Desbloqueada la licitación del contrato del agua de Ibiza de casi 190 millones

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha desestimado el recurso de la compañía Sacyr Agua SLU contra los pliegos de la licitación del nuevo contrato de suministro del agua y saneamiento del municipio de Ibiza y, con ello, se levanta la suspensión del procedimiento. El valor estimado de este contrato, por un periodo de 20 años, se sitúa en casi 190 millones de euros.

La concesión del servicio del agua de Vila, en manos de Aqualia, está prorrogado desde hace 15 años. En 2009 culminó el contrato anterior. Hace 10 años, el Consistorio ya aprobó en el pleno municipal la preparación del nuevo concurso para la gestión del suministro de agua y de la red de alcantarillado, pero de momento, una década después, la licitación, convocada el pasado mes de julio, se encuentra en su estado inicial. El anterior gobierno progresista culminó el pliego de condiciones en marzo del año pasado.

Suspendida de forma cautelar la licitación de la contrata del agua de Ibiza

La resolución del tribunal administrativo señala que se han presentado cuatro ofertas al concurso, pero no la ha hecho el recurrente, Sacyr Agua. Esta compañía alegó que, según el pliego de condiciones, los criterios subjetivos, que suponen el 40% de la valoración, «tienen una influencia mucho mayor de lo que parece» y ello «limita la competencia entre los licitadores», lo cual infringiría los principios generales de contratación previstos en la ley de contratación del sector público.

Entre otras cosas, también advertía, en su recurso, que el estudio de viabilidad partía de presupuestos económicos obsoletos sin tener en cuenta la pandemia del covid, la guerra en Ucrania ni posibles restricciones por sequía. Según el criterio de esta compañía, estas carencias condicionarían que no se pudiera garantizar durante los 20 años de vigencia del contrato el reequilibrio económico del adjudicatario. Por todo ello, Sacyr Agua reclamaba retrotraer las actuaciones y obligar al Ayuntamiento a redactar un nuevo pliego de condiciones y a ampliar el plazo para la presentación de ofertas.

En cambio, el Consistorio respondió ante el tribunal administrativo que sí se había tenido en consideración el efecto económico el covid y la invasión rusa en Ucrania, al tiempo que puntualizó que en Ibiza no hay restricciones por sequía debido a que el 94% del suministro procede de las desaladoras.

Además, en contra de la posición de Sacyr Agua, el Ayuntamiento defendió que las empresas que optan a la concesión tienen «un amplio margen para ofertar incrementos del fondo anual variable de mejora de las infraestructuras, ya sea con una reducción de los gastos generales y el beneficio industrial o la mejora del rendimiento de la red de agua, entre otras cuestiones.

Doctrina del tribunal

En su resolución el tribunal administrativo destaca que, según su doctrina, sólo están legitimados para recurrir los empresarios que hayan optado a la licitación y «excepcionalmente·» los que no lo hayan hecho como consecuencia de que el pliego contemple «condiciones discriminatorias». Es decir, que el pliego le impida presentar una oferta en condiciones de igualdad con el resto.

En este caso, pese a que Sacyr aprecia vicios que pueden restringir la competencia, el tribunal administrativo concluye que «no invoca, en realidad, causa alguna que le impida presentar una propuesta en la licitación impugnada». Así, agrega la resolución, el recurso se fundamenta en «las dificultades que tendría la recurrente, no en presentar una oferta, sino en resultar adjudicataria y en ejecutar el contrato en condiciones más ventajosas que las definidas en el pliego».

De este modo, el tribunal apunta que el recurrente no cuestiona los criterios de solvencia sino los de adjudicación automática porque «entiende que los licitadores van a tener que presentar ofertas muy parecidas». Esto evidencia que Sacyr no es que no pueda optar al concurso sino que su oferta podría ser muy similar a las del resto de competidores y, como este «vicio» afectaría a todos por igual, «no puede existir afectación alguna al principio de igualdad».

Inversiones por 17 millones

La compañía adjudicataria del nuevo contrato de gestión del suministro de agua potable y la red de alcantarillado tiene la obligación de ejecutar una inversión de 17 millones de euros en la mejora del sistema, según especifica el pliego de condiciones. En concreto, tal como ya publicó este diario, la concesionaria deberá acometer 49 actuaciones en un plazo de ocho años, aunque la mayoría deberán estar listas durante los dos primeros. Hay que tener en cuenta que durante los 15 años y acumulados de prórroga del contrato apenas se han acometido inversiones significativas, más allá de los trabajos imprescindibles de mantenimiento del sistema.

Entre otras cuestiones, las obras previstas se centran en la renovación de las canalizaciones de suministro de agua en diversas calles del municipio o la separación de la red de pluviales de la de fecales que aún está pendiente en diversas zonas de la ciudad. Con estas actuaciones se pretende reducir las fugas de la red. En todo caso, el mismo pliego de condiciones advierte de que se considerará «desproporcionada o temeraria» toda propuesta que prevea un rendimiento de la red de abastecimiento de agua superior al 90%. También se prevé la renovación de contadores y la digitalización de todo el sistema, lo que facilitará la detección de consumos excesivos y fugas.

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