Los hoteleros pitiusos alegarán contra el registro de viajeros de Interior

Los hoteleros pitiusos están dispuestos a plantar cara al Real Decreto 933/2021, que establece las nuevas obligaciones para el registro de viajeros en España. «Un nuevo abuso y despropósito del Ministerio del Interior», según Alicia Reina, presidenta en Balears de la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH). «Una medida totalmente desproporcionada (...) una petición exagerada e injusta de tantos datos innecesarios», según la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de las Pitiusas, Maria Costa Roig. Los empresarios se quejan de que la cantidad de datos que deberán recopilar es excesiva y, además, entra en colisión con la legislación sobre protección de datos.

La AEDH, eso sí, se enfrentará al Ministerio con sus propios medios y presentará sus propias alegaciones, de las que Alicia Reina es copartícipe en su elaboración e, incluso, fue autora del borrador inicial. En el caso de la federación hotelera pitiusa, lo dejan todo en manos de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que es su patronal de referencia: «Consideramos que si ella ya lo ha iniciado [la redacción de alegaciones], no tiene sentido que nosotros, que somos más pequeños, lo iniciemos también como federación».

Las alegaciones de AEDH piden «la inaplicación total del Real Decreto» y, subsidiariamente, en caso de no atenderse la total, que sea al menos «temporal». El primer argumento de esas alegaciones hace referencia a «la incompatibilidad con la normativa europea de protección de datos, pues no respeta el principio de minimización de datos, porque la finalidad es poco clara (no es la que persigue el hotel) y por las sanciones múltiples que puedan resultar». En este sentido, recuerda que la propia Agencia Española de Protección de Datos y la Comisión Europea han advertido de que «las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el Real Decreto podrían vulnerar normativas europeas sobre privacidad, exponiendo a los establecimientos a posibles sanciones y acciones legales». El sector, desde los alojamientos a las agencias de intermediación, operadores e incluso empresas de alquiler de vehículos sin conductor, obligadas a recopilar información esencial de los huéspedes, se enfrentan, avisa, «al dilema de si cumplir con lo que indican los primeros [Ministerio del Interior], y ser sancionados por los segundos [la Agencia de Protección de Datos], o, por el contrario, cumplir con lo que les indican los segundos y ser sancionados por los primeros».

La segunda alegación hace mención «al impacto financiero y operativo desproporcionado que ocasiona, por una carga administrativa excesiva y por las dificultades prácticas, dado que se pueden dar incumplimientos porque el cliente no quiera aportar esos datos. ¿Qué hacemos entonces, le ponemos una pistola en la cabeza?».

Además, especifica Reina, alegan contra «la duplicidad y competencia desleal» que supondrá: «Hay datos que ya los tienen en el Ministerio por otra vía, con lo cual los estaríamos duplicando. Y la competencia desleal se favorecerá porque el cliente contratará las viviendas turísticas que no siguen la normativa, las del intrusismo, pues les resultará más fácil».

Disuade a los turistas

Hay una cuarta alegación: el efecto negativo en la competitividad del sector turístico, «que disuadirá al turismo internacional de viajar a España, que así se convierte en poco menos que un Estado policial que audita totalmente a los viajeros, con el consiguiente debilitamiento del país como destino al imponer medidas tan estrictas».

Si esa alegación total es descartada, proponen la temporal, motivada porque «no hay un desarrollo normativo ni de las herramientas tecnológicas. La plataforma [del Gobierno] no funciona correctamente, está colapsada todo el rato. Y eso ahora, que no es temporada alta. Cuando esto empiece a hervir en julio y agosto... Y además, esta normativa se ha lanzado sin el consenso con el sector. Se requiere un diálogo con las asociaciones. Eso lo ha creado una persona que no conoce el mundo real del turismo». Recuerda Reina que el Real Decreto cuenta con una disposición derogatoria en el segundo párrafo «que dice, textualmente, que mientras no haya un desarrollo normativo, como sucede actualmente, se seguirá aplicando la Orden Ministerial del 2003, lo cual significa que los hoteles podrán seguir haciendo lo que están haciendo hasta ahora». Así, no rellenarán los nuevos campos de datos que ahora se exigen, sólo cumplimentarán los antiguos: «En caso de que haya cualquier auditoría o inspección por parte del Ministerio del Interior y pregunten por qué no se han rellenado esos datos, podremos alegar y justificar que se ha hecho en virtud de esa disposición derogatoria del segundo párrafo».

La federación hotelera pitiusa, por su parte, lo deja todo en manos de la Cehat, su patronal de referencia: «De momento no se han planteado presentar alegaciones. Se tratará en junta si hay que plantear esa posibilidad», añade Maria Costa.

«La aplicación del decreto nos pilla cuando la mayoría de los hoteles en Ibiza están cerrados. En principio, cumpliremos la ley, como se nos pide. A la vez, estamos a la espera de ver cómo algunos compañeros que permanecen abiertos van implementando el decreto a lo largo de las próximas semanas. Me iré informando al respecto», comenta la presidenta de la patronal. Cree que la medida «es totalmente desproporcionada». «Siempre -apunta- se ha pedido el DNI o el pasaporte. Si la Policía necesitaba más información, siempre hemos colaborado. Y la demanda de la Policía de esos datos ha sido siempre muy baja».

Cisma hotelero

Vibra sigue «expectante»

Vibra y la patronal hotelera celebraron un encuentro para analizar la situación de la federación. Fue «una especie de puesta en común sobre aspectos que la cadena hotelera considera que hay que mejorar dentro de la federación», señala una portavoz de Vibra, que subraya que la federación «todavía» no le ha presentado «un plan». En Vibra, que amaga con salirse de la patronal como ya hizo Palladium, siguen, pues, «expectantes respecto a cuál es el proyecto de la nueva presidenta», y tomar, en consecuencia, decisiones sobre sus siguientes pasos.

Suscríbete para seguir leyendo