Los propietarios de los Don Pepe exigen a los políticos «celeridad en lo que se pueda»

La entrada de dos de las vecinas del bloque A de los Don Pepe a sus hogares el pasado viernes por la tarde no fue una acción preparada por el equipo de trabajo que forman el abogado de los vecinos, Juan Nadal Aguirre, y la portavoz de los vecinos y miembro de la Comisión de seguimiento para la solución de vivienda de las personas que habitan los Apartamentos Don Pepe, Silvia Hernández: «No fue planeado pero lo considero positivo, en su justa medida, porque muestra cómo están los ánimos de los vecinos en general», apunta la portavoz. «Este cúmulo de emociones es lo que padecen los vecinos desde hace cuatro años, tanto los desalojados como los no desalojados [...] Es una olla a presión que en algún momento hay que destapar, por lo que demandamos celeridad en lo que se pueda», exige Hernández.

Ella y Nadal se encargan de negociar con las administraciones y recuerda la reunión celebrada el 4 de julio de este año, en la que se propuso «valorar un justiprecio para la expropiación» de los Don Pepe. En esa reunión, Nadal «aprovechó para proponer que se legalizasen nuestros edificios», expone Hernández, en referencia a la posibilidad de acogerse a la amnistía urbanística incluida en el decreto de simplificación administrativa aprobado por el Parlament: «Se decidió que cada administración, en la medida de sus competencias, iba a estudiar y a hacer las acciones necesarias para comprobar la viabilidad de esta opción», cuenta Hernández.

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Justiprecio y legalización

Después, se les indicó que «para finales de noviembre estaría el justiprecio, que formaba parte de la primera solución, y también tendríamos respuestas al estudio de la viabilidad de legalización» de las dos estructuras, que están fuera de ordenación.

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Hasta ayer, lo que la portavoz sabía es que se retrasó la licitación de la valoración económica de los inmuebles y la parcela en la que se encuentran los Don Pepe, así como la licitación de la valoración económica de los beneficios ambientales derivados del restablecimiento de los valores ecológicos del terreno, por un fallo en la forma inicial de publicarlos.

«Ocurre que tener información no es algo que nazca de la Administración hacia los vecinos. Es algo que los vecinos han de pedir, cosa que bajo mi punto de vista está mal, porque deberían informarnos de cómo van las cosas», critica Hernández.

En busca de esta información, el equipo de trabajo se reunió el lunes con la consellera balear de presidencia, Antònia Maria Estarellas, que «se comprometió a hablar con el conseller de Vivienda y hablar con el Ayuntamiento».

Además, el pasado miércoles 23, Hernández presentó por instancia en la conselleria balear de Vivienda una solicitud de celebración urgente de una sesión de la comisión para recibir información «en relación a las dos soluciones propuestas en la última sesión y ser informados sobre el estudio de viabilidad de la legalización y rehabilitación de las viviendas», como consta en el documento.

La intención de Hernández era enviar una copia de esa instancia a cada miembro de la comisión y a los vecinos este fin de semana, pero los acontecimientos se le adelantaron: «A raíz de este tema, el alcalde se comprometió con las vecinas a pedir el lunes, de manera urgente, la convocatoria de una comisión y me parece muy bien», apunta la portavoz, que espera recibir información de manera «más rápida y asidua».

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