Todos los partidos de Formentera acuerdan denunciar a Llorenç Córdoba incluso por la vía penal

Gent per Formentera (GxF), PSOE y la coalición Sa Unió presentarán al pleno del Consell de manera conjunta una proposición en «defensa del prestigio y buen nombre de los miembros de la Comisión de ética y buen gobierno del Consell». La propuesta, que surge a instancias del propio comité, se debatirá en la sesión programada para mañana jueves, según informaron ayer estas tres formaciones en un comunicado conjunto, en el que advierten de que «no pueden permitirse las declaraciones injuriosas y ofensivas del presidente [Llorenç Córdoba] contra la actuación de la Comisión, que forma parte de este Consell».

En la propuesta que se votará mañana se exigen las «acciones jurídicas que procedan» contra Córdoba, «incluso de tipo penal», por su negativa a dar a conocer en el pleno el informe de la Comisión y por sus ataques a sus miembros. También se insta a «proveer de los recursos que sean necesarios para contratar servicios jurídicos externos» para iniciar la vía penal.

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Esta medida se adopta después de recibir todos los consellers, también el presidente, el acta de la sesión extraordinaria que celebró la Comisión el pasado 30 de octubre.

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En ella, sus cinco miembros consideran necesario acudir a los tribunales por dos motivos: la «decisión unilateral y arbitraria (...) e intolerable» de Córdoba Marí de impedir que el pleno conozca el contenido de su informe sobre el comportamiento de todos los actores en la crisis de gobierno que se inició hace un año, y las declaraciones del presidente «equiparando» a sus miembros con «un pelotón de fusilamiento».

Según detallan desde el PSOE, la comisión no puede llevar a cabo esta iniciativa en solitario, por lo que ha solicitado el apoyo de los partidos del plenario.

Será la segunda vez desde que estalló la crisis que Sa Unió, GxF y PSOE lleven a cabo una acción conjunta contra el presidente tras la polémica por la tramitación de cambios en el puerto de la Savina que debía tratar la Autoridad Portuaria. Hace apenas una semana y media, los tres partidos se dirigieron a la APB para que «pospusiera la tramitación de cualquier decisión que hipoteque el futuro del puerto de la Savina para antes informar a los grupos políticos con representación en el plenario» del Consell de sus intenciones.

Altruistas y ecuánimes

En cuanto al contenido del acta de la sesión del 30 de octubre de la Comisión, defiende que sus miembros trabajan «de manera altruista y ecuánime, tratando de mejorar el funcionamiento e imagen del Consell de Formentera».

También recuerdan a Córdoba que algunas de sus declaraciones «vulneran claramente» apartados del Código Ético y que «en ningún caso su posición institucional [como presidente] debe servir para lograr ventajas para sí mismo, no pudiendo usar su cargo para obtener directa o indirectamente mejores condiciones que el resto de ciudadanos».

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La Comisión reconoce que sus conclusiones pueden ser objeto de «discrepancia jurídica, pero no autoriza a trasladar el debate al ámbito personal [en relación a Córdoba] ni ampara declaraciones injuriosas ni la autotutela del propio derecho».

Resalta además que su propósito es «trabajar de manera altruista y ecuánime tratando de mejorar el funcionamiento e imagen del Consell de Formentera».

Los miembros de la Comisión trasladan en el acta de esa sesión que han actuado «en cumplimiento de la función que el Código ético y de buen gobierno le impone con estricto sometimiento a los principios de imparcialidad y neutralidad, prescindiendo de cualquier motivación de índole política y personal».

Y aprovechan para recordar al presidente que «la Comisión es el órgano» al que el Consell «ha encomendado la función de velar por la difusión y seguimiento del Código ético». «La aplicación de Código ético», añaden en referencia al presidente, «no es algo que arbitraria y voluntariamente pueda excluir a ninguno de los sujetos obligados por él».

Aunque se lo aconseje su abogado

En este sentido, le recuerdan a Córdoba que «el ordenamiento jurídico español no ampara la autotutela del propio derecho, por lo que resulta inadmisible» su postura de «impedir que el pleno del Consell de Formentera tome conocimiento de el informe de la Comisión por mucho que (según ha declarado en prensa) ‘se lo aconseje su abogado’».

Por este motivo, insisten en que Córdoba, «no debe utilizar en ningún caso su posición institucional para obtener ventajas», como tampoco «invocar la condición de cargo público ni utilizar en ningún caso la posición institucional o las prerrogativas derivadas del cargo para obtener directa o indirectamente, para sí mismo, unas condiciones mejores que las del resto de la ciudadanía».

Cabe recordar que la Comisión ha denunciado ante la Fiscalía al presidente como presunto autor de un delito de malversación de dinero público al emplear los servicios de un letrado de la institución para un asunto privado

El contenido de estas consideraciones de la Comisión de ética y buen gobierno del Consell de Formentera la han hecho pública todos los partidos con representación en el pleno, tanto Sa Unió, coalición con la que Córdoba, como candidato independiente, accedió a la presidencia tras las elecciones de mayo de 2023, como Gent per Formentera (GxF) y el PSOE, ahora en la oposición.

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