Punto final a la apropiación ilegal de una cala en Ibiza

Aunque haya sido después del verano, y tras las inspecciones de los celadores de Costas tanto de la Administración estatal como de la autonómica, los propietarios de la finca de es Canaret han dado marcha atrás en su intento de apropiarse de la cala. Así, han tenido que rebajar un muro y retirar la valla metálica que impedía el acceso por una zona de dominio público para llegar hasta la cala, además de sustituir los carteles que indicaban, fraudulentamente, que se trataba de un espacio privado.

Tal y como informó este diario, este chalé había vulnerado la Ley de Costas al levantar elementos artificiales que impedían el paso por una zona de dominio público, en la que años atrás habían creado un terraplén ajardinado. Se da la circunstancia de que, décadas atrás, a los pies de esta mansión, y en la misma línea del litoral, se construyó un muro de 117 metros de longitud.

Este muro de protección, construido sin permiso en su momento, quedó legalizado por una orden ministerial del 3 de mayo del año pasado. Esta misma orden legalizaba un grupo de cuatro casetas varadero que quedan a los pies de la mansión y sobre la pequeña cala de es Canaret.

En la misma zona, hay otros cuatro varaderos, pertenecientes a vecinos de Sant Joan, que quedan frente a la isla de es Canaret y que se había quedado como la única zona de baño a la que se podía acceder libremente en esta bahía.

Después de que este diario informara de la vulneración del derecho de acceso a la zona de dominio público en es Canaret, se llevó a cabo una inspección conjunta de los inspectores de Costas del Ministerio de Transición Ecológica y de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear.

Inspecciones

En esa visita, llevada a cabo a finales de julio, se constató que se había levantado el murete con una valla metálica que impedía el paso para llegar a es Canaret. Además, en el tramo de litoral que quedaba apropiado, se había colocado un cartel con el lema «terraza privada» en una de las columnas de una construcción a pie de playa, que está dividida en cuatro dependencias, cada una con una entrada propia. Se da la circunstancia de que esta edificación también fue legalizada por la orden ministerial de mayo del año pasado, donde se la identifica como un grupo de casetas varadero, aunque su diseño y volumen se asemejan más al de pequeños apartamentos que a las construcciones tradicionales.

Hasta hace pocas semanas, había un cartel en que advertía que la cala era una «terraza privada»

Los propietarios del chalé sí que dejaban libre el camino público que llega a otro grupo de cuatro varaderos de vecinos de Sant Joan, con una pequeña plataforma de baño, que se encuentra frente al islote de esta bahía. Años atrás, desde esta zona se podía ir andando hasta la cala apropiada por el chalé, a través de una pequeña pasarela hormigonada sobre la que se levantaba el muro de contención. Sin embargo, la mayor parte de ese suelo fue sido retirado y el pasado verano solo se podía acceder por mar hasta ese tramo de litoral a los pies de la mansión.

Hasta hace pocas semanas, había un cartel en la edificación de esa cala que advertía de que se trataba de una «terraza privada». Ahora, aquel letrero ha sido sustituido por otro que informa de que se trata de «una concesión en dominio público marítimo-terrestre» por orden ministerial. El texto oficial añade que son «instalaciones de uso general y público». Un indicativo idéntico se ha colocado en un tramo del muro de contención.

Origen

La finca de es Canaret fue comprada en los años 60 por un magnate alemán, Siegfried Otto, dedicado a la impresión de billetes de banco con la compañía Giesecke Devrient. La construcción del chalé se encargó al prestigioso arquitecto Germán Rodríguez Arias, uno de los fundadores, junto a Josep Lluís Sert, del Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (Gatcpac).

Otto, y después sus descendientes, han intentado durante todos estos años convertir es Canaret en la playa exclusiva para su finca, ya sea con la instalación de carteles con el lema de «propiedad privada» o cerrando los senderos que llegaban al litoral.

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