El Consell de Ibiza aprueba sus cuentas con críticas por "la insuficiente" inversión en vivienda

La izquierda y Vox votan en contra del presupuesto y la ultraderecha alega el elevado coste, "tres veces más" que en Lanzarote o Jerez, del servicio de atención a los menores migrantes no acompañados

El gobierno insular del PP, con el brazo en alto, durante la votación del presupuesto de 2025.

El gobierno insular del PP, con el brazo en alto, durante la votación del presupuesto de 2025. / D. I.

Eugenio Rodríguez Martos

Eugenio Rodríguez Martos

Ibiza

El equipo de gobierno del Consell de Ibiza, del PP, ha aprobado esta mañana el presupuesto de la institución para 2025 sin ningún apoyo de la oposición, ni siquiera de Vox, que ha votado en contra. Las cuentas ascienden a 144,5 millones de euros, un 8,5% más que en el presente ejercicio.

Los tres grupos de la oposición rechazan las cuentas por diversas razones, pero coinciden en una de sus críticas a la previsión de inversiones y gastos del PP en 2025: la insuficiente partida, de tres millones, que se destinará a vivienda.

En concreto, esta partida se repartirá entre los cinco ayuntamientos, a través del plan 5 de cooperación municipal, y se destinará a «ayudas para la emancipación, la rehabilitación, alquiler y compra de vivienda y todas las medidas reales y serias que puedan servir a la población», según ha explicado este jueves en un pleno extraordinario convocado de urgencia el conseller insular de Hacienda, Salvador Losa.

También ha destacado «el plan de choque» contra el intrusismo, con una previsión de gasto de 22 millones de euros en tres años que se financiará a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), con el que el PP pretende «unir a todas las administraciones» y lanzar este mensaje «claro»: «No queremos a los piratas, sobráis. La gente de esta isla no os quiere».

Sin embargo, el PSOE y Unidas Podemos han destacado que el plan de choque no figura en el presupuesto de 2025 aprobado esta mañana. «El día que presenten las medidas probablemente habrá unanimidad, pero ahora no están en el presupuesto», ha aclarado el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, en referencia a que una cosa es lo que el equipo del gobierno vende y otra lo que realmente figuran en las previsiones de gasto de 2025.

Escasa repercusión y falta de condiciones

El portavoz del PSOE, Josep Marí Ribas, ha criticado, por un lado, la escasa repercusión que tendrán, en las ayudas previstas para paliar el problema de la falta de vivienda, los tres millones previstos («tocará poco a la gente») y, por otro, el hecho de que el equipo de gobierno no haya previsto «las condiciones» para optar a ellas.

Por ejemplo, que los ayuntamientos tengan la obligación de aportar fondos propios para aumentar su dotación y que este dinero sirva para «aumentar la oferta a precio limitado». En contra de lo que mantiene el PP, Marí Ribas ha insistido en que la limitación del precio prevista en la ley estatal de vivienda, en zonas tensionadas como Ibiza, «está funcionando en otras comunidades autónomas».

Por su parte, el conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, ha indicado que tres millones en ayudas de vivienda es «nada». «No encaja con la ambición que transmite este equipo de gobierno para solucionar este problema. Esta cuantía debería al menos multiplicarse por tres o por cuatro», ha dicho Díaz de Entresotos, al tiempo que también ha señalado que no se puede poner este dinero en manos de los ayuntamientos de la isla «sin condiciones».

El presidente, Vicent Marí, de pie antes del inicio del pleno, y abajo, sentada de espaldas, la interventora de la institución.

El presidente, Vicent Marí, de pie antes del inicio del pleno, y abajo, sentada de espaldas, la interventora de la institución. / D. I.

En su réplica, el conseller de Hacienda ha reconocido que, en el marco de sus competencias, el Consell de Eivissa aporta este «grano de arena» y ha subrayado que «para el PSOE tres millones son insuficientes cuando éste cuando gobernaba proyectó siete millones [para la compra de viviendas] que no se gastaron [por un problema de competencia]». «Eso nosotros no lo queremos hacer», ha dicho Losa.

Elevado coste del servicio a menores migrantes

En todo caso, la principal razón por la que el conseller de la ultraderecha ha votado en contra del presupuesto estriba en un programa de 6,7 millones a cinco años para atender a 16 menores migrantes no acompañados. Díaz de Entresotos ha dicho que supone un coste de 9.200 euros por menor y mes, cuando en el cabildo de Lanzarote o Jerez de la Frontera, donde prestan el mismo servicio, el coste máximo es de 3.500 euros. «Comprendo que en Ibiza es más caro, pero esto hay que revisarlo. Cuesta tres veces más. Esto quiebra nuestro sentido del voto. Este es un asunto muy serio, gravísimo a largo plazo porque supone un cambio cultural importantísimo, a peor, en cuanto a las mujeres, la filosofía de la vida y todo lo demás», ha recalcado. Además, ha reclamado al PP que sea «más reivindicativo» con el Estado para reclamar que se haga cargo de ello al ser competente en el control de la migración.

Losa ha respondido que el problema de la llegada de menores migrantes a la costa ibicenca se tiene que «abordar muy seriamente» y, tras reconocer que este servicio tiene «un coste muy elevado para la institución», ha dicho que «todos tendrán que arrimar el hombro» pero «no se puede dar la espalda a una situación imprevista, desbordante, que sucede continuamente, pero no sabemos cuándo». «Servicios Sociales hace el máximo esfuerzo para atender a estas personas. Luego lo mejoraremos, pero primero hay que prestar el servicio», ha concluido.

La previsión de ingresos en sanciones se dispara un 142%

El PSOE criticó que el presupuesto de 2025 prevé, «sin justificación alguna», una recaudación de 1,8 millones de euros en sanciones turísticas cuando este año se ha reconocido la mitad. En el presupuesto de 2024 se preveían 755.000 euros.

En sanciones de transportes se contemplan 900.000 euros, cuando este año se han reconocido casi 391.000 euros. También se dispara el presupuesto de ingresos por multas de contratación (por incumplimientos de las empresas contratadas). En 2025 se proyecta recaudar medio millón de euros por este concepto, después de que este año se hayan reconocido obligaciones por 420.713 euros, cuando el presupuesto de 2024 contemplaba sólo 25.000. En cuanto a las multas por infracciones urbanísticas, se mantiene la misma previsión que este año: 300.000 euros, cuando se han reconocido 201.000 euros.

En conjunto, las previsiones de ingresos en sanciones aumentan un 142%, según el informe de la interventora. El informe económico financiero justifica este incremento en «las expectativas» que generan las «inspecciones» efectuadas.

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