viviendas y usos en suelo rústico cuya infracción haya prescrito, los ayuntamientos de la isla han recibido ya al menos las primeras 25 solicitudes al amparo de esta norma.

Santa Eulària es el municipio donde hasta ahora se ha registrado el mayor número de peticiones para legalizar construcciones, con un total de 12; seguido de Sant Antoni, con siete y Sant Joan con seis. El Ayuntamiento de Ibiza ha recibido una petición de información. En este caso, hay que tener en cuenta que Vila, con diferencia, es el municipio de la isla que dispone de menos superficie de suelo rústico. Sant Josep es el único ayuntamiento que no ha facilitado esta información a este diario con el argumento de que el técnico de Urbanismo que conoce este dato se encuentra de vacaciones.

El Consell aprueba la aplicación en Ibiza de la amnistía urbanística

Los propietarios de viviendas ilegales o fuera de ordenación tienen un plazo de tres años, desde la aprobación del pleno del Consell del pasado 28 de junio, para legalizar las construcciones en rústico. En la ‘amnistía’ urbanística anterior, la aprobada por el anterior Ejecutivo autonómico del PP presidido por José Ramón Bauzá, se registraron más de medio millar de solicitudes, según los datos del Colegio de Arquitectos.

Esta primera medida de gracia se articuló, en 2014, a través de la Ley de Ordenación y Uso del Suelo y también durante un plazo de tres años. Sin embargo, tras el cambio de gobierno, el Ejecutivo progresista encabezado por Francina Armengol derogó esta norma en enero de 2016, cuando aún restaba algo más de un año de aplicación. En el primer año se registraron 158 proyectos de legalización en Ibiza por un valor de 26,7 millones y en el segundo la cifra se triplicó: 461 proyectos (74,6 millones). El 90% de estos proyectos se presentaron al amparo de la ‘amnistía’.

Como el proceso se quedó a medias, el PP prometió en su programa electoral una nueva ‘amnistía’ urbanística, que es muy similar a la que se aplicó en 2015 y 2016. La actual se empezó a aplicar en Ibiza a partir de julio pese a que el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publicó el viernes la ley de simplificación administrativa en la que se incluye también este proceso extraordinario con pequeñas variaciones con respecto al decreto-ley de mayo (el que el pleno del Consell aprobó en junio aplicar en Ibiza). Ahora tampoco se pueden legalizar las viviendas en área de riesgo de inundación tras la aprobación de un nuevo decreto el pasado viernes.

El Consell de Ibiza demanda otra ‘amnistía urbanística’ en la nueva ley de Urbanismo del PP

Mesa para concretar criterios

El Consell de Alcaldes acordó el viernes la constitución de una mesa técnica, con representantes políticos y técnicos del Consell y los ayuntamientos de Ibiza, para decidir conjuntamente con los colegios profesionales (arquitectos y aparejadores) los criterios de aplicación de la ‘amnistía’. Se trata de que todos los ayuntamientos apliquen los mismos. Se refiere a las condiciones que fija la ley para obtener la licencia urbanística, como la inclusión en el proyecto de un sistema de depuración adecuado al Plan Hidrológico y medidas que contribuyan a reducir la contaminación lumínica y a mejorar la eficiencia energética o hídrica de la edificación. Son los mismos que los previstos en el decreto-ley de mayo. Ahora la ley incorpora «condiciones generales de estética de las construcciones» y, entre otras cosas, la posibilidad de que los ayuntamientos acuerden, en aras del interés público, las actividades y usos que no pueden acogerse a la ‘amnistía’.

En todo caso, el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, asegura que a los propietarios que ya han presentado un proyecto de legalización se les aplicarán los criterios previstos en el decreto-ley de mayo, pero con «la interpretación» que determine la mesa que se va a crear de las condiciones que figuren tanto en el decreto-ley como en la ley de simplificación administrativa, como es el caso de las medidas de depuración y las de eficiencia energética e hídrica de las edificaciones.

Aparte de la obligación de pagar las tasas, la legalización de construcciones y usos tiene un coste añadido: el 10% del coste de ejecución de la edificación si el proyecto se presenta en el primer año de período extraordinario, del 12,5% en el segundo y del 15% en el tercero. Además, se incorpora una rebaja del 50% a las rentas individuales inferiores a 33.000 euros y del 25% en el caso de las que no superen los 52.800 euros. La ‘amnistía’ anterior, la de Bauzá, era más cara, con un 15% del coste de la construcción el primer año, del 20% el segundo y del 25% el tercero.

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