Laboral
Los precios con los que se licitan los proyectos «favorecen los accidentes» en Baleares
Sindicatos y constructores reprochan que los presupuestos y los plazos de ejecución de las obras demasiado ajustados impulsan la siniestralidad en el sector

Reivindicación sindical contra los accidentes en construcción durante el Primero de Mayo / / G. Bosch
Los precios con los que se licitan los proyectos y los plazos de ejecución de las obras demasiado ajustados que en muchas ocasiones fijan las diferentes Administraciones a la hora de desarrollar las obras públicas están favoreciendo la siniestralidad laboral en el sector. En esta ocasión, patronal y sindicatos van de la mano a la hora de denunciar la situación a la que se está llevando a las empresas constructoras pese a las constantes denuncias que ambas partes han venido realizando en relación a este tema.
El presidente de la comisión de contratistas de Balears, Pedro Mir, subraya que el excesivo ajuste en los precios de la obra pública, al igual que en los plazos de ejecución para no perder fondos europeos, «no lleva a nada bueno, ni en materia de seguridad ni en la calidad» de ejecución de las mismas, lo que explica que haya empresas que desistan de querer ejecutar los proyectos en esas condiciones.
El portavoz empresarial admite que las empresas están obligadas a cumplir con la legislación en materia de seguridad, pero no oculta que ante semejante presión algunas pueden tener la tentación de aplicar recortes en esta materia, de ahí que muchas opten por no querer ejecutar esas obras.
En este punto, el secretario general de CCOO-Hábitat, Miguel Pardo, subraya el respaldo total de su sindicato a las empresas, aplaudiendo que haya obras públicas que queden desiertas porque no se acepta asumir esos riesgos, al tiempo que acusa a muchas Administraciones de favorecer el aumento de la siniestralidad laboral en el sector al forzar una realización de los trabajos en condiciones precarias o con una celeridad excesiva.
Pedro Mir recuerda que antes de la covid «las obras públicas que quedaban desiertas se podían contar con los dedos de una mano». Pero la escalada de costes en la que se entró durante los años posteriores debido al constante aumento en el valor de los materiales provocó que los presupuestos fijados por muchas Administraciones quedaran fácilmente desfasados, una situación que no se ha corregido ni siquiera con la entrada en una nueva legislatura con los correspondientes cambios de color político. Y ello a pesar de que estos costes llevan un año estabilizados, pone de relieve.
El presidente de los contratistas recuerda que junto con los responsables de la asociación balear de constructores (de la que forman parte) han mantenido reuniones con representantes del Govern, del Consell de Mallorca y de los Ayuntamientos, y que han encontrado buena voluntad entre la clase política, pero sin que llegue a solventarse el problema. Y señala que las empresas no quieren que las obras queden desiertas, sino trabajar, dado que esa paralización perjudica en primer lugar a los ciudadanos, que se quedan sin esas infraestructuras, pero también a las constructoras.
Pedro Mir manifiesta que la situación que se está viviendo solo sirve para retrasar unos proyectos que en algunos casos están financiados por la UE. «Necesitamos más dinero para obra pública, y si encima perdemos la ayuda europea, apaga y vámonos», añade, al tiempo que destaca la importancia que para una comunidad turística tiene el disponer de infraestructuras adecuadas.
Pese a lo expuesta, lamenta que previsiblemente durante los próximos meses serán muchas las licitaciones que seguirán quedando desiertas.
A todo ello añade el problema de falta de mano de obra cualificada que está registrando el sector de la construcción.
Apoyo sindical
La postura expuesta por Pedro Mir es respaldada desde CCOO, sindicato mayoritario en esta actividad, que aplaude que los contratistas prefieran renunciar a la ejecución de los proyectos, dejando desiertas las licitaciones, antes que aceptar hacer los trabajos en unas condiciones que perjudican claramente a los trabajadores, especialmente en un sector que registra fallecidos en accidentes laborales.
Por ello, reivindica que las Administraciones paguen a las empresas «un precio justo» y que se preocupen de garantizar el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos con más inspecciones.
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