Turismo en Ibiza: «No sería un problema que hubiera 20.000 personas menos en la isla cada día»

Parece que todos los actores de la sociedad ibicenca están de acuerdo en la necesidad de luchar contra el alquiler turístico ilegal de pisos, en tanto que parece haber un consenso institucional, empresarial y sindical en que este fenómeno es uno de los grandes culpables de la emergencia habitacional. Disminuye drásticamente la oferta residencial y, además, es economía sumergida y una amenaza para la convivencia. Juan Miguel Costa, director insular de Turismo, apuntó ayer en el X Congreso de Viviendas Vacacionales de Ibiza a algo que, no por mucho que ya conociesen los del público, deja de ser desolador: las nuevas generaciones de ibicencos lo tendrán realmente complicado para comprar una vivienda en su tierra natal. El acto lo organizaba la Asociación de Viviendas Vacaciones (Pimeef).

La periodista Montse Monsalve, que ejercía de moderadora en este foro en varias mesas redondas en el Hotel Torre del Mar, explicó que en Ibiza hay unas 18.500 viviendas con licencia de alquiler turístico, cifra inferior a las 21.000 que en su momento el Consell otorgó y que actualmente no puede crecer porque hay una moratoria. De esas 18.500, el 20% no se están explotando, por diversos motivos.

Menos turistas

La pregunta que formuló alguien del público es: ¿Ibiza está dispuesta a renunciar a esos visitantes que no se alojan en un hotel o en una vivienda vacacional legal? ¿O al menos a buena parte? Y es que algunos podrían realojarse en las plazas legales, que no cuelgan el cartel de completo a pesar de que en los meses centrales del verano registren cifras altas. Respondió Alfonso Rojo, presidente de Pimeef: «Creo que no sería ningún problema dar servicio cada día a 20.000 personas menos en Ibiza». Sería, de hecho, el resultado natural de una lucha contra el intrusismo exitosa.

Rojo defendió su tesis explicando que seguramente se necesitaría menos mano de obra, y que saldrían a la luz más trabajadores para las empresas legales, puesto que dejarían de estar en la economía sumergida. «Grosso modo, no sería problema dar servicio a 20.000 menos si todos trabajamos dentro de la legalidad», reiteró. «Al sector empresarial a veces se nos criminaliza porque parece que continuamente queremos hacer caja y más caja; y a día de hoy no está a gusto con cómo se trabaja: falta personal cualificado», en palabras de Rojo. En una línea similar se pronunció Juan Miguel Costa: «Siempre hablamos de calidad versus cantidad, y esto pasa por el hecho de que el perfil de turista que venga sea consciente de que somos una isla con unos recursos finitos y que hay que buscar un equilibro entre residentes y turistas». Así, si se consigue acabar con la oferta ilegal habrá miles de personas menos: «No sé si 15, 20 o 35 mil personas menos, pero tendremos miles que no vendrán porque no encontrarán alojamiento. Cuando tengamos las plazas hoteleras y de vivienda vacacional llenas, pues no cabrá más gente». Pedro Matutes (CEO Sirenis) lamentó que el intrusismo genera una mala imagen que afecta a la parte legal del sector.

Al margen del instrusismo, la mesa también defendió cuidar el turismo familiar y confirmó que la tendencia es que las estancias son cada vez más cortas. «La facilidad que hay para volar hace que la gente pueda hacer tres o cuatro viajes en vez de uno de 15 días», afirmó Juan Antonio Martínez, managing director de Island Hospitality.

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