Sant Josep pide al fin el auxilio judicial para entrar y derribar Casa Paola

Al fin, con meses de retraso sobre lo previsto inicialmente, el Ayuntamiento de Sant Josep ha solicitado, al «órgano judicial correspondiente», el auxilio necesario para entrar en las instalaciones del complejo ilegal de Casa Paola, propiedad de la controvertida empresaria Paquita Sánchez Ordóñez, e iniciar la demolición de las innumerables ilegalidades urbanísticas que en su momento detectaron los técnicos municipales.

Como ya explicó el Consistorio el pasado mes de mayo, poco después de intentar sin éxito entrar en este complejo, una vez que el órgano judicial correspondiente recibe la petición, calculan un plazo de aproximadamente tres meses para recibir el permiso de entrada.

Fuentes municipales indicaron ayer que el retraso en el envío de la solicitud de auxilio judicial está relacionado con la delicada situación que atraviesa el departamento de Urbanismo tras la operación policial iniciada en junio de 2023 por la supuesta trama de corrupción urbanística, en la cual figura como investigado el exalcalde socialista Ángel Luis Guerrero. Y eso, apuntan desde el equipo de gobierno, a pesar de las «muchas iniciativas que se llevan a cabo» para desbloquear este servicio.

En cualquier caso, el futuro de Casa Paola, ubicada en es Cubells, en la zona conocida como sa Serra d’en Calaveres, parece ya decidido, sobre todo si, como es de esperar, sigue los pasos del derribo ya ejecutado de Casa Lola, propiedad también de Sánchez Ordóñez.

Una vez que se resolvieron todos los expedientes abiertos por infracciones urbanísticas, el Ayuntamiento envió el pasado 14 de mayo a Casa Paola una comitiva compuesta por policías locales, técnicos municipales de Urbanismo y la empresa subcontratada para iniciar la demolición.

Sin permiso de acceso

Como era previsible, los agentes se entrevistaron con una representante legal de la propiedad del inmueble que, ante notario, denegó el permiso de acceso a Casa Paola.

El acta que levantó el notario es la que consta en la solicitud municipal al juzgado contencioso administrativo para la entrada en el inmueble.

A partir de ahora, en cuanto el Consistorio reciba la autorización judicial para entrar en este complejo, las máquinas demolerán todo aquello que no se ajusta a la normativa urbanística (gran parte de lo construido), como ya sucedió en Casa Lola.

En cuanto al proyecto de demolición, como adelantó Diario de Ibiza, el Consistorio se lo adjudicó el pasado 29 de abril a la empresa ibicenca Hermanos Parrot por 231.948 euros.

Pero los técnicos no saben qué se encontrarán, por lo que el coste puede ser superior. En cualquier caso, el derribo se llevará a cabo de manera subsidiaria, por lo que el Consistorio pasará la factura a la propiedad para que se la abone.

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