El Consell de Ibiza exige a Airbnb que retire 269 alquileres ilegales

El Consell de Ibiza ha enviado una resolución a la plataforma Airbnb para informarle de que contiene 269 ofertas de alquiler turístico «claramente ilegales» e instándole a que «proceda a su retirada». De esta manera, el Consell hace uso del ‘Reglamento UE 2022/2065 relativo a un mercado único de servicios digitales’, una nueva herramienta que permite que, si así lo requiere la Administración, plataformas como Airbnb retiren sus anuncios sin que haya sentencia judicial.

«Son anuncios ilegales, lo tenemos muy claro porque se trata de tipis, de tiendas de campaña o porque se ve claramente que se están alquilando pisos. Si se alquilaran casas, podrían ser legales, pero en estos 269 casos se ve manifiestamente que es ilegal», explica Mariano Juan, conseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, y que es quien firma esta resolución.

Esta decisión la ha tomado el Consell de Ibiza por su cuenta y sin esperar las directrices de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es el organismo escogido por el Gobierno español para hacer cumplir la nueva legislación europea de servicios digitales. El motivo de esta actuación es que, hasta ahora, la CNMC ignorado las propuestas de colaboración del Consell, pese a las reiteradas peticiones de la administración insular.

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Una CNMC desparecida

El texto del reglamento de la Unión Europea sobre servicios digitales -y que engloba plataformas como Booking o Airbnb, entre otras- establece que cada Estado debe designar un organismo público que se debe encargar de la supervisión de la actividad de estas plataformas y de velar por el cumplimiento de las nuevas normas. En el caso de España, el Gobierno decidió que la Coordinación de Servicios Digitales correspondía a la CNMC.

Cuando se hizo pública esta designación, el Consell inmediatamente escribió una carta a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, para proponer una reunión para coordinarse y «establecer un canal de colaboración efectivo» y «discutir líneas de acción».

«Pedimos una reunión y no recibimos respuesta», explica Mariano Juan, quien añade que con posterioridad «recibimos un correo electrónico en el que nos dijeron que hasta el Gobierno no le dé a la CNMC las atribuciones y los poderes para ejercer esta competencia, no nos podemos reunir».

Han pasado siete meses, y finalmente el Consell ha decidido no esperar al organismo estatal: «Nos hemos hartado de esperar y hemos decidido activar la aplicación del Reglamento Europeo. Es una vergüenza que no nos hayan querido atender», explica el conseller de Lucha contra el Intrusismo y vicepresidente primero del Consell.

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No es al único a quien se le ha acabado la paciencia, ya que el pasado 26 de julio la Comisión Europea abrió un expediente a España porque el Gobierno todavía no había dado poderes a la CNMC para aplicar esta ley europea de servicios digitales. Según informó en su momento Europa Press, Bruselas dio un plazo de dos meses a las autoridades nacionales para abordar las deficiencias detectadas y comunicar las medidas que tomará para corregirlas.

«Entiendo que son medidas complicadas de aplicar, pero que al menos nos reciban, que nos digan cual es el timing, cómo evoluciona la cosa, ¡que nos digan algo!», reclama un exasperado Mariano Juan, «ya no es que pidamos al Gobierno que nos ayude, sino sencillamente que cumpla con la ley».

La aplicación de esta nueva normativa europea es de vital importancia para el Consell, ya que le permite estrechar el cerco sobre los anuncios de alquiler turístico ilegal que abundan en las plataformas comercializadoras.

Nuevas herramientas

Si hasta ahora la legislación era bastante laxa ya que instaba a las empresas a «colaborar con las administraciones públicas» pero sin entrar en más detalles, el Reglamento UE 2022/2065 se pone bastante más serio. Así, en la resolución que el Consell envía a Airbnb, invoca los artículos 6, 9 y 16 del nuevo texto legal, en el que leemos lo siguiente: «En cuanto tenga conocimiento o sea consciente de ello, el prestador de servicios debe actuar con prontitud para retirar el contenido ilícito o bloquear el acceso a este» (artículo 6); y además, la plataforma digital deberá actuar «sin dilación indebida, en tiempo oportuno y de manera diligente» (artículo 16).

«El nuevo reglamento concreta muchísimo más sus obligaciones y nos pone las cosas más fáciles», valoró Juan cuando se conoció el reglamento. Ahora, tras el movimiento del Consell de comunicar la presencia de 269 anuncios ilegales, es a Airbnb quien le toca mover ficha y hacer cumplir la resolución.

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