El GEN de Ibiza y el GOB abandonan el pacto para la sostenibilidad por "las políticas regresivas del Govern"

La organización ecologista GEN-GOB ha anunciado este jueves que abandona del Pacto para la Sostenibilidad, creado por el Govern balear y cuya primera reunión de trabajo se celebró el pasado mes de julio. "La apuesta del Govern por las políticas regresivas que estamos viendo hace que los debates que promueve el ejecutivo de [la presidenta, Marga] Prohens sean estériles y conviertan la participación ciudadana y de las entidades sociales y ecologistas en una simple operación de blanqueo", denuncian desde esta organización de Ibiza y Baleares.

Hasta ahora, el GEN-GOB recuerda en una nota de prensa que "ha participado en las tablas donde la entidad ha sido convocada y se han aportado propuestas", pero lamentan que "las decisiones de las últimas semanas por parte del PP, con la aprobación de medidas que nos hacen retroceder 40 años en desprotección ambiental, nos obligan a decir 'suficiente'", señalan.

La Mesa para el pacto social por la sostenibilidad echa a andar: "Desde posiciones lejanas, todos amamos esta tierra"

Según anunció en mayo de este año la propia presidenta balear, los objetivos del pacto son invertir en diversificación, promover incentivos políticos contra la saturación, preservar los sistemas naturales, mejorar la coordinación entre administraciones, adecuar las decisiones a la capacidad del destino, orientar la promoción y desarrollar sistemas fiables de indicadores.

La Mesa formará ahora grupos de trabajo reducidos bajo la dirección del comité de expertos.

Desde el GEN-GOB consideran que "algunos contenidos que el Govern ha introducido en la mal llamada Ley de simplificación administrativa, hipotecan los posibles resultados del Pacto para la Sostenibilidad".

Por todo ello, los ecologistas, "en el ámbito de las cuatro islas", exigen al Ejecutivo Prohens "que se eliminen de la Ley tres preceptos concretos. El primero es la legalización de edificios ilegales en rústico, "porque implica la mayor operación especulativa realizada nunca y premia a los infractores en detrimento de la gente que ha hecho las cosas bien".

En segundo lugar, citan la posibilidad de construir en zonas de riesgo y permitir construir y legalizar edificios de uso habitual en zonas que se encuentran identificadas como de peligro de inundación, de incendio, de erosión o de deslizamiento, porque "es poner los negocios por delante de la vida de las personas".

Finalmente, apuntan la posibilidad de construir en zonas protegidas por la Ley de Espacios Naturales, "que hasta ahora estaban sustraídas al crecimiento urbanístico. ANEI y ARIP son figuras aplicadas a terrenos que lo merecieron después de elaborar diferentes estudios de valores naturales", advierten desde el GEN-GOB.

"En unas islas tan presionadas por el turismo, con recursos que se agotan -como el agua potable- o espacios que se encuentran saturados durante muchos meses -como determinadas playas-, al menos las zonas más reconocidas por su valor natural deben quedar restringidas de más operaciones urbanísticas", concluyen los ecologistas en su comunicado.