El Consell de Ibiza defiende en el juzgado la prohibición del alquiler de pisos turísticos

El Consell de Ibiza mantiene su intención de impedir la autorización de estancias turísticas en bloques de pisos y apartamentos (edificios de plurifamiliares) a pesar de la presión que ejerce en los juzgados la Asociación de Apartamentos Turísticos (Apartur) de Ibiza y Formentera y la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Ibiza. La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, también ha adelantado recientemente su intención de que en el decreto de medidas contra la «congestión turística», previsto para febrero, se prohíba expresamente en todas las islas la autorización de pisos turísticos.

A principios de 2022, las dos asociaciones apuntadas, de las que se desconoce a quién representan en la isla, presentaron a través del bufete de abogados de la familia del actual vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Vox en esta comunidad autónoma, Juan García-Gallardo, una demanda, aún no resuelta, contra el Consell de Ibiza por su «inactividad» en la aprobación de la zonificación de las áreas de la isla aptas para explotar el alquiler vacacional. Esta «pasividad», «buscada a propósito», agrega la demanda, tiene «el objetivo claro de prohibir de facto» el alquiler turístico de pisos, lo que causa «un grave perjuicio» a los intereses de ambos colectivos y atenta contra «la libertad de empresa».

Plazo de un año incumplido

Los demandantes sostienen que el Consell tenía un año de plazo, desde la aprobación de la reforma de la ley turística, en 2017, para delimitar las zonas aptas para explotar el alquiler vacacional a través de una modificación del Plan Territorial Insular (PTI) o la aprobación del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT). También podía hacerlo provisionalmente, al margen de dichos instrumentos de planificación.

Hace algo más de dos años, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ya denegó la medida cautelar solicitada por ambas asociaciones, a través de una pieza separada de la demanda, para que se suspendiera la tramitación de los expedientes sancionadores abiertos por el Consell por el alquiler turístico ilegal en pisos.

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Precisamente, en el escrito de respuesta de la demanda, los servicios jurídicos de la institución insular apuntaban que «el único fin» del contencioso administrativo era el de «tratar de paralizar procedimientos sancionadores contra miembros de la propia junta directiva de la asociación. «El interés de las asociaciones demandantes no es otro que tratar de eludir la responsabilidad de sus asociados o de la propia presidenta de la asociación, dadas las reiteradas infracciones, por su parte, de la normativa turística», señalaba.

En el escrito remitido a los juzgados, el Consell Insular alega que las asociaciones demandantes «no son representativas del sector de las viviendas turísticas vacacionales» de Ibiza y no se le conoce ninguna otra actividad asociativa salvo la interposición de la demanda. Así, además de defender que ambas asociaciones carecen de legitimidad para presentar el contencioso administrativo, la institución subraya que la zonificación reclamada es «una actuación potestativa» de la Administración, por lo cual, alega, «no procede determinar su inactividad».

También sostiene que, antes de la interposición del contencioso, el Consell contactó con Apartur para que le remitiera una propuesta, no vinculante, sobre la zonificación, pero no obtuvo ninguna respuesta. Además, apuntaba que ha se había iniciado la tramitación del PIAT. De hecho, el pasado mes de abril el Consell anunció la adjudicación de la redacción del PIAT a Exquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L. por un coste de casi 378.000 euros.

Fase de participación del PIAT

El proceso se encuentra actualmente en fase de participación con recogida de encuestas a asociaciones relacionadas con el sector. El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, explica que con este PIAT se va a acometer la reclamada zonificación, pero adelanta que se mantendrá la prohibición actual sobre los pisos turísticos. De todos modos, tras el anuncio de la presidenta del Govern sobre la prohibición, en febrero, de la autorización de más pisos turísticos en las islas, puede que «ya no tenga sentido» ni tan solo zonificar, según explica el vicepresidente.

En el caso de las viviendas unifamiliares, sí se delimitarían zonas aptas para su explotación turística (la concesión de nuevas autorizaciones), pero «con condiciones», como que sea sólo en casas payesas anteriores a 1956, según Juan.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Ibiza y Formentera, José Antonio Llano, que no ha mantenido ningún contacto con las asociaciones demandantes, también defiende que se impida el alquiler turístico en pisos. Expone que las villas turísticas que ofertan sus asociados son viviendas muy grandes que no se destinan al mercado residencial y, por tanto, «no lo distorsionan». «Su salida es el alquiler turístico reglado y controlado», indica, y agrega: «Con el problema de vivienda actual, nadie en su sano juicio puede defender el alquiler de pisos turísticos. Eso no quiere decir que todo el problema sea por culpa de esto, pero es una parte importante».

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