El gran agujero negro de los certificados de residente

No es plato de gusto explicarle a un pasajero, ya sea en la misma puerta de embarque del aeropuerto o dentro de los barcos, donde se pueden adquirir los billetes, que no pueden viajar porque el certificado de residente que presentan para acceder al descuento (50% aportado por el Estado y 25%, por el Govern) es falso. Es una escena que se repite prácticamente a diario tanto en el puerto de Ibiza como en la terminal de es Codolar. Y que representa un evidente fraude que pagan todos los ciudadanos.

Personal de aerolíneas y navieras confirman que ese mal trago lo afrontan con resignación porque al final quien intenta viajar por la cara es consciente de su intento de engañar al Estado. Pero también matizan que ese control no es absoluto porque no se aplica en todos los casos, ya sea porque el resto del personal de las compañías de transporte no está por la labor de perder tanto tiempo, o porque comprobar la validez de un residente es complicado, sobre todo por la Ley de protección de datos.

Sea como fuere, este intento de fraude existe. Y este periódico fue testigo directo de cómo el empleado de una naviera echaba para atrás el intento de compra de un billete por parte de un joven que presentó un certificado «evidentemente amañado».

Las mismas fuentes destacan la «facilidad» con la que se falsifican estos documentos y que no todos los que se presentan son de municipios de Ibiza. «Los hay de todas partes de Balears, presentan documentos de pueblos de Mallorca o Menorca que no sabías ni que existían», apuntan.

El Ministerio: balones fuera

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, preguntado sobre si tienen constancia de estas irregularidades en el uso de los certificados de residencia y de si tienen un registro del número de incidentes de este tipo, se limitaron a recordar la normativa y el procedimiento que tienen implementado para intentar localizarlos y anularlos.

«En el caso de pasajeros residentes que tienen que acreditarse documentalmente en el embarque, ya que no han podido ser validados automáticamente en el momento de la compra del billete, si la compañía aérea o marítima detecta alguna incidencia, le deniega el embarque con billete subvencionado y la compañía tiene la obligación de registrar dichas incidencias en la dirección general de Aviación Civil o a la dirección general de la Marina Mercante». Este último organismo es responsabilidad del Ministerio, que podría haber preguntado cuántas denuncias ha recibido.

Además, desde el Ministerio añaden: «En el transporte aéreo, se reciben mensualmente las incidencias de denegación de embarque registradas en cada aeropuerto y, en concreto, del aeropuerto de Ibiza, por los motivos tipificados en la normativa. De estas actas, cuando se tiene constancia de la presentación de alguna documentación que se puede considerar falsa, se procede a hacer las comprobaciones pertinentes antes de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. En el supuesto de que se detecte con pruebas una posible manipulación de certificados se pone en conocimiento de la Fiscalía».

En cuanto al transporte marítimo, señalan que «se ha reforzado el control de los certificados impresos, procediendo a comprobar su veracidad con el ayuntamiento emisor. Si se detecta algún caso de posible fraude, se dan instrucciones a la Capitanía Marítima correspondiente para que presente la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil».

Por último, aseguran que las aerolíneas y las navieras, «colaboran con la Administración para la correcta aplicación de las subvenciones, aportando cuanta documentación se requiera por parte de la Administración».

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Pero lo cierto es que los intentos de estafa y la cantidad de viajeros que pueden deducirse del coste del billete por las ayudas del Estado y del Govern siguen produciéndose e, incluso, van a más, apuntan las mismas fuentes.

Desde los ayuntamientos ibicencos, cuyos documentos son los que al final se falsifican, la mayor parte aseguran no tener constancia de esta incidencia. No así el de Sant Antoni, desde donde aseguran que no han detectado ninguna falsificación, aunque sí añaden que les ha llegado «que se han detectado en aeropuertos y puertos».

El equipo de gobierno de Santa Eulària apunta que recibe «consultas por parte del Ministerio de Fomento» y les «confirman que esa persona» que presenta un documento «es residente o no». «A partir de ahí, el Ministerio debe seguir el protocolo que tenga que seguir».

Desde los consistorios de Vila y Sant Josep se limitaron a indicar que «no tienen constancia» de este fraude a las arcas públicas.

Los profesionales consultados por este diario advierten de que «cuando la salida es de otro aeropuerto, es más complicado que se detecten y notifiquen» los certificados fraudulentos. Y apuntan una solución al problema: un portal de verificación de toda Balears.

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