El sector turístico, en pie de guerra contra el nuevo registro de viajeros

Mañana, lunes 2 de diciembre, entra en vigor el nuevo registro documental de hospedaje y alquiler de vehículos. Hoteles, viviendas de alquiler turístico, agencias de viajes y empresas de rent a car están obligadas a recopilar una cuarentena de datos de sus clientes para facilitárselos a la policía, incluidos los relativos a los métodos de pago. Están en pie de guerra contra el Ministerio del Interior. Denuncian que tienen que asumir más burocracia, que pueden vulnerar derechos fundamentales de privacidad y que sus alegaciones ante el departamento de Fernando Grande-Marlaska han caído en saco roto. Acusan al Ministerio de «desconocer» la realidad de la industria turística y se preparan para combatir por la vía jurídica la entrada en vigor de la normativa. La pugna está entre la seguridad ciudadana que alega el Gobierno y la inseguridad jurídica que denuncia el sector turístico.

Esta historia empezó en 2021. No era el mejor momento, considera José Antonio Fernández de Alarcón, socio fundador de Monlex Abogados. «Salíamos de la pandemia. Afectó al sector para no darse cuenta de esta normativa que implicaba pasar de recoger cuatro, cinco datos básicos (según una orden ministerial de 2003) que aparecían en los DNI o los pasaportes, a un sistema en el que se piden casi 40 campos». Además, el registro de viajeros que hasta entonces correspondía solo a hoteles y alquiler turístico se extendía al resto de entidades turísticas.

Tres prórrogas

El nuevo registro documental se aprobó en octubre de 2021 por la vía de un real decreto, norma con rango de ley utilizada en casos de urgente necesidad. Después se dictaron tres prórrogas. El nuevo registro (a través de la plataforma SES.HOSPEDAJES) no funcionaba correctamente y el sector fue pidiendo moratorias. «En 2024 aún no está en vigor. Dudo que hubiera urgencia por motivos de seguridad», cuestiona Fernández de Alarcón.

El abogado dibuja una escena habitual en temporada alta en los grandes hoteles de las islas, cuando desembarcan autobuses llenos y decenas de personas abarrotan las recepciones para registrarse. «¿Cómo te vas a poner a preguntarles todos esos datos? Entendemos que algunos son absolutamente ilegales, como los relativos a los medios de pago. Es como que te pido a ti los de tu tarjeta de crédito y me los guardo. Hay una ley de medios de pago de 2018 que exige medios rigurosos de protección de los que se encargan empresas especializadas».

Fernández de Alarcón advierte que el registro de Fernández-Marlaska incumple la normativa de Bruselas. «Ningún país europeo, y la seguridad es la misma, establece esa rigurosidad». En resumen, encuentra que hay «falta de sentido común» por parte del Ministerio y hubo «un error del sector porque tenía que haber impugnado la norma desde el minuto uno». «En Europa —continúa el abogado— los grandes turoperadores están en contra. Ya han hecho consultas a la Comisión Europea».

Periodo de consultas

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, calma las aguas. «Desde el Ministerio de Interior se ha hecho lo que habían pedido las agencias de viajes, una orden ministerial de desarrollo que ha salido a información pública y se abre a las alegaciones de todos los agentes para ajustarse mejor a sus características particulares y rendir la información». Hasta el 13 de diciembre está abierto el periodo de consultas al sector turístico.

«La intención» del Ministerio del Interior —dice la secretaria de Estado— «es mejorar la manera de brindar la información» porque la normativa ya estaba obsoleta. «Se ha actualizado lo que se hacía hasta ahora a los nuevos medios de comercialización y los medios digitales para que España siga siendo un destino seguro».

La vicepresidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, María José Aguiló, esgrime «la inseguridad jurídica» que supone el nuevo registro y la «injerencia en la intimidad del cliente» al requerirle tantos datos personales. Avisa de los riesgos ante «posibles filtraciones» cuya «responsabilidad recae sobre quien los ha recogido y comunicado».

«En los hoteles tienen una recepción», dice la gerente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Balears (Habtur), Maria Gibert. «En nuestro caso, que nos entran las reservas por Booking o Airbnb, el propietario de la vivienda o su gestor no tiene esos datos». «Sobre la relación de parentesco te pueden mentir o negarse a decírtela», advierte.

«¿Cómo le van a preguntar a dos personas cuál es su relación de parentesco?», cuestiona Fernández de Alarcón». «El responsable de que todo esos datos sean correctos y se completen no es el cliente, es el hotelero», subraya el abogado.

«La industria del alquiler de vehículos lleva reportando las fichas de policía desde hace tiempo. No tiene sentido este nuevo registro, con datos como el sexo del cliente o confidenciales como los bancarios», critica Julio Nieto, presidente de la Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con y sin conductor de Balears (Baleval). Por el mayor despliegue tecnológico y la carga de trabajo adicional que supone piden «que se paralice y que se consensúe con el sector».

Asustados

«En las agencias de viajes estamos asustados. No sabemos cómo proceder con algo que no hemos hecho nunca», más allá de pedir a un cliente los datos básicos para una reserva de avión o de hotel, reconoce el presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Balears (Aviba), Pedro Fiol. «¿Cómo va a pedir una agencia receptiva a un turoperador que le transmita los datos de su cliente, o cuando haces una reserva para un viaje corporativo a nombre de una empresa?». Ante «las lagunas operativas» de la plataforma recomendamos que se guarden pantallazos».

«La mayoría de las agencias son pymes y micropymes que no están preparadas para los ataques de ciberdelincuentes y al tener que manejar información sensible de nuestros clientes estamos asustados, insiste Fiol.

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