El Consell de Ibiza y los ayuntamientos piden 22 millones para luchar contra el intrusismo

El Consell de Ibiza y los ayuntamientos han pedido 22 millones de euros para los próximos tres años procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS); por un lado, para crear unidades municipales de lucha contra el intrusismo que representa el alquiler turístico ilegal, por otro, para que el Consell pueda mejorar sus herramientas, a través de una externalización parcial del departamento «para poder gestionar expedientes»: «Tenemos a mucha gente iniciándolos, pero nos falta gestionarlo después en tiempo y forma. Cada vez hay más denuncias». Así lo dijo ayer el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, en el X Congreso de Viviendas Vacacionales. Los cinco departamentos de los ayuntamientos estarían coordinados desde la dirección insular por Enrique Gómez Bastida, que fue jefe de la Guardia Civil en las Pitiusas, y a quien el Consell ha fichado precisamente para esto.

José Antonio Llano, presidente de AVAT, defiende que hay una oferta vacacional en viviendas unifamiliares «ilegal o alegal» que «debería poder entrar al mercado reglado, pasando a estar controladas y supervisadas, ya que podrían cumplir con los requisitos pertinentes». Calcula que son unas 5.000 las plazas que podrían legalizarse (pero la moratoria lo impide); al mismo tiempo, defiende la lucha contra el alquiler turístico ilegal de pisos.

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