El PP pacta recuperar el catalán como lengua vehicular en la escuela

El Govern ha pasado en apenas unas horas de tener una relación prioritaria con Vox a depender de la izquierda para sacar adelante sus medidas, principalmente tres: los Presupuestos, cuya negociación se pospone hasta febrero por la imposibilidad de aprobarlos ahora, lo que deja en el aire varias partidas fundamentales; el decreto ley para revertir las 34 enmiendas de la ultraderecha aprobadas por error por el PP y la modificación de la ley sobre las zonas inundables.

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La prórroga de las cuentas de 2024 dejan en el aire las medidas estrella de Marga Prohens. La consecuencia directa de la no aprobación de los Presupuestos de 2025 es que quedan en el aire las principales medidas del Govern. En primer lugar, el proyecto Alquiler Seguro, un plan para captar viviendas vacías o sin uso residencial de pequeños propietarios para poder ofrecérselas a los residentes en las islas a un precio un 30% inferior al del mercado.

Las cuentas del Ibavi presentadas para este 2025 preveían un total de 106 millones de euros. Si finalmente se produce una dilación del presupuesto, la empresa pública contará con el mismo dinero que en 2024, esto es 87,4 millones, 18,5 menos. En segundo lugar, la compensación de la insularidad para los funcionarios con un plus similar al que tienen en Canarias, así como la obligación de pagar una media de 1.500 euros por trabajador por no haber hecho efectiva la mejora en las retribuciones de 2020 y 2021. En tercer lugar, la recuperación de la carrera profesional para los trabajadores sanitarios de las islas. Tanto la oposición como el Partido Popular se sentarán a negociar cuando se reanude el periodo de sesiones, a partir de febrero, para intentar llegar a un acuerdo para aprobar unas cuentas para 2025.

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Corregir el error que aprobó 34 enmiendas de Vox. El Govern contará con el apoyo de los partidos de la izquierda para aprobar un nuevo decreto ley que deje sin efecto las medidas de Vox que se aprobaron por error de los diputados del PP. Entre ellas, destacan la eliminación del catalán en toda la función pública y que la lengua propia de Balears deje de ser vehicular en los colegios de las islas. Tampoco permitirá que se impulsen proyectos urbanísticos en áreas naturales de especial interés (ANEI), es decir, espacios naturales protegidos por el Govern, ni se legalizará el campo de polo de Campos, que volvió a celebrar competiciones sin permiso este mismo año, algo que está prohibido desde 2017 cuando la Agencia de Defensa del Territorio precintó las instalaciones. Tampoco se eliminará la posibilidad de cerrar establecimientos turísticos como medida cautelar en caso de infracciones graves ni se suprimirán muchos de los requisitos para reconvertir los hoteles en viviendas, entre otros.

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Modificar la ley para no construir en zonas inundables. El Partido Popular pactó ayer con la izquierda una abstención en la votación del segundo decreto de emergencia para rectificar la posibilidad de construir y legalizar viviendas en zonas inundables de Balears. El Govern presentará un nuevo texto legal en el que se prohibirá la edificación de inmuebles en estas zonas de riesgo, pero no incluirá la amnistía para las casas que están en zonas inundables o de riesgo, si bien permitirá que los propietarios acometan obras que garanticen la seguridad. «El objetivo es que esas personas puedan acometer reformas legales para poder vivir con más seguridad, porque el fin de las legalizaciones es precisamente que se puedan permitir refuerzos de la estructura o cambios de cubierta», defienden los populares.

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