Fulminar el catalán y armas largas para los policías locales

El Partido Popular de Marga Prohens votó el martes por error a favor de más de 30 enmiendas de Vox al decreto de simplificación administrativa. Estas son las principales medidas.

Catalán en la función pública.

El requisito del catalán para acceder a un puesto de funcionario se ha eliminado por completo y pasa a ser solo un mérito. «El conocimiento de la lengua catalana no tendrá en ningún caso el carácter o condición de requisito para el ingreso, provisión u ocupación de puestos de trabajo o ejercicio de funciones en aquel servicio o en los entes públicos adscritos. Así, en relación con este personal, el conocimiento de lengua catalana tendrá la condición de mérito, en los términos que se determinen reglamentariamente».

Deja de ser lengua vehicular.

Modifican la ley educativa de Balears con el objetivo de que el catalán deje de ser la lengua vehicular. La lengua propia deja de ser el «vehículo de expresión normal en las comunicaciones y en el ámbito administrativo» en los colegios de las islas. Tampoco será el «instrumento de cohesión social en las actividades educativas y complementarias». Por otro lado, se cambia el texto legal para que la acogida de los alumnos de incorporación tardía no deba tener una «especial atención a la lengua catalana, propia de las Illes Balears», como sucedía hasta ahora.

Armas para la policía.

Vox ha conseguido que, a partir de ahora, el armamento básico individual de los agentes de policía local estará conformado por un arma de fuego corta, un bastón defensivo y un aerosol defensivo, «pudiendo ser ampliado y desarrollado reglamentariamente». Asimismo, el cambio legislativo supone que como armamento complementario, los agentes pertenecientes a los cuerpos de Policía Local cuyo ayuntamiento no haya creado cuerpo de policía «podrán portar armas largas, y dispositivos eléctricos de control, en la forma que se desarrolle reglamentariamente».

Currículum educativo.

También hay cambios en el sistema educativo actual de Balears, que actualmente se rige, entre otros, por los siguientes principios generales: la coeducación, la igualdad real entre hombres y mujeres, el respecto a la diversidad sexual, la identidad y la expresión de género y la prevención de la violencia machista». A partir de ahora, en cambio, solo tendrá en cuenta «la coeducación y la igualdad real entre hombres y mujeres», quitando cualquier referencia a cuestiones de sexo o violencia machista.

Campos de polo.

Vox incluyó varias enmiendas para legalizar el campo de polo de Campos, que volvió a celebrar competiciones sin permiso este mismo año, algo que está prohibido desde 2017 cuando la Agencia de Defensa del Territorio precintó las instalaciones. También para eliminar la posibilidad de cerrar establecimientos turísticos como medida cautelar en caso de infracciones graves. Asimismo, se facilita la reconversión de hoteles en viviendas y se agiliza la concesión de declaraciones de interés general para agilizar grandes proyectos.

Construir en zonas ANEI.

Una de las propuestas aprobadas permitirá que se impulsen proyectos urbanísticos en áreas naturales de especial interés (ANEI), es decir, espacios naturales protegidos por el Govern, principalmente de Ibiza y Formentera. Vox defiende que esta medida representa una «oportunidad única para garantizar el acceso a viviendas en zonas donde hasta ahora las restricciones eran excesivas e injustificadas» y celebra el voto favorable del PP a sus enmiendas porque «estas reformas no significan una amenaza para el medio ambiente, sino una apuesta por la coexistencia responsable entre desarrollo humano y preservación natural, facilitando la creación de infraestructuras habitacionales que respondan a las demandas reales de los ciudadanos».

Ayudas a inmigrantes.

Tras la aceptación de las enmiendas, los inmigrantes no podrán recibir ningún tipo de ayuda por parte de las administraciones públicas. Hace apenas unos meses PP y Vox ya aprobaron en el Parlament una proposición no de ley para excluir de las ayudas sociales de Balears a inmigrantes que estén en situación irregular para «garantizar que los servicios sociales y prestaciones económicas sean destinadas en exclusivas a personas que viven legalmente en las islas».

Zonas de costa.

A partir de ahora se establece que «sin perjuicio de lo que dispone» la normativa de costas, en los terrenos comprendidos en la zona de servidumbre de protección «se permitirán obras, instalaciones y actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación». Además, podrán llevar a cabo obras, instalaciones y actividades «que presten servicios necesarios o convenientes» para el uso del dominio público marítimo-terrestre, entre las cuales se encuentran: las instalaciones o actividades que «favorezcan el uso común del dominio público marítimoterrestre», singularmente de las playas, como los servicios de vigilancia y atención médica y los deportes náuticos, y las instalaciones deportivas descubiertas o las acampadas o campamentos autorizados con instalaciones desmontables.

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